(30 de enero del 2023. El Venezolano).- El Congreso de Perú aprobó este lunes reconsiderar la votación sobre el proyecto de ley para el adelanto de elecciones generales, en medio de un clima de hostilidad y crecientes tensiones políticas, sociales y económicas, debido a la proliferación de las protestas masivas en el país contra el gobierno de Dina Boluarte.
La reconsideración de la votación del proyecto obtuvo 66 votos a favor, 49 en contra y 6 abstenciones. Con ello, la iniciativa volverá a ser debatida.
La propuesta que analizarán en el parlamento –integrado en su mayoría por fuerzas conservadoras y de extrema derecha asociadas al fujimorismo– pretende adelantar las reclamadas elecciones de abril de 2024, como lo aprobó el Congreso en diciembre pasado, a octubre de 2023.
Para tratar de unificar criterios antes de ir a la plenaria, el presidente del parlamento peruano, José Williams, exhortó a los parlamentarios «a reflexionar con responsabilidad la decisión a tomar» y se comprometió a «trabajar por el consenso necesario para que este proceso de transición le dé tranquilidad a la población».
La última oportunidad que el parlamento debatió sobre el adelanto de elecciones fue el viernes pasado, cuando la iniciativa fue rechazada con 65 votos en contra, 45 a favor y dos abstenciones, a pesar de los reclamos de la ciudadanía.
Con las manifestaciones en plena efervescencia, Boluarte, quien semanas atrás afirmó que no podía hacer más para atender los reclamos de los manifestantes, ha cambiado su postura y anunció que su Gobierno enviará dos proyectos de ley urgentes para que las elecciones presidenciales se realicen octubre de 2023, en el caso de que el Congreso no logre un consenso.
«Depende única y exclusivamente del Congreso»
Boluarte declaró el domingo que si no prospera el consenso en el Congreso sobre el adelanto de elecciones, el Ejecutivo presentará inmediatamente dos iniciativas legislativas «con carácter de urgencia».
El primer proyecto de ley que podría enviarse al Congreso se referirá a «la reforma constitucional para que las elecciones generales sean indefectiblemente este año 2023«. Según la mandataria, la primera vuelta de los comicios sería en octubre y la segunda vuelta, de ser necesaria, en diciembre.
Sobre el segundo proyecto de ley, Boluarte dijo que está destinado a «zanjar el debate sobre la reforma de la Constitución». Sobre esto, la mandataria propone que «el próximo Congreso elegido le encargue a la Comisión de Constitución la reforma total de la Constitución de 1993».
Entre las reformas contempladas por su gobierno, está la propuesta de recortar el mandato presidencial, el de los congresistas y de los representantes ante el Parlamento Andino. Boluarte prometió que la población participaría en la elaboración de una posible nueva Constitución, que primero tendría que pasar el filtro del legislativo, para someterla a referéndum.
«Depende única y exclusivamente del Congreso la responsabilidad de aprobar el adelanto de elecciones este año», dijo la presidenta, que ha reiterado que gobierno es «de transición».
La mandataria agregó que este lunes los congresistas tendrán «la posibilidad de ganarse la confianza del país, atendiendo esta demanda tan esperada del pueblo peruano».
Las protestas no cesan
Las fuertes protestas registradas desde inicios de diciembre, mantienen en jaque al régimen de Boluarte, quien se niega a renunciar tras su designación como presidencia del país andino, a inicios de diciembre pasado, tras la destitución y encarcelamiento del exmandatario Pedro Castillo.
Mientras tanto, la ola de protestas que inició en las provincias campesinas y comunidades indígenas del llamado «Perú profundo», por su lejanía a la capital del país, se han extendido a todo el territorio de forma masiva, incluyendo Lima.
Los manifestantes reclaman el fin del gobierno de Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones generales, Asamblea Constituyente, la liberación de Castillo y justicia para las casi 60 personas que han muerto en las protestas, fuertemente reprimidas por la Policía y el Ejército.
Por su parte, el exmandatario peruano, acusado de rebelión, por intentar disolver al Congreso, ha señalado desde prisión que el gobierno de Boluarte es una «dictadura militar», que impone un régimen «antidemocrático» que «usurpa el poder».
