(18 de diciembre del 2022. El Venezolano).- Cuando aseguro que el régimen de Chávez y Maduro ha triunfado, en el objetivo de imponer un estado de hegemonía comunicacional, no hay en ello un ápice de exageración. No es una afirmación que pueda leerse como una generalización. Hablo aquí de realidades concretísimas. De una acumulación de hechos que no solo afectan a periodistas, editores y propietarios de medios; que no solo se constituyen en una fuerza determinante en la demolición de la democracia; sino que, y esto es quizá lo más significativo, opera como el factor determinante que somete a la mayor parte de la sociedad venezolana a un estado de desinformación y de creciente vulnerabilidad ante la incansable maquinaria de propaganda y mentiras con que cuenta el régimen. Insisto: no solo los venezolanos han sido despojados del derecho a saber qué pasa en su país, sino que son sometidos a un constante bombardeo de mentiras, por innumerables canales.
Por: Miguel Henrique Otero
Una presentación de solo 33 láminas, firmada por el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, y el Centro de Estudios de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello ―UCAB―, ordena un conjunto de datos y tendencias, cuya visión de conjunto es mucho más que alarmante: muestra una serie de factores, interconectados entre sí, que permiten afirmar que en Venezuela han sido destruidos el derecho a informar, el derecho a estar informado, la libertad de expresión y la libertad de opinión.
Comentaré aquí algunos de los elementos de la mencionada presentación, titulada “Información y censura”. Un primer asunto a considerar es la doble operación para ocupar el territorio mediático nacional, que ha realizado el régimen. Por una parte, el Estado que en 1999 tenía cuatro entidades destacadas ―Venezolana de Televisión, Radio Nacional de Venezuela, una red de emisoras (630 AM) y una agencia informativa (Venpres)―, hoy es un monstruo de 30 medios informativos, varios de ellos de alcance nacional, páginas web dedicadas a mentir, control de diarios, revistas y tantísimas cosas más. Por otra parte, y esta es una realidad nada fácil de cuantificar, están un conjunto de fenómenos, como el cierre de medios de comunicación ―han cerrado más de 100 emisoras―; el bloqueo en Internet de los existentes ―en algunos casos, el bloqueo se ha prolongado por años; la compra de voluntades y lineamientos editoriales; el silenciamiento de emisoras de radio y canales de televisión, a los que han obligado a sacar del aire a noticieros, programas de opinión y a ciertos periodistas; el ahorcamiento y desaparición de más un centenar de periódicos regionales; la venta forzada a empresas afines al régimen, de diarios de histórica relevancia como El Universal y Últimas Noticias; y tantas otras acciones que cabría anotar, que han materializado un estatuto de hegemonía comunicacional que, tal como están planteadas las cosas hoy en Venezuela, es simplemente imbatible.
Copio aquí algunos números categóricos de esta situación, tomados de la mencionada presentación: alrededor de 14 millones de personas viven en regiones en las que no hay medios independientes y donde lo único que hay es la presencia omnipotente y todo-aplastante de los diversos medios gubernamentales y de la información del gobierno. Hay 10 estados en Venezuela donde no circula ni un solo diario independiente. Hegemonía pura.
Una lámina, referida a la violación de los derechos digitales durante 2021, da buena cuenta de la multiplicidad de recursos con los que cuenta el poder para impedir que la información llegue hasta los ciudadanos: estigmatizar con ataques verbales o escritos; criminalizar; campañas sistemáticas de desprestigio; suplantaciones de identidad; vulneración de la seguridad personal; vulneración de la seguridad de portales web; censura, lo que incluye la suspensión de cuentas de redes sociales; y bloqueos totales o parciales del acceso a las páginas web: de todas estas categorías hay casos documentados. Son estas prácticas censuradoras del régimen las que explican por qué una organización no gubernamental como Freedom House, en su ranking de Libertad en Internet correspondiente a 2021, califica a Venezuela con 28 puntos, en una escala de 1 a 100, donde solo en el rango entre 70 y 100 es posible hablar de libertad de expresión.
Entre los datos consignados en el documento, quiero añadir otro de especial significación: durante el año 2021, casi 2.000 tendencias de carácter sociopolítico, referidas a Venezuela y expresadas en 220 millones de mensajes, destacaron en Twitter. De ellas, 92,43% pertenecía al oficialismo. Nada menos. A continuación, consignan lo ocurrido la semana entre el 21 y el 27 de noviembre: se posicionaron 15 tendencias sociopolíticas, recogidas en casi 6,6 millones de tuits. De ellos, solo un ejemplo del extremo nivel que puede alcanzar la hegemonía comunicacional, solo 0,11% provenía de sectores no oficiales. Es decir, apenas una de cada 1.000 personas, ante 999 oficialistas.
A este desolador y brutal panorama hay que agregar el de las persecuciones tribunalicias; los casos de los periodistas detenidos por nada, como Roland Carreño; la ausencia casi total de cifras e información confiable proveniente de los organismos oficiales; la militarización de amplias zonas en el país que impide la libre circulación y niega a los periodistas el acceso a importantes materias y problemáticas, por ejemplo, el estado de cosas en el Arco Minero; los constantes ataques y hostigamiento de militares y policías a los periodistas y reporteros gráficos mientras hacen su trabajo; las descaradas órdenes de censura que Conatel y otros organismos emiten, como el caso de la prohibición de nombrar a Juan Guaidó o al gobierno interino; el robo de la sede del diario El Nacional, haciendo uso de recursos tribunalicios y militares; el cierre de más de 80 emisoras de radio solo durante los meses de septiembre y octubre.
Esta lista de agravios, ataques y prohibiciones a la libertad de expresión podría ampliarse y continuar por páginas y páginas. En los días en que el IPYS y la UCAB han elaborado esta presentación ha comenzado la escenificación del diálogo entre la dictadura y representantes de la oposición democrática. Se dice que el gran logro sería llegar a unas elecciones libres, transparentes, justas y bajo rigurosa supervisión internacional.
¿Es posible realizar unas elecciones que no sean otro fraude más en este ambiente de hegemonía comunicacional y prácticas de censura que no se detienen, sino que cada día son más amplias, sistemáticas y silenciadoras?
