(20 de mayo del 2023. El Venezolano).- La reciente ley contra la inmigración ilegal que fue proclamada en Florida, por el gobernador Ron DeSantis, sigue generando debate y manifestaciones de rechazo. En esta ocasión, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), emitió una alerta de viajes hacia el estado. Dirigieron el aviso a las personas hispanas, inmigrantes y otras minorías.
Adicionalmente, la organización amenazó con una posible demanda contra el estado de Florida, como consecuencia del mandato legal que afecta a los inmigrantes indocumentados. Conocida como SB-1718, esta dura ley establece medidas radicales y sumamente estrictas no solo para aquellos que carecen de un estatus legal, sino para quienes los ayuden.
A pesar de que el instrumento legal establece varios puntos críticos, el mismo fue aprobado por todas las instancias de Florida, hasta llegar al despacho del gobernador. Con su firma, dio por sentadas las nuevas normativas, que comenzarán a regir a partir del 1 de julio.
La tarde del miércoles 17 de mayo, LULAC ofreció una conferencia de prensa, en donde fijaron su postura contraria a la ley. En ese sentido, catalogaron al estado como un lugar peligroso y hostil para norteamericanos e inmigrantes que respetan la ley.
«Creemos que Florida ha cometido varios usos muy crueles, inmorales e injustos de los inmigrantes como piñatas políticas con el propósito de obtener votos básicamente», comentó Domingo García, presidente nacional de la organización.
¿En qué consiste la alerta?
De acuerdo con los representantes de LULAC, todos los inmigrantes e hispanos que viajen hacia Florida, deben tener especial precaución en caso de toparse con agentes de la policía. Sin embargo, es pertinente aclarar que a pesar de estos señalamientos, el director del Departamento policial de Miami-Dade, aseguró que la persecución de indocumentados no forma parte de sus labores.
No obstante, el organismo que favorece a la comunidad de latinos siguió criticando las decisiones estatales, catalogándola como una «política antiinmigrante y anticristiana del gobernador DeSantis». Aseguraron que la ley es dañina para la economía de Florida y generará devastación en las industrias de construcción, restaurantes y agricultura. Todos estos sectores se apoyan en trabajadores sin verificar ampliamente su situación legal en el país, por lo que la fuerza laboral se podría ver reducida.
Domingo García, presidente de LULAC, mostró su preocupación ante la posibilidad de recibir un trato criminal al estar en compañía de familiares. Señaló uno de los puntos más álgidos de la ley, que establece que quienes transporten a un inmigrante sin documentos hacia Florida o dentro del estado, será juzgado por tráfico humano. Estas personas podrían llegar a pagar una condena de hasta 15 años de cárcel.
«Nos tratarán como criminales que transportan a una persona peligrosa, que en realidad solo quiere visitar a la familia o disfrutar de Disneyworld», lamentó.
Teniendo en cuenta todas las nuevas condiciones en el estado, LULAC recomendó a Ron DeSantis considerar el impacto negativo que podría tener. Para ello recordaron el caso de Arizona, con su ley SB-1070 que también se enfocaba en la inmigración ilegal. La organización aseguró que esta medida generó al estado pérdidas económicas por al menos 141 millones de dólares, en tan solo cuatro meses de aprobación.
Más manifestaciones de rechazo
LULAC no es la única organización proinmigrantes que rechazó las políticas de DeSantis y emitió alertas de viaje a Florida. La directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, también se pronunció en contra de la legislación. Aseguró que la normativa «los está botando del estado» y logrará afectar a más de 775 mil inmigrantes sin documentos.
No es la primera vez que señalan al «estado del sol» por sus decisiones internas. En el mes de febrero, la organización Equality Florida que protege los derechos de la comunidad LGBTQ+, también envió una advertencia. Pidió a los miembros de ese colectivo, tener precaución al viajar o establecerse en dicho estado. Aseguró que sus leyes y políticas vigentes suponen un grave riesgo para la seguridad.
