(15 de julio del 2019. El Venezolano).- El mes de junio cerró con un saldo de 59 violaciones del derecho a la libertad de expresión, afectando a un total de 41 víctimas, en su mayoría periodistas (18) y medios de comunicación (8), destacan como principales victimarios están los cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y grupos violentos.
A través de Espacio Público se conoció que durante el sexto mes del 2019, la labor que supone buscar y difundir información logró que el número de violaciones aumentara a más de 700 en lo que va de año, 78 de éstas, corresponden a detenciones de equipos de prensa durante la cobertura de calle.
Cierres de medios de comunicación, canales fuera de la oferta en Venezuela y agresiones a periodistas marcaron el mes.
Asimismo, indicaron que más de la mitad de los responsables de las violaciones a la libertad de expresión en junio fueron funcionarios e instituciones del Estado, quienes usan su autoridad para restringir y limitar el acceso a la información, principalmente de carácter público, afectando directamente a los periodistas y a todos los ciudadanos que esperan conocer la realidad de los hechos a través de las coberturas en tiempo real.
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Destaca el caso de los periodistas María Carolina Quintero y Gerard Torres, corresponsales en el estado Zulia de los medios digitales Venezolanos por la Información (VPITV), y TVVenezuela. Quintero y Torres fueron intimidados por funcionarios de seguridad cuando realizaban un recorrido por las principales estaciones de servicios, haciendo cobertura sobre la escasez de combustible en la ciudad de Maracaibo: “Para grabar deben pedirle permiso a mi sargento”, exclamó el oficial.
También en el estado Anzoátegui, el reportero del canal de televisión digital Venezolanos por la Información (VPI TV), Jesús Bastidas, fue amenazado por un funcionario de la Policía del municipio Urbaneja (PoliUrbaneja) cuando realizaba un recorrido por las estaciones de servicio del municipio Lechería, quien le prohibió seguir grabando, y lo obligó a retirarse del lugar: “No me interesa, no sigas grabando porque si no te voy a poner los ganchos”
En Caracas el patrón se repitió en el sector La Campiña cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) apresaron a Ronald Peña, reportero gráfico del medio digital El Pitazo y a su motorizado, Félix Moráis, mientras realizaban imágenes de apoyo al edificio de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
De la misma manera, en junio el Tribunal Supremo de Justicia sentenció al portal informativo Lapatilla.com a pagar 30 mil millones de bolívares al presidente de la ilegítima asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello por “daño moral e injuria”.
La sentencia emanada de la Sala de Casación Civil señala que la demanda por daño moral contra Lapatilla.com se mantiene, teniendo que resarcir el monto mil millonario en un lapso de “ejecución voluntaria” fijado por un juez de Primera Instancia, y advierte que de no ser cancelado en el tiempo estipulado “será objeto de indexación judicial conforme a lo señalado”.
La sentencia contra Lapatilla.com es una medida arbitraria en represalia por la difusión de información de interés público en Venezuela. Espacio Público rechaza esta sentencia porque vulnera los derechos contemplados en la Carta Magna nacional explícitamente los artículos 23, 26 y 334 de la Constitución que obligan a todos los jueces de la República a garantizar la protección judicial de conformidad con las normas y estándares de derechos humanos previstos en tratados internacionales.
Con información de La Patilla
