(06 de diciembre del 2021. El Venezolano).- La exlíder birmana depuesta y nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, fue condenada este lunes a cuatro años de prisión en la primera sentencia por los diversos juicios a los que se enfrenta bajo la junta militar que tomó el poder en un golpe de Estado del pasado 1 de febrero en Birmania (Myanmar).
Fuentes cercanas al juicio, que no pueden identificarse por miedo a represalias por parte de la junta, precisaron que Suu Kyi, de 76 años, fue sentenciada a dos años de cárcel por el delito de incitación contra los militares y otros dos años por vulnerar la normas de la covid-19. El delito de incitación, según el artículo 505(b) del Código Penal, se refiere a varios comunicados enviados por el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia (LND), para oponerse al reconocimiento de la junta militar poco después del golpe.
EFE detalla que la violación de las normas por la pandemia se debe a varios actos electorales celebrados por Suu Kyi antes de las elecciones de noviembre de 2020. La exmandataria fue sentenciada en una vista en la capital por un tribunal que impuso la misma condena por cargos idénticos al presidente depuesto, Win Myint, y una pena de dos años de cárcel para el exgobernador de Naipyidó, Myo Aung, por vulneración del artículo 505(b).
El tribunal no precisó a qué prisión serán enviados los detenidos, que durante el proceso han estado aislados por los militares y han tenido acceso limitado a sus abogados. La sentencia también implica la inhabilitación política de los detenidos en el hipotético caso de que la junta celebre elecciones, algo que ha prometido sin fijar una fecha aún.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lamentó la condena contra Suu Kyi, que lideraba el país con el cargo de consejera de Estado hasta el golpe, y pidió su liberación. «La condena de la consejera de Estado tras una farsa de juicio en medio de secretismo en un tribunal controlado por los militares ha sido un juicio político», dijo en un comunicado Bachelet, quien dijo que se trata de una detención arbitraria que también cierra la ventana del diálogo.
