(03 de julio del 2019. El Venezolano).- Los venezolanos y la comunidad internacional estamos consternados con la muerte del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo a manos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), con la finalidad de crear un clima de miedo impuesto por el régimen de Nicolás Maduro.
No obstante, el régimen sigue incurriendo en delitos de lesa humanidad, según lo establecido en el Estatuto de Roma, tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional. La persecución por disidencia política y la tortura están contemplados en el estatuto como crímenes contra la humanidad.
El usurpador Tarek Saab, dijo en su cuenta de Twitter que los uniformados, quienes formaban parte del servicio de contrainteligencia, fueron acusados de “homicidio preterintencional” por un tribunal que solicitó su arresto. El homicidio Preterintencional con Causal” delito imputado a los autores de la tortura, no se corresponde con la verdadera imputación.
En este homicidio la persona sólo tiene la intención de lesionar, pero el resultado es la muerte, mientras que en el homicidio concausal hay la intención de matar pero la muerte se produce como consecuencia de circunstancias preexistentes desconocidas o de causas imprevistas. Las “calificaciones” hechas por el Ministerio Público usurpador, imputadas a los asesinos del Capitán es una muestra más de la ilegitimidad de los Poderes Públicos en Venezuela, del desprecio por la vida de los venezolanos.
Del envilecimiento del alto mando militar y de la ausencia absoluta de legalidad y estado de Derecho. El llamado es a los Jueces, Fiscales y Militares a aplicar la Constitución. Es su obligación. La conciencia y moralidad que les quede se los demanda Antonio José Marval Jiménez, Primer Vicepresidente del Legítimo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
