(28 de octubre del 2022. El Venezolano).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió hoy a los legisladores rusos que detengan el proceso de ampliación de la ley anti-LGBTI en el país, que contempla la prohibición de toda propaganda sobre “relaciones sexuales no tradicionales”.
La enmienda de la ley de 2013, aprobada en primera lectura este jueves por la Duma (Cámara Baja), “expandiría una ley que ya antes ha sido calificada por expertos en derechos humanos como discriminatoria, violando la libertad de expresión y conduciendo a un aumento del discurso y los crímenes de odio”, destacó Türk.
Anastasia y Anna llegaron a Buenos Aires en enero pidiendo asilo por ser personas LGBT+, tras ser hostigadas por las autoridades rusas. Gracias a la Ley de Matrimonio Igualitario, de cuya promulgación de cumplen hoy 12 años, pudieron rehacer sus vidas y criar a sus hijos con libertad.
El cambio legislativo en curso “empeoraría la situación ampliando el alcance de la ley hasta una completa prohibición de la comunicación sobre el tema”, añadió en rueda de prensa la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, citando al alto comisionado.
Los legisladores rusos deben rechazar la enmienda e incluso retirar la ley existente de 2013, “adoptando con urgencia medidas para prohibir y combatir la discriminación y la violencia basados en la orientación sexual y la identidad de género”, añadió la portavoz.
Agentes de la ley cierran el paso a los participantes en una manifestación por los derechos de la comunidad LGBTQ en el centro de San Petersburgo, Rusia, el 3 de agosto de 2019. REUTERS/Anton Vaganov/Archivo
“La exclusión, estigmatización y discriminación de cualquier grupo en una sociedad puede generar violencia y tiene un impacto negativo en toda esa sociedad”, subrayó, reportó Infobae,
En virtud del proyecto de ley, las personas que difundan propaganda LGBTI -antes prohibida sólo si se dirigía a menores de edad- podrían recibir multas de entre 815 y 6.520 dólares, mientras que las organizaciones podrían recibir sanciones de hasta 81.500 dólares.
Las sanciones más estrictas se aplicarían a la “propaganda” compartida con menores a través de los medios de comunicación o internet, o cuando su difusor tenga origen extranjero.
