(29 de abril del 2023. El Venezolano).- El Senado de Florida aprobó polémico proyecto de ley SB 1718, que fija parámetros en cuanto a la contratación de personas indocumentadas. La normativa cuenta con el beneplácito del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.
La medida contempla, entre otros puntos, penas de hasta quince años de cárcel a quien transporte a Florida, inmigrantes irregulares, así como otras multas a empleadores.
La Cámara alta aprobó la ley con 27 votos a favor y 10 en contra. Ahora se dirige a la Cámara de Representantes, donde previsiblemente también obtendrá el visto bueno.
El senador Blaise Ingoglia, autor del proyecto, aseguró que la inmigración ilegal que vive el Estado debe parar. «Tenemos una crisis, al punto que la gente lo llama una invasión», dijo en el hemiciclo del Senado, según aseguró el medio local Florida Politics.
Senador republicano, Blaise Ingoglia, impulsor de la medida
La iniciativa, además, obliga a los hospitales y centros médicos del estado a recoger información sobre el estatus migratorio de sus pacientes. E invalida en Florida las licencias de conducir emitidas a indocumentados en otros estados.
Si la medida pasa en la Cámara de Representantes y es firmada por DeSantis, la ley entraría en vigor el 1 de julio del 2023.
¿Qué estipula la ley SB 1718?
Entre las más normas más polémicas, se encuentra que requerirá a los empleadores con más de 25 trabajadores usar la plataforma E-verify para determinar si la persona que va a contratar es elegible legalmente para ejercer laboralmente en el estado. Lo que podría limitar el acceso de puestos de trabajo a personas que tienen estatus migratorios no regulados.
Prohíbe el transporte de personas indocumentadas, el cual será catalogado como un delito punible de hasta 15 años de prisión. Esta medida incluye a personas que viven de forma permanente en el estado. Así como aquellos que llegan por turismo o reuniones de negocios con amigos, compañeros de trabajo o familiares sin estatus migratorio legal.
Por otro lado, penalizará la financiación de programas comunitarios de identificación a nivel de ciudad de condados y anulará las licencias de conducir a conductores indocumentados.
Asimismo obligará a los hospitales que aceptan Medicaid y a los departamentos de emergencias a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes, incluso cuando visiten la sala de emergencias.
Establecerá que el Jefe de Seguridad Nacional coordine acciones de aplicación de la ley de inmigración en Florida. Las agencias e instituciones del Estado podrán recolectar muestras de ADN de personas que no poseen un estatus migratorio regulado y estén detenidas bajo una solicitud de detención federal.
Detractores y riesgos
El Director de Políticas Públicas de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), David Matellus, advirtió en un comunicado que la mayoría parlamentaria «trata de utilizar a nuestras comunidades como chivos expiatorios políticos».
Por otro lado, condenó la promoción de medidas que según comentó, socavan los derechos humanos de los individuos que llegan al estado en búsqueda de oportunidades.
Sobre la medida relacionada a los hospitales y centros asistencias, alertó que supone una amenaza para la Sanidad pública de Florida. Ya que la ley, puede disuadir a las personas a buscar atención médica por temor a ser discriminados o atacados.
Paula Muñoz, Directora de Organización de Campañas de la Coalición de Inmigrantes de Florida, aseguró que los senadores «están lastimando a las familias para su beneficio político».
Muñoz afirmó que si el proyecto es finalmente aprobado, el Estado será menos seguro y menos próspero en un futuro.
