(28 de mayo del 2024. El Venezolano).- El gobierno de Nicolás Maduro ha revocado la invitación a la Unión Europea (UE) para enviar una misión de observación electoral a los comicios presidenciales que se celebrarán el próximo 28 de julio. Esta acción constituye una violación al Acuerdo de Barbados, en el cual el Gobierno venezolano se comprometió a organizar elecciones libres y justas.
El Acuerdo de Barbados, firmado en octubre de 2023 entre el Gobierno de Venezuela y la opositora Plataforma Unitaria Democrática, establece la inclusión de observación internacional por parte de misiones técnicas de la UE y la ONU, entre otros organismos, como una garantía electoral para las elecciones presidenciales. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al oficialismo, ha decidido revocar la invitación a la UE.
«Por las razones expuestas, se ratifica la decisión soberana del CNE de revocar y dejar sin efecto la invitación que se extendió a la UE para que participara de una misión de veeduría electoral pues sería inmoral permitir su participación conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionistas contra Venezuela», afirmó Elvis Amoroso, presidente del CNE.
La decisión del CNE llega en medio de crecientes tensiones entre Venezuela y la UE. El pasado 20 de mayo, después de que la UE levantara medidas restrictivas únicamente a Elvis Amoroso y otras tres personas, Diosdado Cabello, diputado y «número dos» del chavismo, calificó al bloque comunitario como una «mafia» sin moral para imponer sanciones. Cabello recordó que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, había solicitado retirar la invitación a la UE debido a las sanciones mantenidas contra funcionarios venezolanos.
«La UE pretende tutelar al Estado venezolano con su política de sanciones», declaró Cabello, argumentando que estas medidas solo afectan a una lista limitada de personas del ámbito político, sin impacto directo en la economía de empresas estatales o en la ciudadanía.
La Unión Europea había preparado una misión con 100 observadores para fiscalizar las elecciones en Venezuela y había enviado en abril una «pequeña misión exploratoria» para evaluar las condiciones de las presidenciales. Este grupo se reunió con la directiva del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y con miembros del CNE para valorar el envío de una misión completa, basada en la invitación de las autoridades venezolanas.
Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, informó que la decisión sobre el envío de una misión electoral a Venezuela sería comunicada «a su debido tiempo».
La elección del 28 de julio es significativa, ya que es la primera en una década en la que la oposición, que no participó en los comicios de 2018, competirá en una contienda presidencial. Nicolás Maduro, que busca su tercer mandato, llegó a un acuerdo con la oposición el año pasado para celebrar elecciones, lo que llevó a Estados Unidos en octubre a aliviar temporalmente las sanciones petroleras a Venezuela. Sin embargo, en abril, Washington volvió a imponer sanciones a la industria petrolera venezolana, argumentando que el gobierno no había hecho lo suficiente para garantizar un proceso electoral justo.
La decisión de revocar la invitación a la UE ha suscitado críticas internas. Henry Ramos Allup, destacado líder opositor, recomendó a Nicolás Maduro «prepararse para perder» en los próximos comicios. Además, la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó la solicitud del presidente Jorge Rodríguez para pedir al CNE que retirara la invitación a la UE.
La revocación de la invitación a la UE para observar las elecciones presidenciales en Venezuela ha profundizado las divisiones entre el gobierno de Maduro y la comunidad internacional, complicando aún más el ya tenso panorama político del país sudamericano. Mientras tanto, la oposición y actores internacionales continúan presionando por un proceso electoral transparente y justo.
