(16 de agosto dl 2024. El Venezolano).- Veintidós países, entre ellos España, y la Unión Europea, solicitaron este viernes la «inmediata publicación de todas las actas originales» de las elecciones del 28 de julio en Venezuela y la verificación «imparcial» e «independiente» de los resultados de esos comicios, en los que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro, de acuerdo con una declaración suscrita en Santo Domingo.
«Toda demora» en esa verificación, «preferiblemente por una entidad internacional para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas», pone en cuestión los resultados publicados oficialmente, indica el texto, leído por el ministro dominicano de Exteriores, Roberto Álvarez, en el Palacio Presidencial en Santo Domingo junto a los firmantes de la declaración.
Los firmantes expresaron su profundo rechazo a la represión hacia las personas que participaron en las protestas poselectorales y pidieron a Caracas y a sus autoridades poner fin a la violencia y a liberar a todos los que han sido detenidos durante las manifestaciones.
«Solicitamos, además, que se permita el urgente regreso a Venezuela de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y hacemos un llamado a Venezuela a garantizar las condiciones adecuadas para que pueda desempeñar plenamente su mandato», añade el texto.
Firman la declaración Argentina, Canadá, Chile, República Checa, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Guyana, Italia, Marruecos, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, Surinam, Portugal, República Dominicana, Uruguay y la Unión Europea.
«En este momento crucial para Venezuela y la región, todos los actores sociales y políticos deben ejercer la máxima mesura en sus actuaciones públicas», añaden.
En el documento se urge al respeto de «los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos y, en particular, el derecho a manifestarse pacíficamente y a ejercer la libertad de expresión», lo que «no es la realidad actual en Venezuela. Las denuncias de detenciones arbitrarias de venezolanos sin el debido proceso son alarmantes, por lo que requerimos su inmediata liberación».
También expresan su «profundo rechazo por la represión a manifestantes y por la violencia que ha costado la vida de muchos venezolanos en el contexto postelectoral».
Por ello, hacen «un llamado urgente para que las autoridades venezolanas pongan fin a la violencia y liberen a todos aquellos que han sido detenidos, incluidos representantes de la oposición», al tiempo que solicitan que se permita el regreso al país de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con las condiciones adecuadas para que pueda desempeñar su mandato.
Además, piden que, como Estado parte de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, expida los salvoconductos que permitan a las seis personas asiladas que permanecen en la residencia oficial de Argentina retirarse de forma segura del territorio venezolano.
«El momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela», agregan los firmantes.
Se comprometen así a «apoyar todos los esfuerzos en ese sentido, abogando siempre por una solución genuinamente venezolana en la que prevalezcan la democracia, la justicia, la paz y la seguridad».
Esta declaración se emite en Santo Domingo dada la presencia en esta ciudad de numerosos dirigentes y representantes de países e instituciones de todo el mundo que asistieron este viernes a la toma de posesión del presidente dominicano, Luis Abinader, para un segundo y último mandato.
El 31 de julio, 17 Gobiernos votaron en la Organización de Estados Americanos (OEA) a favor de una resolución que pedía a las autoridades venezolanas publicar «de inmediato» las actas de las elecciones, pero esta iniciativa finalmente no prosperó.
Los países que votaron a favor de la resolución fueron Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.
