(17 de noviembre del 2021. El Venezolano).- El Consejo de la Unión Europea (UE) decidió extender sanciones individuales a 55 funcionarios activos o relacionados con la administración del régimen madurista justo días antes de realizarle las cuestionadas elecciones en el país tricolor. La medida se prorroga hasta noviembre de 2022 y, según el consejo, se debe a su contribución «para socavar la democracia venezolana o lesionar los derechos humanos de la población».
Entre los destacados siguen figurando Néstor Reverol, ministro de Energía Eléctrica, también la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, los exdiputados Luis Parra, Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega; el director del Cicpc, comisario Douglas Rico, siete magistrados del TSJ, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, entre otros.
La decisión del ente europeo dice que revisaron las sanciones contra los miembros del gobierno venezolanos, y «sobre la base de esa revisión, las medidas restrictivas, incluidas las todas las designaciones, debe renovarse hasta el 14 de noviembre de 2022 y la exposición de motivos de 26 personas debe actualizarse».
La UE aclaró que la renovación de las sanciones no afecta al pueblo venezolano. «Estas medidas pueden revertirse a la luz de los avances hacia el restablecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en Venezuela», señala el consejo. El ente multilateral europeo añadió en febrero de 2021 a 19 personas que forman parte del entorno oficialista. En total la lista alcanza 55 funcionarios. En esa oportunidad se usó el argumento de que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020 carecían de los estándares necesarios.
Tras la decisión, el gobierno de Maduro, expulsó a la embajadora de la coalición europea en Caracas y la declararon como persona non grata de la representación venezolana en Bruselas. Un mes más tarde ocho países se sumaron a la decisión de la UE, informó Efecto Cocuyo. Estas sanciones incluyen un embargo de armas y de equipos destinados a la represión interna en Venezuela, así como la prohibición de viajar a los países de la Unión Europea y congelar bienes de esos funcionarios en estas naciones del Viejo Continente.
