(15 de agosto del 2023. El Venezolano).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el allanamiento de la sede del semanario Marion County Record y el domicilio de su director, en Kansas, Estados Unidos, por considerar que fue un acto intimidatorio y desproporcionado, contrario a principios constitucionales que protegen la libertad de prensa.
El 11 de agosto, agentes del Departamento de Policía de Marion irrumpieron en la oficina del periódico Marion County Record y en la vivienda de su propietario y editor, Eric Meyer. La policía incautó computadoras, archivos y celulares de los trabajadores. El allanamiento tiene su origen en un litigio impulsado por la dueña de un restaurante que acusó al periódico de invadir su intimidad y de acceder ilegalmente a información privada.
«Rechazamos la intrusión judicial y policial a un medio de comunicación sin que se hayan agotado otros recursos legales para conseguir la información», expresó Michael Greenspon, presidente de la SIP. Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, pidió a las autoridades que eviten «caer en la violación de principios constitucionales sobre libertad de prensa».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, Carlos Jornet, instó a las autoridades a «devolver el material y el equipo de trabajo incautados», considerando que se violaron normas periodísticas sobre secreto profesional, protección de fuentes y derecho a la intimidad.
Greenspon y Jornet respaldaron la protesta del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa (RCFP, por sus siglas en inglés) y de 34 organizaciones de medios y de defensa de la libertad de prensa que argumentaron que la incautación «ha interferido sustancialmente» en las actividades de la publicación, las cuales están «protegidas por la Primera Enmienda».
Las organizaciones subrayaron que la ley federal limita los allanamientos a salas de redacción por parte de autoridades nacionales, estatales y locales. La Ley Federal de Protección de la Intimidad de 1980 establece excepciones, entre ellas, que la Justicia busque «evitar la muerte o lesiones corporales graves a un ser humano» o por causa probable de que el incautado cometió o pudiera cometer un delito.
