(02 de octubre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los cárteles de droga que operan en el Caribe serán tratados como combatientes ilegales, en el marco de un “conflicto armado no internacional” (NIAC), según un memorando oficial divulgado este jueves por The Associated Press.
La decisión, comunicada al Congreso por representantes del Pentágono, marca un cambio significativo en el enfoque legal y operativo de la lucha antidrogas, al permitir el uso de estrategias militares bajo el amparo del Derecho Internacional Humanitario, indica nota de Infobae.
Escalada militar en el Caribe
La declaración responde a una serie de ataques militares estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en el Caribe, al menos dos de ellas provenientes de Venezuela. Según cifras del Pentágono, los cuatro operativos realizados hasta la fecha han dejado un saldo de 17 personas fallecidas, todas identificadas como presuntos narcotraficantes.
Como parte del despliegue, Estados Unidos ha movilizado ocho destructores navales, miles de marines y una decena de cazas F-35 en Puerto Rico. “Es fabuloso lo que puede hacer la fuerza”, expresó Trump durante una reunión con altos mandos militares.
Reacciones políticas y cuestionamientos legales
La medida ha generado inquietud en el Congreso estadounidense, donde legisladores de ambos partidos han cuestionado la falta de autorización formal bajo la Ley de Poderes de Guerra. Persisten dudas sobre la existencia de una lista oficial de organizaciones terroristas vinculadas al conflicto, lo que ha provocado frustración entre representantes informados por el Pentágono.
Los demócratas han instado al presidente a solicitar facultades de guerra de manera formal, mientras que voces republicanas también han expresado preocupación por la conducción de lo que algunos califican como una “guerra secreta”.
Implicaciones regionales
La nueva postura estadounidense podría generar tensiones diplomáticas con países del Caribe y América Latina, especialmente aquellos señalados como origen de las embarcaciones intervenidas. El cambio de marco legal abre la puerta a operaciones militares más agresivas, alejándose de los tradicionales operativos de interdicción liderados por la Guardia Costera en coordinación con fuerzas regionales.