(12 de junio de 2019. El Venezolano).- Una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destacada en Managua, Nicaragua, desde el lunes conoció sobre la liberación de los periodistas nicaragüenses Miguel Mora, Lucía Pineda y Marlon Powell Sánchez, al amparo de una «ley de amnistía» promovida por el gobierno del presidente Daniel Ortega.
La misión de la SIP, encabezada por su presidenta, María Elvira Domínguez, saludó esta liberación, pero declaró, en el cuerpo de conclusiones de la visita, no encontrar ningún indicio de que el régimen orteguista haya mejorado en grado alguno su respeto por las libertades de prensa y expresión.
Esta es la tercera delegación en nueve meses que la SIP integra para enfrentar el acoso que sufre el ejercicio de estas libertades en Nicaragua. En agosto de 2018 se destacó en esta ciudad, y en marzo de este año en Washington, D.C., para reunirse con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA); funcionarios y legisladores estadounidenses, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el relator especial para la Libertad de Expresión, así como líderes de la prensa y de organismos cívicos.
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En esta nueva misión en Managua, la SIP mantuvo encuentros con periodistas, directivos de medios y agrupaciones gremiales; integrantes de la Alianza Cívica; representantes de organizaciones multilaterales; miembros del cuerpo diplomático latinoamericano y europeo; jerarcas eclesiásticos y con los periodistas liberados, Miguel Mora y Lucía Pineda. Los diálogos sostenidos permitieron enriquecer puntos de vista, encontrar coincidencias y garantizar una solidaridad inquebrantable en favor de la libertad y la democracia en Nicaragua.
Además de la presidenta Domínguez (directora de El País, Cali, Colombia), forman parte de la delegación Christopher Barnes, primer vicepresidente de la SIP (director general The Gleaner, Kingston, Jamaica); Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información (director de La Silla Rota, Ciudad de México), México; José Roberto Dutriz, presidente del Comité Ejecutivo, (presidente y director del Grupo La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador); Michael Greenspon (director de Servicios Sindicados e Innovación de Productos Impresos, The New York Times, Nueva York, Estados Unidos); Gabriela Vivanco, presidenta de la Comisión de Socios (La Hora, Quito, Ecuador); María Eugenia Mohme, presidenta de la Comisión de Auditoría (miembro del directorio de La República, Lima, Perú) y Ricardo Trotti, director ejecutivo.
La misión de la SIP ha definido un cuerpo de conclusiones iniciales, que integrará en un informe más exhaustivo ante su Asamblea y Comité Ejecutivo.
A continuación las conclusiones íntegras de la SIP:
1.- Expresamos nuestra alarma por el persistente deterioro de las libertades de expresión y de prensa en Nicaragua tal como lo venimos registrando desde 2007, situación que se agravó a partir de la crisis política y social desatada en abril de 2018.
2.- Saludamos la liberación de los periodistas Miguel Mora, Lucía Pineda y Marlon Powell Sánchez, conforme a una «ley de amnistía» que ha despertado más dudas que certidumbres en la comunidad internacional sobre la vigencia de un estado de derecho en Nicaragua. Esta liberación, sin embargo, es un éxito de la movilización cívica, que desde aquí aplaudimos. Es una muy grata experiencia reunirnos hoy con ellos, abrazarlos como colegas a los que admiramos. Nos sumamos a su familia y amigos en un sentimiento de orgullo por su lucha en favor de una mejor Nicaragua. Y, muy especialmente, les ofrecemos la solidaridad y el acompañamiento permanentes en las nuevas tareas que decidan emprender.
3.- Deploramos que, de manera incesante, el gobierno de Ortega ha escalado un clima de represión y hostigamiento contra la prensa independiente del país, lo que incluye acusaciones injustificadas, detenciones arbitrarias y encarcelamientos de periodistas como los casos de Mora y Pineda sin observar el debido proceso, lo que también ha provocado que más de 70 periodistas hayan salido al exilio por no tener garantías para el ejercicio de su oficio y proteger su integridad física y la de sus familias. Parece estar a la vista un intento oficial de ahogar a toda expresión de prensa independiente, lo que históricamente supone un síntoma de un régimen autoritario.
4.- Reiteramos la exigencia al gobierno para revertir los embates contra medios de comunicación a los que se les ha ocupado con fuerzas policiales, retirado sus licencias de operación o destruido sus bienes y equipos, como ocurre con los casos de Radio Darío, los canales 100% Noticias, 10 y 12 o de Confidencial. Se les deben reintegrar de inmediato sus propiedades y equipos, retirar todos los cargos en su contra y permitir que puedan operar con normalidad y con garantías de que los actos de brutal censura oficial no se repetirán.
5.- Reiteramos nuestro profundo repudio por el asesinato del periodista Ángel Eduardo Ghaona, ocurrido el 21 de abril de 2018 cuando cubría protestas populares en la ciudad de Bluefields, al sureste del país. El caso resulta aún más indignante por la impunidad que ha dominado las indagatorias para llevar ante la justicia a los verdaderos responsables de este atentado. Liberados los acusados sobre quienes pesaban serias dudas sobre la autoría del crimen, esperamos que un nuevo proceso y bajo el auxilio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se vea obligado a identificar y procesar a los verdaderos responsables del asesinato.
6.- Instamos al gobierno a entregar de inmediato a los diarios La Prensa y El Nuevo Diario los materiales e insumos retenidos en la Dirección Nacional de Aduanas que imposibilita a los medios circular con normalidad afectando seriamente la libertad de prensa y el derecho del público a la información. De la misma forma, solicitamos se termine con otras medidas de censura indirecta, a través de la cual muchos medios son acosados con inspecciones de organismos fiscales y de seguridad social, se les discrimina con el otorgamiento de licencias de operación y en la distribución de publicidad oficial.
7.- Solicitamos al gobierno, bajo el precepto que solo administra los bienes estatales encomendados, que ponga a disposición de todos los ciudadanos la información oficial, reglamente los mecanismos necesarios de la todavía inoperante Ley de Acceso a la Información Pública y deje de utilizar medios públicos y de propiedad de allegados al gobierno convirtiendo la información oficial en instrumento de propaganda.
8.- Exhortamos al gobierno que comience su camino hacia el respeto de las libertades de prensa y expresión y los derechos de reunión, asociación y de protesta, cumpliendo con las resoluciones de la SIP que emanaron de sus últimas reuniones, con lo dispuesto en la mesa de negociación con la Alianza Cívica en particular, con los puntos 10 y 17 de los 29 establecidos, con las últimas medidas cautelares y provisionales instauradas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como con el informe de la Comisión sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas.
9.- Exhortamos a la sociedad nicaragüense a que siga respaldando a su prensa independiente, que ha dado una noble batalla en favor de las libertades civiles de todos los ciudadanos. Nunca sobra recordar que la libertad de expresión es un árbol frondoso en el que se cobija el ejercicio de cualquiera otra libertad y recordamos que un ataque contra la prensa independiente de Nicaragua es una afrenta contra todos los periodistas libres del mundo.
10.- Convocamos a la comunidad internacional para que continúe vigilante sobre la crisis institucional y socio política en el país, aportado sus mejores oficios y emprendiendo las medidas de apremio a su alcance a fin de que los nicaragüenses pronto disfruten de la democracia por la que tanto están luchado y a la que tienen un derecho que nadie puede ni debe arrebatarles.
