(06 de junio del 2025. El Venezolano).- Venezuela, otrora un país de instituciones vibrantes y esperanzas democráticas, se encuentra hoy sumida en la trágica condición de un Estado fallido. Esta realidad no es un accidente histórico, sino el resultado de un patrón deliberado de conducta por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, que ha hecho de la violación sistemática de la Constitución, las leyes, los reglamentos, los códigos y los acuerdos internacionales su modus operandi. La Carta Magna, que debería ser el pilar de la convivencia nacional, es en la práctica una constitución inexistente, pisoteada por un régimen que no reconoce límites ni principios.
La dictadura de Maduro, heredera directa de las políticas de Hugo Chávez, ha pulverizado la separación de poderes, un pilar fundamental de cualquier democracia. El Poder Judicial, en lugar de ser un árbitro imparcial, se ha convertido en un instrumento de persecución política, judicializando a la oposición y criminalizando la disidencia. Los venezolanos que alzan la voz contra la opresión enfrentan no solo la represión física, sino también un sistema judicial que actúa como brazo ejecutor de la tiranía. Esta aberración no es nueva: es la continuación de un proyecto autoritario que Chávez instauró y que Maduro ha perfeccionado con descaro.
Recordemos que en 1999 se impone una nueva Constitución. Chávez impulsó una Asamblea Nacional Constituyente que redactó y aprobó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada el 15 de diciembre de 1999 mediante referendo. Esto no se considera una «reforma» propiamente dicha, sino la creación de una nueva Carta Magna que reemplazó a la de 1961. Seguidamente, en 2007 Chávez reincide en sus andanzas reformistas y propuso una reforma de 69 artículos para introducir cambios como la reelección indefinida, la institucionalización del poder comunal y medidas hacia un Estado socialista. Fue sometida a referendo el 2 de diciembre de 2007, pero fue rechazada por el 50.65% de los votos. Por lo tanto, no se ejecutó. Pero Chávez con su postura caudillezca retoma su fallido despropósito y en 2009 propuso una enmienda (modificación puntual, no una reforma integral) para eliminar los límites a la reelección de cargos públicos, incluyendo la presidencia. Fue aprobada en referendo el 15 de febrero de 2009 con el 54% de los votos, permitiendo la reelección indefinida. Esta es la única reforma constitucional efectiva ejecutada bajo Chávez
Por su parte, Nicolás Maduro, violentando todos los procedimientos que estaba obligado a observar, convocó una Asamblea Nacional Constituyente que operó entre 2017 y 2020, con el objetivo de «pacificar» el país y potencialmente reformar la Constitución. Sin embargo, esta asamblea no modificó la Constitución de 1999, sino que se centró en emitir leyes constitucionales y asumir funciones legislativas mediante fórmulas absolutamente arbitrarias, mecanismos que fueron criticados por la oposición ya que solo apuntaban a consolidar el poder usurpado. Tampoco se ejecutó ninguna reforma constitucional.
Maduro propuso una reforma de aproximadamente 80 artículos, presentada el 15 de febrero de 2025, que incluye la incorporación del poder comunal y penas severas contra «amenazas» al “gobierno”. Está en fase de discusión por una comisión liderada por Tarek William Saab, con un plazo de 90 días para elaborar un proyecto definitivo que debe ser aprobado por referendo. Hasta mayo de 2025, esta reforma no ha sido ejecutada.
El reciente anuncio de Maduro sobre una supuesta reforma constitucional no debería sorprender a nadie. Es la misma pócima de arbitrariedad que Chávez aplicó en su momento y que ahora Maduro repite con descarnada continuidad. Las reformas constitucionales en Venezuela no buscan fortalecer el estado de derecho, sino legalizar la tiranía, consolidando el control absoluto del régimen sobre todos los aspectos de la vida nacional. Ya son varias las reformas que han desfigurado el espíritu de la Constitución de 1999, una ley que, irónicamente, Chávez y Maduro promovieron como padres políticos, pero que hoy violan de manera incestuosa, traicionando su propio legado.
Frente a esta afrenta, los venezolanos no podemos permanecer pasivos. La lucha por la libertad nos convoca a rebelarnos contra este proceso ilegal, haciendo uso de todos los recursos que nos asisten, tanto dentro como fuera del país. Es imperativo desmontar el entramado dictatorial que sostiene a Maduro, comenzando por hacer valer el mandato popular expresado en las elecciones del 28 de julio. Ese resultado electoral, que reflejó la voluntad inequívoca del pueblo venezolano, es una meta irremplazable en nuestra marcha para recuperar nuestra democracia.
No basta con denunciar; debemos actuar. La comunidad internacional debe redoblar su apoyo a la causa venezolana, exigiendo el respeto a los derechos humanos y la restauración del orden constitucional. Dentro de Venezuela, la resistencia debe organizarse, unirse y persistir, utilizando la desobediencia civil pacífica y los mecanismos legales disponibles para desafiar la tiranía. La Constitución, aunque hoy inexistente en la práctica, sigue siendo el símbolo de lo que podemos y debemos recuperar: un país donde la ley sea el escudo de los ciudadanos, no la espada de los opresores.
La lucha no será fácil, pero la historia nos enseña que las dictaduras no son eternas. Chávez y Maduro han profanado la Constitución que juraron defender, pero los venezolanos tenemos el deber de rescatarla. Debemos persistir, alzando la voz, afinar y reajustar nuestra organización y de actuar con determinación. Porque en Venezuela, la verdadera reforma no vendrá de los tiranos, sino de un pueblo que se niega a seguir viviendo bajo el yugo de una constitución inexistente.
