(22 de octubre del 2021. El Venezolano).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido este viernes dejar vigente la controvertida y altamente restrictiva ley del aborto de Texas, al menos hasta el próximo primero de noviembre, cuando escuchará los alegatos de las autoridades estatales y del Gobierno, que busca tumbarla.
La decisión del Supremo nace de una petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que calificó la legislación de «inconstitucional», después de que un tribunal de apelaciones permitiera que la normativa siguiera en vigor, en un primer momento hasta diciembre, cuando estaba prevista la audiencia.
Sin embargo, ahora, al aceptar escuchar los argumentos legales del caso en un plazo tan corto, el Supremo ha explicado que estudiará la forma en la que ha sido redactada dicha norma, pues por ahora los funcionarios del estado no pueden hacer cumplir la ley, a diferencia de cualquier ciudadano de a pie del país, que puede presentar una demanda civil contra aquella persona que ayude a una mujer a abortar.
En un breve fallo, el tribunal ha añadido que también analizará si el Departamento de Justicia cuenta con la autoridad de impugnar dicha ley.
La magistrada del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor ha criticado al resto de jueces por permitir una vez más que dejaran vigente la ley, a pesar de haber acelerado la fecha para presentar los argumentos, un «frío consuelo», ha dicho.
«El impacto es catastrófico», ha dicho Sotomayor, quien ha asegurado que no puede plasmar en un comunicado la «totalidad del daño» que ese tribunal ha hecho a todas las mujeres que, en su necesidad de interrumpir el embarazo, tenían derecho «a recibir alivio de este Tribunal».
La ley de Texas es una de las más estrictas de Estados Unidos y prohíbe el aborto antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Según la norma, el aborto está prohibido cuando se detecta un latido fetal, que a menudo es antes de que la mujer sepa que está embarazada, en torno a las seis semanas de gestación. No hay excepciones para supuestos como la violación o el incesto, aunque existe una excepción por «emergencias médicas».
También premia la delación con hasta 10.000 dólares (8.500 euros), facultando a los ciudadanos para presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una mujer embarazada a abortar.
