(03 de septiembre del 2020. El Venezolano).- Familiares de al menos 259 policías y militares venezolanos encarcelados claman por su liberación, molestos porque ninguno de ellos fue incluido en la lista de 110 personas indultadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro esta semana.
Maduro indultó el lunes a políticos, sindicalistas y activistas de la oposición, varios de los cuales fueron encarcelados, a pocos meses de las elecciones parlamentarias programadas para el 6 de diciembre.
Los principales partidos de la oposición se habían comprometido a abstenerse de participar en la votación, argumentando que se manipulará a favor del partido de Maduro.
Ninguno de los prisioneros uniformados, muchos de los cuales están acusados de conspirar para derrocar a Maduro o su predecesor y mentor, el fallecido Hugo Chávez, se encontraba entre los indultados.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el jueves en un comunicado que los indultos “no resuelven, ni siquiera abordan, la crisis política subyacente de Venezuela”.
El Departamento destacó que se excluyó de los beneficios a miembros “del ejército, a pesar de su desproporcionado número entre los presos políticos”.
“Usan a los presos políticos a su conveniencia”, dijo Andreína Baduel, hija del general retirado y exministro de Defensa, Raúl Baduel, quien fue detenido en 2009 y más tarde, tras estar poco mas de un año en arresto domiciliario, en enero de 2017 fue nuevamente encarcelado por presuntamente conspirar contra Maduro.
Aún no ha recibido un juicio y sus abogados no han podido acceder a su expediente, dijo su hija.
“Está en el limbo”, agregó Andreína, que este año vio cómo las autoridades encarcelaron a otros dos de sus hermanos: Josnars Baduel, de 32 años, en mayo en una zona de la costa central del país, de acuerdo con la versión oficial, y el 11 de agosto pasado, Raúl Iván Baduel, de 36 años, arrestado en el central estado Guárico.
Cuatro familiares de detenidos uniformados entrevistados por Reuters dijeron que su relativa exclusión de la lista de indultados puso al descubierto cómo el gobierno de Venezuela utiliza detenciones arbitrarias por motivos políticos para intimidar a los críticos y luego usar su liberación como moneda de cambio.
Cuando Reuters le preguntó por qué el decreto del lunes no incluía a los prisioneros uniformados, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, dijo que el decreto se basó en las recomendaciones a Maduro de la Comisión para la Verdad, Justicia y Tranquilidad Pública, un organismo integrado por miembros leales al gobernante partido socialista, encargado de investigar actos de violencia política en la nación OPEP.
“Vimos los casos que tenían validez (…) para dictar este indulto”, dijo Saab sin ofrecer otros detalles.
Erika Guevara-Rosas, directora para las América de Amnistía Internacional, dijo que a pesar de los indultos “todavía hay muchas personas criminalizadas que no fueron incluidas” y que “todavía está por verse cuál será el impacto real del indulto en el desmantelamiento de la política de represión en Venezuela”.
Esther Bolívar, madre del oficial de policía Erasmo Bolívar, quien fue sentenciado a 30 años de prisión por presuntamente herir a manifestantes durante una revuelta para derrocar a Chávez en abril de 2002, dijo que no ha dormido bien desde que arrestaron a su hijo hace 17 años.
“Este problema me ha encerrado, quiero estar con mi hijo”, dijo Bolívar, apoyada contra la pared de su departamento en la localidad costera de Catia La Mar, a unos 35 kilómetros al norte de la capital Caracas. Guarda fotos de su hijo, así como trofeos que ganó como jugador de baloncesto aficionado, en la sala de su apartamento con vista al mar.
Su abogada, Theresly Malavé, dijo que el agente no disparó contra los manifestantes, sino que atendía a los heridos.
“Estos años han sido unos años de martirio, de dolor”, dijo María Bolívar, tía de Erasmo y activista por los presos uniformados. “¿Qué quiere el gobierno con esa actitud de mantener a esos muchachos presos?”.
Reuters
