(15 de febrero del 2024. El Venezolano).- Con Rocío San Miguel ya son cuatro mujeres con la doble nacionalidad venezolana-española encarceladas injustamente con graves violaciones a los derechos humanos que constituyen delitos tipificados en el Estatuto de Roma como crímenes Lesa Humanidad que competen a la Corte Penal Internacional, y por quienes el gobierno de aquel país se ha desentendido. Ellas son, ademas de San Miguel, Ángela Expósito, Auxiliadora Delgado, y Karen Hernández.
Por Carlos Ramírez López
LOS CASOS: Ángela Expósito, recluida en el Helicoide, condenada en primera instancia hace un año acusada en el caso de los drones sin que hasta ahora se haya producido sentencia sobre su apelación. María Auxiliadora Delgado fue detenida hace 5 años por ser hermana de un militar acusado como conspirador. Karen Hernández, acusada de vínculos con una tal “Operación Gedeón”. Estos casos se han tramitado con groseras violaciones al derecho a la defensa de las víctimas, en trámites violatorios al debido proceso y por jueces que no son tales pues han sido designados ilegalmente.
Un conjunto de normas de la legislación española obliga a aquel gobierno a ocuparse de sus nacionales privados de libertad en otros países, pero en éste se ha desentendido.
La ley 40/2006 del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior establece en su artículo 5 un mandato a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas para asistencia y protección de los españoles en el exterior en privación de libertad: “La Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, prestarán especial atención a aquellos que se encuentren en situaciones de necesidad y a los privados de libertad, fundamentalmente a los condenados a la pena capital o cadena perpetua, así como a la ciudadanía española que haya sido víctima de delitos de lesa humanidad en procesos de represión política…” Pero en contravención a ello ni siquiera una visita les han realizado.
También, como lo expresa el Boletín Oficial del Estado en la Orden AUC/154/2022 del 21 de febrero donde se regulan las ayudas de protección y asistencia consulares en el extranjero:
“La protección y la asistencia consular en el Estado receptor de los nacionales del Estado que envía es una de las competencias clásicas de los Ministerios de Asuntos Exteriores, tal y como se recoge en el artículo 5 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963 y en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, la cual en su artículo 2.2. j) establece como uno de los objetivos de la Política Exterior de España la asistencia y protección a sus ciudadanos en el exterior, y en su artículo 41.3 señala entre los cometidos que corresponden al Servicio Exterior del Estado el prestar asistencia y protección a los españoles en el exterior.”
“Esta protección y asistencia consular tiene por objeto salvaguardar y velar por los intereses de las personas de nacionalidad española que se encuentren en el extranjero, sean residentes o no, y prestarles la ayuda que precisen en situaciones de necesidad”.
SEÑOR PRESIDENTE PEDRO SÁNCHEZ…CUMPLA CON SU DEBER.!
LO QUE VIENE OCURRIENDO EN VENEZUELA. Acompañado de torturas con electricidad, palizas, extracción de uñas, persecución a sus familiares y con toda la larga lista de horrores que los matones del gobierno utilizan contra los presos políticos y que tratan de justificar imputando la ambigua tipología penal de “traición a la patria”, “terrorismo”, “conspiración”, entre otros, que son arquetipos incorporados al derecho penal interno y que son susceptibles de manipulación debido a que justicia basada en política es mas ésto que lo otro, o como dijera un pensador: “Política y justicia no nacieron hermanas”.
En Venezuela, donde hace tanto tiempo no hay un real sistema de justicia, donde toda la estructura judicial se encuentra secuestrada al servicio del régimen es todavía peor la situación, tanto que ni uno solo de los mas o menos 2000 jueces ha obtenido el cargo mediante concurso como establece la ley, sino por caprichosos y comprometidos nombramientos por afinidad política, jueces cuyo salario formal no llega a los 100 dólares mensuales por lo que la corrupción marca el común de sus actividades.
Un país donde el cargo de Fiscal General está en manos de un usurpador –Tarek William Saab– puesto allí en agosto de 2017 a título de “provisional” por una írrita asamblea constituyente que finalmente se auto disolvió dejándolo en el cargo bajo el cual participa activamente en todas las persecuciones políticas, encarcelamientos, desapariciones, torturas y demás violaciones a los derechos humanos.
EL CASO ROCÍO SAN MIGUEL. Éste, el mas reciente y vigente escándalo sobre las ejecutorias dictatoriales del gobierno de Nicolás Maduro y que nacional e internacionalmente está levantando una inmensa marejada de reclamos y protestas, su desaparición forzada y el de su familia, y que solo por el inmenso escándalo que esto generó, el “fiscal provisorio” Saab se vio forzado a admitir que la habían apresado y apuró la imputación bajo los acostumbrados cargos de terrorismo, traición a la patria entre otros, esto sin permitirle asistencia de abogados propios.
LA DESAPARICIÓN FORZADA. En el artículo 7 del Estatuto de Roma que rige a la Corte Penal Internacional se tipifica el delito de desaparición forzada como crimen contra la humanidad, hecho denunciado por el abogado de Rocío San Miguel, el Dr.Juan González, quien declaró a los medios que no habían podido establecer contacto con ella, ni con sus familiares apresados, que ni siquiera han podido saber donde la tenían detenida. “Preguntamos por Miranda Díaz San Miguel, su hija; Migue Ángel San Miguel Sosa, su hermano; Alberto San Miguel, otro de sus hermanos; Víctor Díaz Paruta, el padre de Miranda, y Alejandro González, ex pareja de Rocío San Miguel y no damos con ellos. Preguntamos por ellos sospechando que es factible que hayan sido detenidos y nos dijeron que no tenían información de Rocío San Miguel ni de ninguna de estas personas”.
Es el habitual proceder de la pandilla criminal del régimen que encabeza el usurpador del cargo de Fiscal General quien repite el mismo abusivo esquema de tantos otros por los que en algún momento deberá responder.
Urge que el gobierno de España cumpla con su deber de velar por estas personas, por su integridad física, por el respeto al debido proceso judicial que al estar groseramente violado se les debe restituir su libertad de inmediata y cesar la persecución contra sus familiares.
