(18 de julio del 2023. El Venezolano).- Un ciudadano venezolano que fue detenido en Aruba para ser deportado logró que el Tribunal Conjunto de Justicia de Aruba, Curazao, Sint Maarten, Bonaire, San Eustaquio y Saba le diera la razón en su apelación contra el gobierno de la isla, al que reclama una indemnización por haber permanecido más tiempo del necesario en un centro para migrantes.
El nombre del demandante no se revela en la sentencia, debido a una norma de la justicia neerlandesa. Sin embargo, su abogado Malcolm Hassell informó que se trata de un perseguido político que escapó de Punto Fijo, estado Falcón, en 2017, según Javier Ignacio Mayorca en Crónicas del Caribe.
El caso del migrante venezolano
El venezolano, de 35 años, llegó a Aruba como turista en abril de 2017 y se quedó más allá de los noventa días que le permitían como visitante.
El 8 de febrero de 2019, el Ministerio de Justicia, Seguridad e Integración (ahora llamado Justicia y Asuntos Sociales) dictó la orden de expulsión del venezolano. Seis días después, el migrante solicitó protección internacional y pidió que se levantara la medida de detención preventiva que le habían impuesto para asegurar su salida.
Según el expediente judicial, el venezolano insistió en marzo de 2019 en que lo dejaran en libertad mientras se procesaba su solicitud. En abril del mismo año, un juez de instrucción le concedió el beneficio, al considerar que las autoridades gubernamentales no actuaron con la debida diligencia para ejecutar la deportación.
En diciembre de ese año, el migrante venezolano inició una demanda por daños y perjuicios contra el Ejecutivo de la isla, argumentando que debía ser compensado por el período en que siguió privado de libertad de forma «ilegal», desde el 28 de marzo hasta el 10 de abril.
En primera instancia, el Tribunal General desestimó la demanda.
«El hecho de que la detención haya durado más de lo deseable se relaciona con la circunstancia de que [el demandante] presentó una solicitud de protección internacional durante su detención. Esta circunstancia es por su cuenta y riesgo, porque se encontraba en Aruba ilegalmente desde el 16 de abril de 2017», señaló una primera sentencia.
La apelación y el fallo favorable
En la apelación, el demandante se basó en el artículo 5 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que establece límites a la detención preventiva: «solo está permitida para fines de deportación». Por lo tanto, se justificaría si el ministerio correspondiente realiza «actos de expulsión» de forma rápida. Pero en este caso no fue así.
En esta ocasión, el tribunal colegiado observó que no existe una norma para calcular daños y perjuicios por la extensión de los plazos de detención. Indicó que, en todo caso, ese litigio deberá seguir en un tribunal de derecho civil, y no en uno sobre lo contencioso administrativo.
Pero la apelación fue admitida, y el gobierno deberá pagar todos los gastos legales en los que haya incurrido el demandante, incluida la asesoría del abogado. La cantidad es el equivalente a 776 dólares.
Este caso crea un precedente, debido a los litigios presentados en las cortes de Aruba, Curazao y Bonaire para oponerse a las detenciones de los migrantes venezolanos. Según el abogado Hassell, ahora será necesario recurrir a las cortes de derecho civil.
«El camino civil es más costoso, contrario al administrativo», indicó. El litigante considera que esta decisión corrige un error anterior. «Hubo un error por parte de la Corte», afirmó.
Agregó que, en medio de este proceso, el migrante venezolano consiguió del propio Ejecutivo un permiso para trabajar en la isla.
