(20 de junio del 2024. El Venezolano).- Walter Márquez, defensor de los derechos humanos, presidente de la Fundación El Amparo, y diputado jubilado de la Asamblea Nacional, señaló en el canal de YouTube del periodista Napoleón Bravo ( https://x.com/napoleonbravo/status/1803575744758480996 ) que no se justifica el retardo procesal para enjuiciar a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad y violación de derechos humanos, particularmente cuando ya ha habido decisiones contra el presidente ruso por la guerra contra Ucrania, al igual que ya lo hizo con Israel y el conflicto con Palestina, siendo éstos mucho más recientes que los sucedidos en Venezuela.
De esta manera considera Walter Márquez que el Fiscal de la CPI “no debe tener un trato diferencial con relación a Maduro, ya que son más de 11.500 víctimas que esperan por una decisión, por lo que lo exhortamos a actuar de manera diligente ya que en la fase de investigación hay pruebas suficientes y razonables para dictar orden de captura u orden de comparecencia en la CPI a Maduro y a altos miembros de su régimen”.
Ratifica Márquez que en derecho existe lo que se denomina “plazo razonable” mediante el cual ya tendría que haber decidido, porque el pueblo venezolano y las víctimas así lo esperan. Tengo 94 causas en la Corte Penal Internacional y represento a más de 900 víctimas con el grupo de abogados que me acompañan”.
De acuerdo al análisis de Walter Márquez ya se debe pasar de la fase de investigación a la del enjuiciamiento. Respaldamos toda la actividad de Khan llevada hasta el momento pero debe tomar una decisión de enjuiciamiento a Maduro y su cadena de mando, porque aunque no hay un plazo escrito en el Estatuto de Roma si existe el principio procesal internacional de los plazos razonables, mucho más cuando en mayo de 2018 la Secretaría General de la OEA, dirigida por Luis Almagro presentó el informe elaborado por tres expertos internacionales quienes concluyeron que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad y establecen la responsabilidad en la cadena de mando. Ese informe de 400 páginas de análisis jurídico y 400 páginas de pruebas fue remitido por el Secretario General de la OEA a la fiscal Fatou Bensouda y luego lo suscribieron 6 presidentes de Estado (Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Argentina) quienes pidieron el enjuiciamiento a Maduro.
— De acuerdo a los artículos 14, 15 y 53 del Estatuto de Roma, hay fundamentos razonables y suficientes para enjuiciar a los responsables de la cadena de mando del régimen en Venezuela, donde también se han cometido crímenes de guerra, como lo ocurrido en el Alto Apure en enfrentamientos entre la guerrilla colombiana y la Fuerza Armada venezolana, a partir del 21 de marzo de 2021, ahí hubo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, incendios de fincas, desplazamientos forzosos, todo dentro de una guerra en la que se enfrentan dos grupos en armas. Ante esa situación se debería haber activado los protocolos de Ginebra y el derecho internacional humanitario.
El defensor de los derechos humanos en Venezuela sostiene que “Maduro debe pagar por todos sus delitos porque en primera instancia violentó la Constitución al asumir la presidencia sin ser venezolano de origen, ha cometido crímenes de lesa humanidad, ha destruido la Nación y sus instituciones y ha generado el éxodo más grande de nuestra historia, más de 8 millones de habitantes, por eso coincido con María Corina Machado en que estamos en una lucha del bien contra el mal, de luz contra las tinieblas, de allí que estamos en una campaña de ayuno y oración que nos permita, junto al pueblo venezolano manifestándose masivamente en las urnas electorales, salir de este régimen que seguramente va a intentar una maniobra de última hora, pero la fuerza popular va a sobrepasar cualquier obstáculo y pronto tendremos nuevo gobierno”.
Comisión de la verdad
Manifiesta Walter Márquez que ante la posibilidad real de un cambio de gobierno se debe nombrar una comisión de la verdad que termine de documentar crímenes nuevos y trabaje en una justicia transicional para que junto con la Corte Penal permitan hacer justicia, pues “no solo debemos pensar en una transición económica y política, sino una transición jurídica que permita trabajar por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, y eso mismo hay que hacer en los casos pendientes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y en la Corte Interamericana de los derechos Humanos de la OEA”.
Diputados de Amazonas
Márquez anunció que la Comisión Interamericana recientemente dictó decisión a favor de los 3 diputados indígenas de Amazonas a quienes le despojaron arbitrariamente de su inmunidad parlamentaria y de su representación legislativa por un fraude cometido desde el punto de vista constitucional, jurídico, político y electoral por parte de Jorge Rodríguez, “a quien también vamos a denunciar ante la Fiscalía de la Corte Penal por el crimen de persecución política contra esos diputados”.
Al llegar a su cargo como fiscal de la CPI, Karim Khan prometió celeridad y cerró la mayoría de los exámenes preliminares y otros los pasó a investigación.
En el caso de Venezuela, “al principio no estaba muy seguro de su actividad porque se presentó en Miraflores, se reunió con Maduro, compartió con Maduro y tuvo reuniones de trabajo, pero el 3 de noviembre de 2021, cuando se estaba despidiendo dijo en cadena nacional abro la investigación a partir de hoy”.
Sala de Apelaciones
Cuando abre la investigación el régimen le pide que se inhiba, a lo cual se niega y pide argumentos, el gobierno envía argumentos y el fiscal pide un control judicial a la sala de asuntos preliminares de la CPI integrada por tres magistrados, se abre un lapso en el que se escucha a las víctimas. Se presentaron 8 mil 600 víctimas vía on line, se oyó a la representación del fiscal y a la representación del gobierno, y el 27 de junio de 2023 la sala de asuntos preliminares dictó sentencia a favor del fiscal ratificando su facultad para seguir con la investigación. El gobierno apeló por segunda vez, recurrió la sentencia ante la sala de apelaciones, se vuelve a abrir otra incidencia. Allí se oye al Fiscal, a la representación de las víctimas que es una oficina de la Corte Penal así como a la Secretaría de la Corte y por supuesto a las víctimas, estando presentes más de 2 mil víctimas en esa segunda instancia, es decir que entre la primera y la segunda instancia se oyó a más de 11 mil víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El 1 de marzo de este año la Sala de Apelaciones ratifica la facultad del fiscal de investigar, confirma la decisión de la Sala de Asuntos Preliminares, niega todos los argumentos del régimen y se abre una investigación. En el caso Venezuela tenemos tres etapas en la fiscalía de la CPI: la etapa de encubrimiento desde 2003 a 2012 con Moreno Ocampo, la etapa de táctica dilatoria con Fatou Bensouda de 2012 al 2021 y la etapa actual con Karim Khan que esperemos sea la etapa de la justicia
Nacionalidad de Maduro
En el caso de la nacionalidad de Maduro, Walter Márquez ratificó su investigación en la que señala que éste nació en Bogotá lo llevaron de niño a Cúcuta y luego él se va a Caracas. “La mamá de Nicolás Maduro, Doña Teresa, vivía en el barrio Carora, cerca del actual terminal pasajeros de Cúcuta y allá vivía también Doña Emma, su tía donde pasó gran parte de sus vacaciones, siendo ya un adolescente”. En cuanto a las pruebas dice que en la Notaría de Bogotá donde estaba la partida arrancaron el índice y la página correspondiente, y la partida que mostró Maduro en Caracas, de acuerdo a la investigación del abogado Nelson Ramírez Torres, fue inserta de manera extemporánea, más de 2 años después del supuesto nacimiento, las páginas no coinciden y el procurador de menores que habría ordenado dicha inserción extemporánea era una figura que no existía para la época, además no coinciden los sellos; en definitiva existe una serie de irregularidades que no tienen justificación pero que nadie quiso investigar, concluyo Márquez en la entrevista con Napoleón Bravo.
