(17 de febrero del 2025. El Venezolano).- Esta semana, Donald Trump dio motivos de esperanza a funcionarios corruptos, ejecutivos dudosos y fabricantes de sobres en todo el mundo. El lunes, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para detener la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), una ley que prohíbe a las empresas y personas con vínculos con EE.UU. pagar sobornos para ganar negocios. La Casa Blanca afirma que la medida crea un “campo de juego nivelado” para las empresas estadounidenses que compiten en el extranjero.
Hacer negocios en el extranjero puede ser una pesadilla. El idioma, las regulaciones y los riesgos legales pueden volverse más inciertos y costosos. Pero para muchas autoridades e intermediarios corruptos, siempre habrá oportunidades para llenar sus bolsillos, y no estarán muy lejos. Pero al ampliar el alcance de las leyes anticorrupción de EE.UU. a nivel internacional —e incentivar a otras naciones a adoptar normas similares—, la FCPA al menos ha mantenido bajo control la corrupción a nivel mundial, destaca nota de Cuentas Claras Digital.
En la última década, la aplicación de esta ley por parte del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. ha resultado en sanciones que suman 24.000 millones de dólares en cientos de casos, según la base de datos del FCPA Clearinghouse, de la Facultad de Derecho de Stanford. El coste de no hacer cumplir la ley podría ser sustancial: el total de multas ya ha superado los 1.800 millones de dólares solo en sobornos. China, Brasil e India están entre los países con mayor número de casos.
Investigaciones recientes de alto perfil han llevado la aplicación de la FCPA al centro de atención. En octubre, el contratista de defensa estadounidense RTX accedió a pagar más de 950 millones de dólares por reclamaciones derivadas de un soborno a un funcionario kuwaití para obtener contratos. En noviembre, ejecutivos de la industria eléctrica de EE.UU. fueron acusados de conspirar para sobornar a un funcionario, en un caso que supuestamente involucra a uno de los hombres más ricos de Asia, Gautam Adani, acusado de conspirar para violar la ley. El grupo de Adani niega las acusaciones. La suspensión de seis meses podría otorgarles una oportunidad, como también a otros casos pendientes.
Más del 40% de los acusados en investigaciones recientes provienen del extranjero. De hecho, algunas de las mayores multas han sido pagadas por empresas extranjeras. El campeón aeroespacial europeo Airbus accedió a pagar cerca de 3.600 millones de dólares en 2020 después de que una investigación descubriera que había puesto en uso una red de intermediarios para sobornar a funcionarios de diferentes países. Estas acciones protegen a las empresas honestas de las presiones de las autoridades extranjeras y eliminan barreras injustas para los rivales. Pero eliminar estas medidas podría significar el regreso de la “diplomacia de sobres”. Las empresas estadounidenses no solo correrían el riesgo de quedarse fuera de los contratos internacionales, sino que además podrían enfrentarse a un escenario legal más incierto en sus propios países.
Por ahora, la FCPA sigue vigente en el marco legal estadounidense. Pero si Trump llegara a debilitar su aplicación, debería tener cuidado con lo que desea. Puede que quiera un mundo donde las empresas estadounidenses puedan imponer su fuerza. Pero, en su lugar, los negocios internacionales podrían volverse más parecidos al salvaje oeste. Y eso no beneficia a nadie.
Corrupción en Venezuela: Casos clave bajo la FCPA
Algunos de los mayores casos de corrupción de Venezuela han sido procesados en EEUU debido a que violaron las disposiciones de la FCPA, abarcando desde sobornos para obtener contratos hasta esquemas de lavado de dinero y corrupción en el sector público.
A continuación, se presentan algunos de los casos destacados relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) que involucran al régimen, empresas o personas de Venezuela:
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) (2015-2017): Desde 2015, una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre corrupción en PDVSA resultó en 12 declaraciones de culpabilidad relacionadas con un esquema de sobornos entre PDVSA y sus contratistas. Los implicados aseguraban un trato favorable para los proveedores a cambio de comisiones ilegales.
Alejandro Andrade (2018): El ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, se declaró culpable en 2017 de recibir más de mil millones de dólares en sobornos de empresarios, incluyendo a Raúl Gorrín, a cambio de adjudicar transacciones de cambio de divisas. En 2019, fue sentenciado a diez años de prisión por delitos de lavado de dinero.
Odebrecht en Venezuela (2017): Según el Departamento de Justicia de EE.UU., entre 2006 y 2015, Odebrecht pagó aproximadamente 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos de obras públicas. Muchas de estas obras quedaron inconclusas o fueron abandonadas.
Derwick Associates (2014): La empresa venezolana fue objeto de investigaciones preliminares por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. y fiscales de Manhattan debido a acusaciones de sobornos y posibles infracciones bancarias relacionadas con contratos de infraestructura energética en Venezuela.
CITGO Petroleum (2024): Una corte de EE.UU. otorgó a CITGO Petroleum, una refinadora de petróleo propiedad de Venezuela, más de 340 millones de dólares en daños e intereses en un caso de sobornos. Se encontró culpable a Petroleum Logistics Service (PLS) y a su fundador, José Manuel González Testino, de fraude y violaciones civiles de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).
Telefónica Venezolana (2024): La filial venezolana de Telefónica acordó pagar más de 85 millones de dólares para resolver una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre sobornos a funcionarios del gobierno venezolano en 2014. Estos sobornos se realizaron para obtener acceso preferencial a dólares estadounidenses en una subasta de divisas.
Siemens S.A. – Venezuela (2008): Siemens Venezuela se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno y de libros y registros de la FCPA. La empresa acordó pagar una multa de 500,000 dólares como parte de un acuerdo global de 450 millones de dólares relacionado con prácticas corruptas en varios países.
El 10 de febrero de 2025, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que suspende temporalmente la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) durante un período inicial de 180 días. Esta medida tiene como objetivo revisar y modificar las directrices de aplicación de la FCPA para alinearlas con los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos. 
Implicaciones para los casos en progreso
• Suspensión de nuevas investigaciones: Durante este período de revisión, el Departamento de Justicia ha sido instruido para detener la iniciación de nuevas investigaciones o acciones de cumplimiento bajo la FCPA, salvo excepciones determinadas por la Fiscal General.
• Revisión de casos existentes: Las investigaciones y acciones en curso serán evaluadas en detalle para determinar su continuidad o modificación, con el fin de “restaurar los límites adecuados en la aplicación de la FCPA y preservar las prerrogativas de la política exterior presidencial”.Implicaciones para los casos ya cerrados
• Mantenimiento de sanciones previas: La orden ejecutiva no aborda explícitamente la anulación de sanciones impuestas en casos ya resueltos. Por lo tanto, es probable que las multas y acuerdos previamente establecidos permanezcan vigentes.
• Posibles revisiones: Dependiendo de los resultados de la revisión de la FCPA, podría considerarse la reevaluación de casos pasados, aunque esto no ha sido especificado en la orden actual.Reacciones y perspectivas
La suspensión ha generado críticas por parte de organizaciones anticorrupción y expertos legales, quienes advierten que esta acción podría socavar los esfuerzos globales contra la corrupción y afectar negativamente la reputación internacional de Estados Unidos. 
En resumen, la suspensión temporal de la FCPA implica una pausa en nuevas investigaciones y una revisión de casos en curso, con el objetivo de ajustar la aplicación de la ley a las prioridades económicas y de seguridad nacional de la administración actual.
