(14 de febrero del 2024. El Venezolano).- En una declaración contundente, el Canciller venezolano, Yván Gil, acusó al Gobierno de Estados Unidos de «proteger y amparar» a individuos señalados por la justicia local por conspirar contra altos funcionarios, incluido el presidente Nicolás Maduro. Gil denunció que estas personas estarían involucradas en planes de «desestabilización» a través de actos violentos y «el asalto terrorista a unidades militares».
En un mensaje publicado en su cuenta de [plataforma social], el diplomático expresó su preocupación: «Hoy, el Gobierno de los EE.UU. sale a proteger y amparar a los terroristas, quienes han confesado sus crímenes y las órdenes que recibían para dañar a nuestro pueblo. Son cómplices de los autores intelectuales y materiales de los actos de terrorismo e intervencionismo sobre Venezuela.»
Gil también hizo referencia a la presunta participación de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA) y la Administración de Control de Drogas (DEA) en planes para derrocar al presidente Maduro. Según las autoridades venezolanas, durante los diálogos en 2023 con el Gobierno de Joe Biden y la oposición ultraderechista, se tramaban planes para expulsar a las autoridades venezolanas mediante medios violentos.
En respuesta a estas acusaciones, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kirby, expresó su preocupación por la detención de la abogada Rocío San Miguel, supuestamente implicada en la trama magnicida ‘Brazalete Blanco’. Aunque evitó entrar en especulaciones, afirmó que están siguiendo de cerca el caso y están «profundamente preocupados» por la detención de San Miguel.
El Canciller Gil considera estas acciones como parte de una «feroz campaña» coordinada desde el extranjero contra el sistema de justicia y el Estado venezolano. A su vez, la Fiscalía venezolana ha solicitado prisión preventiva para San Miguel y otro acusado, Alejandro José Gonzáles De Canales Plaza.
Para el analista y exembajador de Venezuela en Nicaragua, Sergio Rodríguez Gelfenstein, estas acciones representan una estrategia de EE.UU. para financiar acciones terroristas en suelo venezolano con el objetivo de derrocar a Maduro y establecer un gobierno afín a sus intereses.
La situación sigue desarrollándose, y el Gobierno venezolano insta a la comunidad internacional a prestar atención a estas acusaciones y a respetar la soberanía del país.
