(09 de febrero del 2021. El Venezolano).- La principal tarea que deberá abordar la transición hacia la democracia en Venezuela será desmantelar la actual estructura de poder político vinculada a la delincuencia organizada. Para restablecer el Estado de Derecho y la plena vigencia de la Constitución será necesario un pacto nacional por la vida que permita concretar un sistema de justicia fuerte integrado por policías, fiscales y jueces idóneos que sean garantes del cumplimiento de la Ley, obviamente será indispensable una poderosa reforma educativa que nos permita a todos igualarnos hacia arriba en la superación, teniendo a las escuelas, liceos y universidades como el principal espacio de integración cultural e inclusión social .
Sin embargo, para el desarrollo de tal iniciativa se debe tener presente la perversa estrategia llevada adelante por el régimen de Maduro para garantizar su permanencia en el poder. Para ello se debe evaluar la situación devenida del establecimiento de una estructura de poder soportada en una amplia red de relaciones irregulares entre las debilitadas instituciones del Estado, el aparato político del PSUV, la FANB y los cuerpos policiales con las organizaciones delicitivas que controlan gran parte del territorio nacional.
Esta asociación criminal ha fortalecido los mecanismos de control político de la sociedad a cambio de permitir el financiamiento ilícito de la estructura delictiva (corrupción, tráfico de drogas, secuestros, contrabando, extorsión, la trata de personas, hurtos, robos, etc.); es lo que hemos caracterizado como la sustitución del Estado de derecho por un Estado delincuente. Una mezcla de rasgos del Estado forajido y el Estado fallido que pone en evidencia la importancia del control que ejerce la cleptocracia sobre el poder político.
A nuestras manos ha llegado un reciente trabajo de investigación realizado por la prestigiosa organización InSight Crime (especializada en la investigación y análisis del crimen organizado) con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en Inglés), publicado bajo el título: Grupos Armados No Estatales en Venezuela – Amenazas a la Democracia. En el referido trabajo se presenta información documentada sobre la relación del régimen de Maduro con los denominados grupos armados no estatales (NSAGs por sus siglas en Inglés). También se procede a identificar los lazos personales de altos cargos de la “revolución bolivariana” en la relación político-criminal forjada con los NSAGs (colectivos, megabandas, grupos guerrilleros, sindicatos, organizaciones del narcotráfico, pranes / trenes). Con detalle describe la red de negocios legales e ilegales y el cóctel de impunidad y corrupción que se adueñó de Venezuela. Una realidad dolorosa que nos obliga a pensar de manera creativa e inteligente en las soluciones políticas deseables y menos traumáticas.
La investigación identifica treinta de los más importantes grupos de NSAGs aliados al régimen de Maduro en el caso de un eventual proceso de transición a la democracia. Resulta crucial acceder al conocimiento de estos grupos: su grado de organización, fortaleza económica, capacidad militar, ideología, penetración del Estado, uso de la violencia, alcance territorial, etc. Esto permite tener una clara identificación del nivel de amenaza particular y general que representan los NSAGs para la seguridad nacional. Están ubicados en gran parte del territorio nacional: Distrito Capital, Miranda, Zulia, Táchira, Bolívar, Carabobo, Lara, Aragua, Anzoátegui, Amazonas, Apure, Falcón, Sucre y Monagas. En estos estados les han sido delegadas competencias constitucionales y cumplen funciones locales de control social, seguridad ciudadana, control territorial, represión y violencia no oficial, gestión de bienes del Estado y hasta de administración de justicia. Hablamos de el ELN, los disidentes de las FARC, megabandas como el Tren de Aragua, el Coqui, el Wilexis y los denominados colectivos como Tres Raíces, Alexis Vive y La Piedrita.
El documento presenta una pormenorizada descripción de la relación existente entre los NSAGs y el Estado, la cual es coordinada por los líderes de importantes fracciones de poder dentro del régimen y materializada en espacios o territorios descritos como “feudos o enclaves criminales”.
En estos lugares el régimen ya no ejerce el monopolio de las armas y se ha desarrollado una nueva forma de gobernanza con el apoyo de una parte de la dirigencia política oficialista, algunos funcionarios de los cuerpos de seguridad (militar y civil) y los NSAGs. Esto les permite explotar las economías criminales, procurarse autofinanciamiento y ejercer control social y político en las comunidades locales. Es decir, los NSAGs se encuentran autorizados (formal e informalmente) para operar una red de negocios legales e ilegales como la gestión de programas sociales tipo CLAP, la oferta de servicios en las comunidades, el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro, el contrabando de gasolina, alimentos y medicinas, la minería ilegal, el secuestro, el abigeato, la trata de blanca y migrantes.
En el citado estudio se presenta un análisis de los potenciales escenarios durante la transición del poder y el restablecimiento del Estado de Derecho y la gobernanza democrática en Venezuela. Se analizan cuatro tipos de escenarios potenciales: la continuación del status quo, el alcance de un acuerdo de poder compartido, la realización de elecciones libres y justas y un cambio abrupto del régimen por el que Maduro sea depuesto. Para cada una de las premisas consideradas se evaluó la relevancia y el papel que pudieran jugar los distintos grupos NSAGs.
La última sección del documento ofrece una visión prospectiva y recomendaciones precisas para el desarrollo de políticas de mitigación de amenazas. Entre estas destacan el necesario restablecimiento de las funciones del Estado en materia de seguridad en todo el territorio, fortalecer la institucionalidad, el restablecimiento del monopolio de las armas por parte del Estado, la aplicación de justicia y la necesaria reforma penitenciaria. Se trataría de una fase inicial que implicaría una negociación para dar inicio a la transición democrática a partir de la realización de unas elección libres, justas y verificables, cumpliendo con los estándares internacionales, para construir un escenario de consensos que permita una legitimidad robusta que de viabilidad a las reformas de gran envergadura requeridas para alcanzar la plena vigencia de la Constitución y las leyes.
Consideramos que el documento es una herramienta importante que debe ser incorporada a la discusión y el análisis sobre las acciones que tiene que ser implementadas para tratar de revertir (con el menor costo social posible) el entramado de redes de apoyo al régimen surgidas como fruto del pacto entre instituciones del Estado y las redes criminales.
A quienes preguntan ¿se puede negociar con un Estado delincuente? Les decimos: Las dudas son razonables. Sin embargo, acabo de leer un artículo de Angela Espinosa en el diario El País sobre Fawzia Koofi, líder afgana. Sostiene que el diálogo y la negociación son la vía para acabar con cuatro décadas de guerra y miseria en Afganistán. Los talibanes intentaron asesinar a esta abogada y dirigente política en 2010 y ni siquiera un nuevo atentado en agosto de 2019 impidió que se incorporara una semana después a las conversaciones con los verdugos de su pueblo. Es uno de los muchos ejemplos de los que hemos venido hablando como Colombia, El Salvador, Chile y Sudáfrica. Países con miles de muertos en cruentas guerras que al final solo terminaron cuando las partes involucradas se sentaron a negociar.
En Venezuela es evidente que no hay una fuerza que tenga la capacidad de aplastar a la otra, lo cual sería indeseable e ineficaz. Cualquier cambio abrupto supone una pregunta: ¿Qué hacer el día después frente a la compleja situación que tendremos por delante? No hay salidas mágicas ni liderazgos mesiánicos que puedan dar la respuesta. Sin embargo, un buen punto de partida sería una negociación con el apoyo de la comunidad internacional para la realización de elecciones, con todas las garantías democráticas, para que sea el pueblo el que decida quiénes y cómo van a liderar el proceso de reconstrucción del país hacia la democracia. Es evidente que en el campo de la alternativa democrática la principal característica es la diversidad. No hay factores hegemónicos, por lo que para enfrentar las complejidades de la emergencia institucional y humanitaria que sufre Venezuela, se va a requerir un esfuerzo incluyente, de coalición y de amplitud, ajeno a la competencia sectaria y evitando la polarización. Como ya lo hemos dicho: La única rebelión posible es la rebelión de los votos.
@TablanteOficial
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