(17 de julio del 2024. El Venezolano).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia abrió una investigación formal contra nueve congresistas, señalados de participar en hechos de corrupción relacionados con las contrataciones en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La CSJ informó este martes, mediante una nota de prensa, que la Sala de Instrucción del alto tribunal recibió «compulsa de copias» de la Fiscalía General de la Nación (FGN) en la que se pide indagar sobre la posible participación de nueve congresistas en hechos relacionados con una «estructura ilícita», que habría funcionado en la UNGRD durante la administración del exdirector Olmedo López Martínez, que se extendió desde abril de 2023 hasta febrero de 2024.
Inicialmente se investigaba a los congresistas Iván Name, de Alianza Verde y presidente del Senado; Andrés Calle, del Partido Liberal y titular de la Cámara de Representantes; así como a Wadith Manzur, del Partido Conservador.
Pero a la lista se sumaron ahora Julio Elías Chagüi Flórez, del Partido de la U; Karen Astrih Manrique Olarte, de la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional; Liliana Esther Bitar Castilla, del Partido Conservador; Juan Diego Muñoz Cabrera, del Partido Alianza Verde; y Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, del Partido Liberal.
La CSJ detalló que la FGN le entregó dos archivos. El primero, correspondiente a la información en la que figuran los congresistas Name y Calle, con destino al magistrado Francisco Farfán. Y el otro, relacionado con Manzur, cuya investigación se encuentra en el despacho del magistrado Héctor Alarcón Granobles. Es en ese segundo oficio que se menciona a los otros seis congresistas.
«Los hechos relacionados con los congresistas de los que hasta ahora tiene noticia la Sala Especial de Instrucción, serán investigados inicialmente en el mismo [expediente] radicado, a cargo del magistrado Alarcón Granobles, por razones de conexidad procesal», aclara la Corte.
El escándalo
El escándalo de corrupción se destapó cuando un exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, admitió que había participado en un esquema de entrega de sobornos a Name y Calle para agilizar las reformas sociales del presidente de Colombia, Gustavo Petro.
De acuerdo con lo declarado, las coimas habrían sido entregadas con dinero facilitado por una contratista que vendió con sobreprecio 40 carrotanques que debían destinarse a La Guajira —donde hay fuerte sequía y severas fallas de suministro de agua potable—, pero que no entraron en funcionamiento.
A finales de mayo, Petro se defendió ante las acusaciones de la prensa respecto a este escándalo: «Cuando un medio dice ‘el gobierno de Petro compra congresistas’, lo que está indicando es que las prácticas corruptas son ordenadas por mí, y eso en un medio de comunicación o en la boca de cualquier persona es una profunda y vil calumnia, porque jamás nadie podrá decir que en mi calidad de gobernante o de ser humano he ordenado una práctica corrupta».
Por entonces también enfatizó que su gobierno «no compra congresistas» e indicó que «la corrupción de la UNGRD es estructural», pues desde «hace varios años» se configuró un «anillo» compuesto por «un cartel de contratistas, políticos y administradores de la entidad».
Agregó que el ‘modus operandi’ para las prácticas irregulares se extendió durante lo que va de su mandato con la participación del exdirector de la UNGRD.
