(11 de noviembre del 2021. El Venezolano).- La Corte Constitucional de Colombia rechazó una acción de tutela (recurso de amparo) con la que el expresidente Álvaro Uribe buscaba que le retiraran la imputación por un caso que se le sigue por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
Con una votación en contra de 5-4, el alto tribunal, este 10 de noviembre, denegó el recurso interpuesto en febrero pasado por los abogados de Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, con la que alegaban que se había violado el derecho del exmandatario al debido proceso y a la defensa.
Esto porque su abogado, Jaime Granados, consideraba que no se puede equiparar la indagatoria en el viejo sistema y la imputación de cargos en el nuevo sistema penal acusatorio.
Cuando Uribe renunció al Senado a finales de agosto perdió su fuero de congresista y el caso pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía.
La defensa de Uribe sostiene que la Ley 600 del 2000, basada en un sistema mixto de carácter inquisitivo en el que quien conduce el proceso es juez y parte, no es la indicada para este caso porque para eso está la Ley 906 de 2004 del sistema penal acusatorio.
En esa línea, el magistrado Alejandro Linares explicó que para tomar la decisión, la Corte «partió de la base de que este es un vacío normativo en el cual la Corte tuvo que hacer uso, acudir a principios y reglas del derecho procesal para llenar ese vacío que se produce por la dificultad de adecuar una situación bajo la ley 600 del año 2020 a la ley 906 de 2004″.
«La Corte señaló que cuando hay un cambio de sistema procesal de ley 600 a ley 906 o viceversa (…) por renuncia o adquisición del fuero constitucional, cuando por ejemplo un ciudadano es elegido congresista, durante la etapa de la investigación conservará validez todo lo actuado siempre y cuanto se parta de la base que prima fase hay una equivalencia funcional entre la indagatoria y la imputación», agregó.
EL CASO
El proceso comenzó en febrero de 2012 cuando Uribe demandó por presunta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló no sólo la archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.
El fiscal delegado del caso, Gabriel Jaimes, pidió el pasado 5 de marzo no investigar a Uribe, líder del partido gobernante Centro Democrático, al considerar que «varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe».
Si la jueza del caso acepta la solicitud de preclusión de la Fiscalía, las víctimas podrían apelar esa decisión y el caso pasaría al Tribunal Superior de Bogotá.
Y si, por el contrario, la jueza niega la solicitud de preclusión, la Fiscalía tendría que decidir si presenta una acusación con lo que tiene o si reformula con más argumentos su petición de preclusión.
En todo caso, si la jueza niega la preclusión, la Fiscalía y la defensa de Uribe también podrían apelar esa decisión, con lo cual el caso también pasaría al Tribunal Superior de Bogotá.
