(11 de febrero del 2021. El Venezolano).- La Comisión Delegada Legislativa de Juan Guaidó, aprobó el martes 8 de febrero, la extensión del contrato de agencias de servicios financieros suscrito entre el llamado gobierno interino, por medio de la Comisión de Administración del Gasto, y una financiera norteamericana con el objetivo de terminar de ejecutar los 80 millones de dólares del fondo especial de emergencia.
Esta acción permite que la financiera norteamericana siga ejerciendo como agente de desembolso entre la junta paralela del Banco Central de Venezuela (BCV), que prestó los 80 millones de dólares para el Fondo de Liberación Nacional, y el gobierno interino de Juan Guaidó, del que todavía el país desconoce su uso y ejecución en medio de denuncias por corrupción.
Contrato y Montos
Igualmente señalan que todas las disputas que surjan o se relacionen con el contrato serán dirimidas por un panel de tres árbitros. El lugar del arbitraje será la ciudad la ciudad de Nueva York y el idioma el inglés.
Además las firmas no tienen el aval de ‘buena reputación’ que concede la División de Corporaciones de Delaware a empresas que han cumplido con todas sus obligaciones formales y que no están bajo ninguna sanción.
El Consejo de Administración del Gasto aseguró que los costos de los servicios para administrar el Fondo fueron “$1.250.000,00 la administración, $175.000,00 la distribución y $681.000 la auditoría”.
Guaidó administró más de 100 millones de dólares en 2020: ¿Adónde fue a parar ese dinero?
El país desconoce cómo y en qué se usaron los recursos para Venezuela. Juan Guaidó no ha rendido cuentas ni a los venezolanos ni a su propio entorno, inclusive la Comisión de Finanzas de la pasada Asamblea Nacional le había exigido transparencia y detalles sobre la administración de más de 100 millones de dólares que administró durante todo el 2020 y que fueron otorgados por los Estados Unidos.
Guaidó y su equipo hacen mute del tema, a pesar de que durante el año pasado anunciaron el financiamiento de numerosas iniciativas supuestamente a favor de la democracia, algunas como el Fondo de Litigios, el Fondo para la Liberación de Venezuela y programas sociales de los cuales no hay ni precisiones, los cuestionamientos sobran y el país se pregunta adónde se fue todo ese dinero.
A la par, se suman los órganos adscritos al interinato, como las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV), PDVSA y Citgo; y los salarios por más de 5 mil dólares que recibieron el año pasado diputados de la Asamblea Nacional.
En total, Guaidó administró alrededor de 104 millones de dólares durante 2020, según una investigación del portal Crónica Uno. El texto pone como ejemplo el Fondo para la Liberación de Venezuela, que tuvo un financiamiento de 80 millones de dólares asignados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés). El dinero salió de cuentas que el Banco Central de Venezuela tenía en EEUU.
Juan Guaidó enfrenta litigios con el gobierno de Venezuela en el exterior. Uno de los más destacados es la disputa por el oro depositado en el Banco de Inglaterra. Guaidó quiere hacerse con las 30 toneladas valoradas en unos 1000 millones de dólares, recursos que son del Estado venezolano y que el presidente Nicolás Maduro ha recalcado serviría para comprar vacunas contra el Covid-19.
Otra disputa legal tiene que ver con los Bonos 2020 que tienen en jaque a Citgo, la principal refinería de PDVSA en el exterior. En 2019, Guaidó y su equipo iniciaron un litigio a través de la junta ad hoc de PDVSA con los acreedores.
En enero de 2020 Guaidó pidió a la Asamblea Nacional ampliar el Fondo de Litigios hasta 20 millones de dólares —para 2019 fue de cuatro millones de dólares—, pero la historia tuvo un revés: el partido opositor Primero Justicia (PJ) y la fracción opositora 16 de julio se reservaron el voto.
Primero justicia ha reclamado lupa especial sobre Guaidó
Además, pidió desarrollar rendición de cuentas y designar un contralor especial para saber cómo se usaron los millones de dólares asignados el año anterior. En medio de toda la exigencia vinieron los ruidos como la renuncia del procurador especial, José Ignacio Hernández, por la contratación de abogados para los litigios sin fondos disponibles.
Sigue sin haber algún informe sobre todo ese dinero. Tampoco se sabe de sus resultados operativos (juicios ganados / perdidos, activos recuperados / no recuperados) ni su balance financiero: no se sabe cuánto se le pagó a cuáles escritorios jurídicos a lo largo de 2020, cita el portal Crónica Uno.
Presupuesto fantasma: Fondo para la liberación de Venezuela
El siguiente punto a tomar en cuenta es el Fondo para la liberación de Venezuela. En 2020, la AN aprobó la ley que regulaba su funcionamiento y posteriormente presentó una estructura de gastos basada en los 80 millones de dólares otorgados por el Departamento de Estado de EEUU.
La tabla de distribución de gastos obtenida por el portal de noticias muestra distintos montos: $ 45,8 millones para programas sociales; $ 1,2 millones para magistrados en el exilio; $ 7,6 millones para asuntos exteriores o $ 4,5 para comunicaciones.
Pero un año después hay poca información de los resultados de esa inversión. Respecto a programas sociales, uno de ellos fue «Héroes de la Salud», creado para asignar bonos de 300 dólares al personal de salud de Venezuela (…) La comisión de la AN encargada del programa no informó cuántos de los 62000 venezolanos seleccionados para recibir 100 dólares mensuales por tres meses, recibieron la transferencia.
Guaidó también recibió cerca de 14 millones de dólares para pagar los salario de diputados de la Asamblea Nacional pero no se conocen detalles. Crónica Uno indica que Guaidó solo dijo en agosto de 2020 que cada diputado principal recibiría 200 dólares mensuales desde 2016 hasta 2017 y cada suplente, 160 dólares por el mismo lapso. No se sabe en qué fecha se hicieron los pagos, ni quiénes son los diputados principales y suplentes que entraron en este reparto.
La lista sigue. Organismos en el exterior e incluso escándalos como el contrato con el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA) y la Operación Gedeón ponen a Guaidó en una posición incómoda, por no mostrar al país de qué manera está utilizando el dinero que recibe justificado en una supuesta lucha por la democracia.
