(27 de agosto del 2022. El Venezolano).- La ausencia de transparencia ha sido uno de los rasgos decisivos del régimen autodenominado “Socialismo del siglo XXI”. El ocultamiento –ya sea de las cifras reales de la economía, el número de homicidios por cada cien mil habitantes, los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad, el envío de dinero a partidos aliados en el extranjero para sus campañas electorales o, simplemente, de los datos de la corrupción– ha sido una constante en abierta violación a lo que la Constitución y las leyes establecen como deber de rendición de cuentas de los gobernantes. Práctica esta, el ocultamiento, que ha sido denunciado por diversas oenegés y organismos internacionales que han tenido que ocuparse de buscar datos e informaciones que el gobierno enmascara o simplemente omite de manera sistemática.
Por Tulio Hernández en Frontera Viva
Incluso la enfermedad terminal de Hugo Chávez, a partir del 2011, fue objeto de un largo melodrama que la mantuvo oculta, la negó, persiguieron a médicos y periodistas que la informaban y hasta el propio enfermo llegó a reportar oficialmente la supuesta curación definitiva que la realidad, casi de inmediato, se encargó de desmentir.
Cada cierto tiempo surge un nuevo escándalo o noticia que el gobierno, primero, ignora o niega, para después aceptarla y reconocerla. La más reciente, es el negocio, de nuevo hecho de espaldas a los ciudadanos, que representaría la entrega de vastas áreas del país a la República Islámica de Irán. Una operación que es, primero, oscura, peligrosa y una grave amenaza para la seguridad y la soberanía nacional que, de partida, no hay que ser especialista para saberlo, viola el artículo 13 de la Constitución, que establece con claridad meridiana que “el territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado ni, en forma alguna, enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional”.
Ya solo este artículo descalifica la operación y la pone al borde de la Ley. Pero como bien lo explica el internacionalista y profesor de la UCAB, Adolfo Salgueiro, en una columna publicada en El Nacional bajo el título “Negocio con Irán viola el derecho ciudadano a la transparencia”, hay un segundo elemento que oscurece la operación: el silencio. Aunque la noticia tiene varias semanas corriendo, el gobierno no se ha detenido a informar ni siquiera las condiciones generales de un tema tan delicado. Se viola de ese modo otro artículo, el 141 de la Constitución, que dispone que “la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad…”.
Muchas otras sospechas suscita entre los expertos en geopolítica internacional esta nueva injerencia de un país del bloque Eurasia y que se esté cediendo territorio sin tener garantías de que en él se van a desarrollar actividades pacíficas y de interés. Y, conociendo la tradición belicista y la condición de estado teocrático de la República Islámica de Irán, junto a la experiencia autoritaria de gobernantes terrorista como Ahmadinejad, que tanto influyeron sobe Hugo Chávez y han sido base de apoyo de Maduro, hay razones para pensar que nada bueno puede haber detrás de esa negociación.
Venezuela, en el afán de sus gobernantes de mantenerse por la fuerza en el poder, se va convirtiendo cada vez más en una pieza del nuevo ajedrez político internacional en el que juegan gobiernos genocidas como el de Putin en Rusia y armamentista como el de los ayatolás en Irán. Lo de Miraflores es una provocación profunda, impúdica, a las democracias occidentales y una punta de lanza para gobiernos atrasados, premodernos y nada democráticos.
Como dice Salguiero, los ciudadanos tenemos derecho a solicitar que se nos informe cuál es la ubicación de los terrenos objeto de la negociación, que se aclare quiénes son sus propietarios o si son tierras fiscales; y, de ser propiedad privada, habrá que saber si se cuenta con la anuencia de los dueños o si se iniciará un procedimiento de expropiación. Nada de lo anterior ha sido explicado. Como tampoco ha sido explicado, lo del avión iraní, de matrícula venezolana, detenido en Argentina junto con tripulantes de ambos países.
