(19 de mayo del 2021. El Venezolano).- Brian A. Nichols, nominado por el presidente estadounidense, Joe Biden, al cargo de subsecretario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, afirmó en la sesión del Comité de Exteriores para su confirmación en el puesto que la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro debe continuar. Además, rechazó el levantamiento de sanciones petroleras.
“En mi opinión, debe haber un enfoque clave en nuestra política, que debo advertir, entiendo que está en revisión dentro de la Administración, por lo que esta será mi opinión personal”, comenzó su intervención cuando habló de la crisis en Venezuela.
“Creo que tenemos una gran ventaja al tratar con Venezuela, que hay una amplia coalición multilateral que trabaja para promover la democracia. Eso es algo que tenemos que aprovechar de forma rigurosa para empujar al régimen de Nicolás Maduro hacia unas elecciones libres y justas”, continuó.
Luego, expresó: “Tenemos que apoyar al pueblo venezolano, tanto en el plano político como en el de los líderes de la oposición y el presidente interino Juan Guaidó, así como impulsar la ayuda humanitaria y garantizar que el pueblo de Venezuela tenga acceso a la salud que necesita”.
Respecto a la sanciones petroleras, indicó: “Con respecto a los intercambios de diésel en este momento, según tengo entendido, hay suficiente capacidad de diésel dentro de Venezuela al menos para los próximos seis meses más o menos”.
“Creo que es algo que hay que vigilar y, si vemos que hay un problema allí para el pueblo venezolano, creo que es algo que hay que mirar”, insistió.
“Pero creo que tenemos que mantener la presión económica para negociar con un gobierno que ha demostrado que utilizará tácticas dilatorias para impedir el progreso hacia unas elecciones libres y justas, además de cosas como la liberación de los presos políticos y permitir la libertad de prensa. Tenemos que ser muy cautelosos”, subrayó.
Más adelante, al ser consultado por el senador Bob Menéndez, agregó: “Los amplios esfuerzos de Rusia, China, Irán, Turquía y otros para evitar las sanciones son profundamente preocupantes. Nosotros, que queremos ver democracia en Venezuela, debemos desafiar agresivamente esas acciones y trabajar para asegurar que las ganancias de las actividades criminales no regresen al régimen”.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/TSXAVPYLM5HD7DAXK4L4YMP434.jpg%20420w)
Fortografía de archivo que muestra a Brian A. Nichols mientras pronuncia un discurso (EFE/Ernesto Arias/Archivo)
En marzo pasado, la Casa Blanca anunció en un comunicado la nominación de Nichols, actual embajador en Zimbabue, a donde llegó en 2018 tras haber ejercido como embajador en Perú entre 2014 y 2017.
De ser confirmado por el Senado, donde los demócratas tienen una estrecha mayoría, Nichols se convertiría en el primer afrodescendiente en asumir el puesto de encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado desde que lo hiciera Terence Todman en 1977.
Nichols ganó cierto protagonismo mediático el pasado verano, cuando rompió filas con el Gobierno de Donald Trump (2017-2021) y se mostró crítico con la muerte del afroamericano George Floyd, quien perdió el conocimiento mientras un policía blanco presionaba la rodilla contra su cuello.
“La muerte de Floyd ha sido una tragedia que ha enfadado y horrorizado a los estadounidenses”, dijo Nichols, quien también habló de su experiencia personal: “Como afroamericano, desde que tengo recuerdos, siempre he sabido que mis derechos y mi cuerpo no eran solo míos”.
Su comunicado incluía también críticas a la situación de los derechos humanos en Zimbabue y eso desencadenó las críticas del partido del presidente de ese país, Emmerson Mnangagwa, que acusó al embajador estadounidense de ser un “mafioso” y de estar financiando las protestas contra el mandatario zimbabuense.
Diplomático de carrera, Nichols tiene una amplía experiencia en Latinoamérica y en el trabajo de EEUU para luchar contra el tráfico de drogas.
Entre 2011 y 2013 dirigió la oficina que se encarga de la lucha contra el tráfico de drogas en el Departamento de Estado y entre 2007 y 2010 fue el subjefe de misión en la embajada en Colombia, donde supervisó programas de desarrollo financiados con 500 millones de dólares de ayuda estadounidense.
También dirigió la subdivisión que se encarga del Caribe dentro del Departamento de Estado, trabajó en la subdivisión de Centroamérica y en la oficina de asuntos políticos de la ONU.
Fue consejero político adjunto en México y, al comienzo de su carrera, ejerció diferentes cargos en las embajadas estadounidenses en El Salvador, Indonesia y Perú.
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