(03 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La situación política en Venezuela ha alcanzado niveles extremos de opresión, represión y manipulación de la realidad donde la lucha por la libertad, la democracia y la soberanía del país se han distorsionado y manipulado. Recientemente, la noticia del envío de una flota de navíos militares por parte de Estados Unidos a aguas del Caribe para combatir el narcotráfico ha generado un torbellino de reacciones. Mientras algunos lo interpretan como una posible intervención militar en Venezuela, otros defienden la necesidad de la ayuda internacional para restaurar el orden constitucional y poner fin a la opresión y crisis humanitaria.
Escrito por: Manuel Rodríguez, Coordinador de la Plataforma Ayuda Venezuela
En este contexto, es crucial reflexionar sobre el derecho legítimo de los venezolanos a solicitar ayuda en su lucha por la democracia. El debate en torno a la intervención extranjera en Venezuela se ha visto envuelto en una espesa capa de desinformación, impulsada en parte por lo que algunos denominan «pseudo periodistas» o influencers en busca de likes o en la búsqueda del denominado «tubazo» Estos actores, muchos de los cuales provienen de la élite política o económica vinculada al régimen chavista, contribuyen a distorsionar la realidad. Hablan de invasión, de intervenciones militares inminentes, sin contar con información directa ni verificada de las partes involucradas.
Lo que algunos consideran una intervención con fines humanitarios, otros lo ven como una amenaza a la soberanía nacional, olvidando que la soberanía democrática ya ha sido secuestrada al no reconocer los resultados electorales que dieron la victoria a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado
Sin embargo, es importante reconocer que la verdadera información sobre los movimientos militares de potencias extranjeras solo la poseen aquellos con acceso a las altas esferas del poder, como los gobiernos y las fuerzas armadas de las naciones involucradas. El resto de los ciudadanos, tanto en Venezuela como fuera de ella, solo tienen acceso a interpretaciones de lo divulgado mediáticamente, las cuales, muchas veces, no reflejan la realidad completa.
El principal argumento que ha resurgido es el derecho de los venezolanos a solicitar ayuda internacional. Esta posición no es nueva, ni es exclusiva de Venezuela. En la historia reciente de América Latina y Europa, los pueblos que han sufrido dictaduras militares y regímenes totalitarios han pedido auxilio a las potencias extranjeras para restaurar la democracia. España, por ejemplo, vivió un largo periodo de lucha contra la dictadura criminal franquista, y muchos grupos de oposición (comunistas, anarquistas, socialistas) solicitaron ayuda de Estados Unidos y de los aliados durante los años 40 para derrocar al régimen. De manera similar, otros países latinoamericanos como Chile, Argentina, Uruguay y Brasil también recurrieron a la comunidad internacional para hacer frente a las dictaduras militares en las décadas de 1970 y 1980.
El caso de Venezuela no es diferente. En un país donde la represión, la falta de derechos humanos y la crisis económica han alcanzado niveles insostenibles, el derecho de los ciudadanos a pedir ayuda para restaurar el orden constitucional y proteger sus vidas es indiscutible. La crítica que sostiene que solicitar ayuda a Estados Unidos o a otros países implica «traición a la patria» es una falacia peligrosa que omite el sufrimiento de millones de venezolanos. La soberanía de un país no se mide únicamente por su capacidad de mantenerse aislado, sino por la capacidad de garantizar los derechos humanos de su población. Cuando un gobierno no cumple con esa responsabilidad, el pueblo tiene el derecho legítimo de buscar apoyo internacional.
El otro aspecto a considerar es el papel de la comunidad internacional, en especial la denominada «izquierda globalista», que ha sido acusada de aplicar un doble rasero al abordar las dictaduras. Mientras que los gobiernos de izquierda suelen criticar ferozmente a las dictaduras de derecha, muchos de estos mismos actores han guardado un silencio cómplice o, peor aún, han justificado los abusos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Es incomprensible que algunos sectores de la izquierda internacional y globalista, que se autodenominan defensores de los derechos humanos, se muestren tibios o incluso indiferentes ante la brutalidad del régimen chavista.
Los derechos humanos deben ser defendidos en todo lugar y en todo momento, sin importar la ideología política de quienes violan esos derechos. La lucha por la libertad y la democracia no debe ser vista a través del prisma de las alianzas ideológicas, sino como una cuestión universal que debe ser defendida con firmeza. Las élites internacionales, protegen sus intereses políticos o económicos, y desprecian o rechazan el bienestar de los pueblos oprimidos. Es fundamental reconocer que la oposición venezolana tiene un deber moral de pedir apoyo internacional para enfrentar la dictadura de Maduro.
Este no es un acto de traición, sino un acto de responsabilidad histórica y cívica. Al igual que sucedió con otros pueblos que lucharon por la democracia en el siglo XX, los venezolanos tienen derecho a buscar aliados y apoyo en su lucha por la libertad.
No se trata de una concesión de soberanía, sino de un esfuerzo por restablecer un orden constitucional legítimo. A pesar de las críticas y las acusaciones de traición, la oposición no debe dejarse amedrentar por los ataques ideológicos que buscan deslegitimar su derecho a actuar.
El pueblo venezolano, como todos los pueblos, tiene derecho a la autodeterminación, pero también tiene el derecho de recurrir a la comunidad internacional para garantizar su libertad. En este sentido, el apoyo de Estados Unidos o de cualquier otro país debe ser una herramienta más en el largo camino hacia la democracia, no un fin en sí mismo.
En definitiva, la situación en Venezuela no es un asunto sencillo ni blanco o negro. La polarización en torno a la intervención internacional y la ayuda externa refleja la complejidad de la crisis y las múltiples perspectivas en juego. Sin embargo, lo que es indiscutible es el derecho de los venezolanos a pedir ayuda para restaurar la democracia y los derechos humanos en su país. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar con coherencia y sin doble moral, defendiendo los derechos humanos sin importar la ideología del régimen en cuestión.
