(22 de agosto del 2025. El Venezolano).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que reconocerán oficialmente al Clan del Golfo, al Estado Mayor Central (EMC) y a la Segunda Marquetalia —dos facciones disidentes de las antiguas FARC— como organizaciones terroristas, al responsabilizarlos de una escalada de violencia en el país.
“Tras las investigaciones realizadas, hemos concluido que el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, conocidas como EMC, conforman la llamada ‘junta del narcotráfico’ y deben ser tratadas como organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del mundo, incluida Bogotá”, expresó Petro durante un acto público de entrega de tierras en Valledupar, reseñó EFE
El mandatario subrayó que estas estructuras armadas están directamente vinculadas al narcotráfico y a actos que buscan “infundir miedo” en la población civil, lo que diferencia sus acciones de los enfrentamientos armados entre grupos irregulares.
La declaración de Petro se dio luego de los atentados ocurridos este jueves en Cali y en Amalfi (Antioquia). En la capital del Valle del Cauca, un ataque con carro bomba cerca de la Escuela Militar de Aviación dejó cinco civiles muertos y 36 heridos, mientras que en Antioquia un helicóptero policial fue derribado durante una operación contra cultivos de coca, con saldo de ocho uniformados muertos y ocho más heridos.
“Lo sucedido en Cali es un acto de terrorismo que busca irradiar pánico en la población civil. Es la segunda vez que ocurre durante mi Gobierno. Estos hechos son también crímenes de guerra que deberán ser investigados por la Corte Penal Internacional”, afirmó el mandatario, quien pidió un minuto de silencio por las víctimas.
Petro insistió en que el Clan del Golfo y las facciones disidentes de las FARC conforman una red criminal que él denomina “junta del narcotráfico”. Asimismo, adelantó que pedirá a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado iniciar procesos judiciales contra los dirigentes de estas organizaciones.
Con esta decisión, el Gobierno colombiano busca endurecer la persecución legal y militar contra los grupos armados responsables de una creciente ola de violencia en varias regiones del país.
