(19 de mayo del 2021. El Venezolano).- A partir del 15 de mayo comenzó la cuenta regresiva para Fatou Bensouda en la entrega del cargo como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, principal aliada de Nicolás Maduro en esa instancia internacional, quien forma parte de la alianza del socialismo del siglo XXI iniciada con Luis Moreno Ocampo, anterior fiscal propuesto por el presidente argentino Néstor Kirchner para el periodo 2004 – 2012, y quien antes de dejar el cargo cerró arbitrariamente las investigaciones contra Hugo Chávez Frías y propuso para sustituirlo en el cargo a su subalterna Fatou Bensouda, respaldada por la tiranía de Yahya Jammeh, dictador de Gambia.
Así lo manifestó el defensor de los derechos humanos, director general del Comité internacional contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN) y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, quien afirmó que Bensouda ha sido protagonista, junto con Moreno Ocampo, de los 18 años más nefastos de la CPI, pues su fiscalía ha estado controlada por el chavismo – madurismo; no obstante, “una vez reciba el cargo el 15 de junio el nuevo fiscal electo en febrero de este año, Karim Khan, deberá ser diligente ante la corrupción procesal que han caracterizado a sus antecesores y solicitar enjuiciar a Maduro”.
Confianza en el Nuevo Fiscal
Considera Walter Márquez que Karim Khan tiene la confianza de la comunidad internacional por haber sido subsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y miembro del consejo asesor de la Reina de Inglaterra Isabel II, “razón por la cual el régimen ha estado muy nervioso por lo que ha iniciado algunas maniobras como nombrar una nueva embajadora ante la CPI, figura que no existe en el Estatuto de Roma pero la utilizan para hacer lobby, por lo que designó a Gladys Gutiérrez quien desde el Tribunal Supremo de Justicia fue responsable de encubrir crímenes de lesa humanidad y grave violación de derechos humanos en el país, es decir, están enviando como representante de Venezuela ante la Corte Penal a una persona sin las credenciales éticas necesarias para ocupar un cargo de ese nivel, además fue sancionada por los Estados Unidos por las graves irregularidades cometidas en favor del régimen chavista”.
Considera que el régimen se ha apresurado a presentar nuevos informes ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) alegando que está investigando el caso de los asesinatos del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, el concejal Fernando Albán y otros más para tratar de lavarse el rostro, cuando en la fiscalía de la CPI, basada en los artículos 15 y 53 del Estatuto de Roma, existen pruebas que constituyen elementos razonables y elementos suficientes que comprometen directamente al régimen de Nicolás Maduro y altos funcionarios civiles y militares de su gobierno con graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Recordó que desde los juicios de Núremberg en Alemania, a partir de 1945 contra los altos jerarcas del Nazismo hasta las actuales actuaciones de la Corte Penal Internacional, estos organismos se encargan de enjuiciar a los altos mandos gubernamentales, civiles y militares y no a subalternos, así que la maniobra de Tareck William Saab y Delcy Rodríguez de investigar a funcionarios subalternos, no exime de responsabilidad a Maduro y a los altos funcionarios de su régimen.
Crímenes de masas
Por otra parte –destacó Márquez- el régimen de Nicolás Maduro ha cometido en Venezuela crímenes de masas, pues solo en las deportaciones forzosas en la frontera colombo – venezolana en agosto de 2015 fueron contabilizadas más de 24.500 víctimas que tienen registro único de damnificados (RUD) en Colombia, y a partir de allí se inició el gran desplazamiento y éxodo forzoso que sobrepasa los 5 millones de venezolanos, drama humanitario cuya autoría intelectual y material es de Nicolás Maduro debido al estado de coacción al que ha sometido a los venezolanos, denuncia que hicimos formalmente ante fiscalía de la CPI en enero de 2016 identificada como OTP-CR-22/16.
— En marzo de 2018 –expresó- introducimos otra denuncia por el crimen de exterminio ante la privación de alimentos y medicinas y que soporta el holocausto de la salud que se ha cometido en Venezuela. Nicolás Maduro vetó la ley que le remitió la Asamblea Nacional para la búsqueda de una solución a la crisis humanitaria y la crisis de la salud en Venezuela, él tuvo la oportunidad de haberla revisado, hacerle observaciones y haberla devuelto, pero en su lugar la vetó y la envió a la Sala Constitucional del TSJ, que por los compromisos políticos confirmó la decisión presidencial. También prohibió varias veces el ingreso de la ayuda humanitaria proveniente de varios gobiernos y organizaciones internacionales, por lo que existe una responsabilidad penal individual claramente irrefutable en Nicolás Maduro y funcionarios del alto gobierno.
En este sentido manifestó Márquez que esta denuncia formalizada en marzo de 2018 forma parte del expediente OTP-CR-82/18 que está en curso ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el cual contiene suficientes pruebas que comprometen penalmente a Nicolás Maduro, por lo que considera que aunque Tareck William Saab pretenda negar esa realidad activando casos internos y que la vicepresidenta Delcy Rodríguez pretenda desestimar los hechos calificándolos de “estrategia comunicacional”, no van a poder desmontar lo que hemos denominado el “democidio de Maduro”, demoque significa pueblo y cidio asesinato, es decir, el asesinato de un pueblo como es el caso de Venezuela.
Por último afirmó Márquez que Nicolás Maduro es responsable de crímenes de masa, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por lo que está ocurriendo en el estado Apure, cuya responsabilidad directa recae en él y en el alto mando militar, así que requerimos de la comunidad internacional a exhortar al nuevo fiscal de la CPI Karim Khan, a actuar de manera oportuna y diligente porque él tiene un compromiso moral, jurídico e institucional de lograr que realmente ¡haya justicia en La Haya!.
Con información de Nota de Prensa
