(28 de febrero del 2024. El Venezolano).- La defensora de derechos humanos Rocío San Miguel ha cumplido 20 días detenida de manera arbitraria en Venezuela, sin tener acceso a sus abogados de confianza y en lo que se describe como una situación de total indefensión e incomunicación. La presidenta de la ONG Control Ciudadano, reconocida por su trabajo en la promoción de los derechos fundamentales en el país, se encuentra actualmente recluida en el centro de detención conocido como El Helicoide.
El abogado Joel García, parte del equipo legal de San Miguel, ha denunciado públicamente la difícil situación a la que se enfrenta su clienta. García ha explicado que desde el 18 de febrero, fecha en la que la hija de San Miguel pudo visitarla en prisión, no se ha permitido a ningún otro miembro de su familia comunicarse con ella. Esta falta de acceso a sus seres queridos ha generado creciente preocupación sobre su bienestar físico y emocional.
Además, en estas tres semanas de detención, no se ha permitido que los abogados de confianza de San Miguel se juramenten en el Palacio de Justicia para asumir su defensa. La activista continúa bajo la representación de un defensor público impuesto por el régimen, lo que plantea interrogantes sobre la imparcialidad del proceso legal en su contra.
Joel García también ha informado que la expareja de Rocío San Miguel, Alejandro González, ha sido trasladado a la cárcel del Rodeo I, en el estado Miranda. Este traslado se suma a la preocupante lista de prisioneros políticos enviados a esta instalación, lo que ha generado inquietudes adicionales sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela.
La detención de Rocío San Miguel ha suscitado una respuesta internacional, con diversas organizaciones de derechos humanos y gobiernos expresando su preocupación por el deterioro de la situación de los defensores de derechos en el país sudamericano. Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otras, han instado a las autoridades venezolanas a liberar a San Miguel de manera inmediata y poner fin a las prácticas de detenciones arbitrarias.
La comunidad internacional seguirá de cerca el desarrollo de esta situación, exigiendo transparencia, respeto a los derechos humanos y un juicio justo para Rocío San Miguel. Su detención subraya la importancia de proteger y defender la labor de quienes trabajan incansablemente por la promoción y protección de los derechos fundamentales en Venezuela.
