(21 de mayo del 2023. El Venezolano).- El Parlamento cubano tiene previsto aprobar en unos días la ley de Comunicación Social, una norma que regulará a los medios en la isla y que periodistas independientes y ONG temen que suponga una vuelta de tuerca más sobre los digitales no oficialistas que quedan en del país.
Las objeciones al proyecto parten de una premisa compartida: el proyecto de ley sólo reconoce la legalidad de los medios que, en mayor o menor medida, están vinculados al Estado o al Partido Comunista (PCC, único legal).
Así lo establecía ya la Constitución aprobada en 2019, que asegura que los medios nacionales «son de propiedad socialista» y «no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad».
Pero en este texto se va más allá porque se establecen cuestiones de contenido, como que éstos no pueden “desestabilizar el Estado socialista”. Y que el sistema de comunicación “actúa conforme al Estado socialista” siguiendo el “ejemplo de (José) Martí y Fidel (Catro) y las ideas de (…) Marx, Engels y Lenin”.
El periódico Juventud Rebelde –que pertenece a la Unión de Jóvenes Comunistas– afirmó esta semana que el proyecto “se inspira en el legado” de “Fidel Castro Ruz, el gran comunicador de la Revolución”.
Cuestiones como esas han encendido las alarmas en distintas organizaciones internacionales, quienes afirman que elevará la presión sobre redactores y medios no oficialistas.
Desde el Gobierno se defiende la importancia de la ley, la primera en su tipo, y se subraya que esta versión, que será votada el próximo jueves, es la número 34 –la anterior iba a ser aprobada a finales de 2022 y se aplazó por la «complejidad» del tema– y eso deja ver, insisten, que surge de un intenso debate interno.
También destacan novedades con respecto a versiones previas, como que se permitirá por primera vez la financiación por publicidad.
“NO RECONOCE A LOS INDEPENDIENTES”
En ninguna de las 55 páginas del proyecto de ley se menciona a los medios independientes digitales, muchos de ellos surgidos durante el llamado «deshielo» -el acercamiento entre EE. UU. y Cuba de 2014 a 2017– y que, en su mayoría, han dejado el país en los últimos años tras presiones de la Seguridad del Estado.
“Esta ley no garantiza la libertad de prensa ni permite difundir contenidos independientes de los que genera el Estado”, censura en entrevista con EFE Claudia Ordóñez, oficial del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, una organización internacional con sede en Londres que defiende el derecho a la información.
Esta crítica la comparte Raudiel Peña, coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba: “No les reconoce su personalidad jurídica. Tampoco al periodismo ciudadano. Solo a los que tienen vínculo con el Estado”, subraya a EFE.
Tanto Peña como Ordóñez recuerdan la entrada en vigor a finales de 2022 del nuevo Código Penal, que sanciona con cárcel la financiación externa a los medios independientes bajo el pretexto de que se busca desestabilizar al Estado desde el extranjero.
No obstante, Rafael Hernández, director de la revista cubana Temas, y quien formó parte de las discusiones internas que dieron pie al texto final, discrepa de las críticas y argumenta que los medios independientes sólo son “antigobierno”, según explicó a EFE.
Tampoco concuerda con la idea de que la ley únicamente da cabida a medios estatales y cercanos al PCC. En su opinión, en el texto se establece la posibilidad de que se creen medios de comunicación fuera de la órbita estatal.
