(02 de junio del 2025. El Venezolano).- La Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión que podría dejar a cientos de miles de migrantes, especialmente venezolanos, expuestos a la deportación, desmantelando protecciones legales temporales cruciales.
Como resultado, casi un millón de personas en total, incluyendo a estos migrantes, ahora enfrentan la posibilidad de ser expulsadas de Estados Unidos.
La orden judicial revoca una medida cautelar anterior que protegía a más de 500,000 inmigrantes bajo el programa de parole humanitario (CHNV) de Cuba, Haití, Nicaragua y, fundamentalmente, Venezuela. A esto se suma otra decisión que ya había permitido al gobierno federal revocar el estatus legal temporal de unos 350,000 migrantes venezolanos en un caso separado, reseña El Nacional.
Esta determinación de la Corte Suprema, que no ofreció un razonamiento detallado, ha desatado una disputa significativa dentro del poder judicial. La jueza Ketanji Brown Jackson expresó su disidencia pública, advirtiendo que la orden tiene el efecto de «hacer que las vidas de medio millón de migrantes se desmoronen a nuestro alrededor antes de que los tribunales decidan sus acciones jurídicas». La jueza Sonia Sotomayor se unió a esta postura crítica.
La decisión del máximo tribunal no es un fallo definitivo sobre el programa, pero sí significa que las protecciones del parole humanitario no estarán vigentes mientras el caso judicial continúa su curso en el Tribunal Federal de Apelaciones para el 1er Circuito en Boston.
La administración del presidente Donald Trump ha buscado persistentemente desmantelar las políticas migratorias del expresidente Joe Biden, que habían establecido vías para que los inmigrantes vivieran legalmente en Estados Unidos. El Departamento de Justicia argumenta que estas protecciones, otorgadas a personas que huían de la inestabilidad en sus países de origen, siempre fueron concebidas como temporales y que el Departamento de Seguridad Nacional tiene la autoridad para revocarlas sin interferencia judicial.
Esta postura se contrapone directamente a la decisión de un juez federal en Boston, designado por Barack Obama, que había bloqueado inicialmente los intentos de Trump de poner fin al programa de forma masiva, permitiendo revocaciones solo caso por caso. El gobierno federal, sin embargo, sostiene que abordar cada caso individualmente sería una «tarea gigantesca» y obstaculizaría los esfuerzos de deportación.
