(11 de octubre del 2020. El Venezolano).- El presidente estadounidense ha impuesto la «Ley del Embudo», ancho para los ricos y poderosos, y estrecho para los pobres y desprotegidos, ha dejado al país desprotegido frente a la pandemia de coronavirus y amenaza con un fuerte retroceso democrático.
La vida de Donald Trump se ha caracterizado por una búsqueda persistente de la fortuna, el poder y su beneficio personal, sin importarle un bledo las consecuencias nefastas de sus acciones. Es el perfecto ejemplo de la «ley del embudo»: ancho para los ricos y poderosos y estrecho para los pobres y desprotegidos, lo cual es una severa violación de la equidad. Este ensayo aporta abundante evidencia de las inequidades de Trump y sus partidarios republicanos y de cómo estas han agravado las desigualdades socioeconómicas de los estadounidenses, fragmentados por ingreso, poder, ideología, raza, género, edades, ciudadanía y estados. Se divide en siete secciones: 1) la política económica del embudo, focalizada en la reforma tributaria de 2017; 2) la tardía, caótica y aciaga política del presidente sobre la pandemia; 3) su concentración inconstitucional de tener poder total frente a los estados; 4) el paquete de rescate económico y la lucha de los demócratas por hacerlo más equitativo; 5) los beneficios que Trump, sus aliados y las corporaciones han extraído del covid-19; 6) el triaje que da preferencia a los blancos ricos mientras que sacrifica a los pobres, ancianos, hispanos y afroamericanos; y 7) la reacción de los estadounidenses a las políticas trumpistas sobre covid-19 y sus potenciales efectos en la reelección.
1) La política económica del embudo. Fiel a su propósito de vida, a través de todo su gobierno, las políticas de Trump han favorecido a los ricos. El mejor ejemplo es la reforma tributaria de 2017, que benefició al 1% más opulento, los que ganan anualmente cinco millones de dólares o más, el cual concentró 83% de todo el recorte impositivo. La excusa fue que esa enorme rebaja se invertiría en la economía y eso financiaría el déficit subsecuente, algo que no ocurrió, porque los favorecidos se tragaron las ganancias o aumentaron los dividendos a sus accionistas. Por una parte, la reforma duplicó la deducción individual a todos los contribuyentes, pero también impuso duros límites a otras deducciones, tales como el impuesto inmobiliario, los tributos estatales y municipales, y los pagos hipotecarios, así que para la mayoría de la clase media estas limitaciones causaron una pérdida superior a la duplicación de la deducción individual. En 2025, 53% de todos los contribuyentes pagarán más impuestos que en 2017.
Como si esto fuese poco, en mayo de 2020 Trump y los republicanos maquinaban una segunda reforma tributaria que recortaría más impuestos a los ricos, incluyendo: una reducción o eliminación del impuesto a las ganancias; el descuento al impuesto de todas las inversiones presentes y futuras hechas por las corporaciones; la suspensión del impuesto a la nómina que pagan los empleadores (para financiar parte de las pensiones, el desempleo y la salud de los trabajadores); una expansión de la deducción por los gastos corporativos en comidas y entretenimiento y la imposición de límites a la responsabilidad legal por daños y perjuicios de las empresas. También se hace permanente la reforma de 2017 que por ley debe expirar en 2025. Por el contrario, como analizaremos después, los republicanos se han opuesto al auxilio federal tanto a decenas de millones de desempleados como a los estados que tienen la carga de enfrentar la pandemia.
Añádase que la ejecución tributaria ha mermado drásticamente. Para comenzar, Trump afirma que está exceptuado del cumplimiento de la ley tributaria; así, se ha negado a revelar sus declaraciones del impuesto a la renta, como era tradicional entre sus predecesores; varios tribunales federales han sentenciado que debe hacerlo y este pleito debe decidirse en la Corte Suprema. En 2018, el departamento de recaudación tributaria anunció que no inspeccionaría a los multimillonarios debido a una reducción de su presupuesto en 3.000 millones de dólares por parte del gobierno federal, y la consiguiente pérdida de decenas de miles de empleados, por lo que esa agencia cuenta con menos auditores que hace 67 años. Las grandes empresas y los que ganan más de 10 millones de dólares al año eran antes auditados anualmente, ahora tienen dos veces más probabilidades de escapar al escrutinio: el 0,5% de los más ricos representa 20% del ingreso que es ocultado a los recaudadores, equivalente a 50.000 millones de dólares anuales. Por el contrario, los recaudadores aumentaron las auditorías a la clase media, usando ordenadores y detonadores que detectan posibles incumplimientos. Un tercio de todas las auditorías se concentra en el «crédito tributario» a los pobres, los cuales deben probar que son elegibles. La inequidad trumpista es doble: mientras que él y los ricos han recibido una fortuna y raramente son objeto de auditorías, los grupos de ingreso medio y bajo pagan más impuestos y son inspeccionados más que antes.
La fortuna concedida a los ricos aumentó el déficit fiscal, que pasó el billón de dólares de dólares en 2018 y se amplió aún más en 2020 con los paquetes de rescate económico, como se verá después. Para compensarlo, Trump comprimió la parte estrecha del embudo proponiendo un recorte de dos billones de dólares a programas para los pobres y la clase media: cupones de alimentos a los necesitados (aduciendo que son un incentivo para no trabajar), almuerzos gratuitos a niños en las escuelas, préstamos a estudiantes universitarios, asistencia social sanitaria a los pobres, pensiones de seguridad social a grupos medios y el programa de incapacidad. También estableció un máximo a las pensiones de seguridad social: cuando ese máximo se excede, hay que pagar impuestos de entre 50% y 85% de los beneficios, lo cual perjudica al grupo de ingreso medio con varios hijos.
2) El embudo bajo el covid-19. A petición del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), en septiembre de 2019, economistas de la Casa Blanca publicaron un estudio que pronosticaba que la pandemia podría ser capaz de matar a 500.000 estadounidenses y destruir la economía; advirtieron que no debería compararse con la influenza común. Con su mezcla habitual de arrogancia e ignorancia, Trump no solo desdeñó ese estudio, sino que aseguró que el covid-19 era similar a la gripe, la cual incluso causaba más muertes; además, pospuso dos meses las medidas contra la pandemia, predijo que se evaporaría de forma milagrosa cuando llegara el verano y culpó a las fake news (medios de comunicación críticos) y a los demócratas de exagerar el peligro para perjudicarlo. Los primeros en establecer restricciones obligatorias fueron los gobernadores de estados severamente afectados por el virus, como Nueva York, una estrategia que ha logrado reducir los nuevos casos. Para justificar sus errores, Trump declaró que no era responsable de la política contra la pandemia y que esta era competencia de los estados.
Desde enero, Trump había sido informado del peligro del virus por varios consejeros de salud, los cuales propusieron acciones rápidas, pero él estaba ensimismado en el impeachment y el acuerdo comercial con China que lo ayudaría en su reelección (la subida de aranceles al país asiático y la guerra comercial fueron su obra y el tratado ahora está en un limbo). Por otra parte, los consejeros económicos pronosticaron un daño severo a la economía, otra fortaleza para su reelección.
La administración trumpista estaba fragmentada respecto a la política a seguir, y esto era agravado por la caótica conducta de Trump, quien sigue sus instintos en lugar del consejo científico. Como es su costumbre, el presidente intentó distraer a la opinión pública de su fracaso acusando a China de fabricar el virus en un laboratorio (algo rechazado por la comunidad científica) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de demorar el aviso y la acción contra el covid-19, aunque eso es precisamente lo que hizo él. A inicios de marzo, Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, advirtió que los cierres devastarían la economía; fueron el colapso de la bolsa de valores, la caída de su fortuna y el peligro de perder la reelección los que hicieron reaccionar al presidente y aconsejar (no obligar) al distanciamiento social hasta el 15 de abril.
El dilema entre el dinero y la muerte fue planteado crudamente por el principal asesor económico, Larry Kudlow: «la cura no puede ser peor que la enfermedad», un lema que de inmediato adoptó Trump. Un profesor de leyes de extrema derecha justificó de manera cruel que el virus solo mataría «a los débiles y los viejos, lo cual no afectaría a la economía». Un congresista republicano ratificó: «en la disyuntiva entre la pérdida de nuestro medio de vida y la pérdida de vidas, siempre tenemos que escoger la última». Pero las 100.000 muertes proyectadas, que podrían elevarse a dos millones, y la advertencia de expertos respecto a que levantar las restricciones tempranamente agudizaría la crisis y el descalabro económico, a par de que haría más difícil controlar el virus, forzaron a Trump a posponer las medidas hasta fines de abril. Sin embargo, el agravamiento de la crisis económica lo llevó, el 10 de abril, a plantearse la reapertura, alegando que solo habría 60.000 muertes en vez de 100.000 (ocultó que la disminución se debía a las restricciones impuestas por los estados); de hecho, los decesos ya superaron la barrera de los 100.000. Las secretarías de Salud y Seguridad Interna advirtieron que terminar las restricciones después de 30 días podría provocar una segunda ola de contagios y muertes peor que en la primera ola, así como una recesión más fuerte.
3) El presidente declara tener poder total. Trump asumió los poderes que otorga la Ley de Defensa de la Producción cuando hay una emergencia nacional, pero ha fracasado en: a) diseñar un plan efectivo para enfrentar la crisis e iniciar la apertura minimizando las muertes; b) crear un comando unificado federal para coordinar todas las medidas; c) usar desde el principio la reserva federal de medicinas y equipo para combatir la pandemia, porque «esa reserva es nuestra» y el problema debe ser resuelto por los estados, lo cual provocó competencia entre ellos y una escalada de precios. Además, a) mintió al asegurar que los exámenes de diagnóstico estaban disponibles para todos los que lo solicitaran; b) demoró la compra de suministros adicionales y el mandato a las empresas privadas que los fabricasen, hasta que la pandemia alcanzó niveles alarmantes; c) acusó a varios gobernadores (especialmente al de New York) de exagerar las necesidades; y d) finalmente comenzó a enviar los ventiladores y máscaras a cuentagotas.
El 13 de abril, al anunciar su intención de reapertura económica, Trump declaró con soberbia: «el presidente de los EEUU tiene autoridad total […] y los gobernadores lo saben”.Esta afirmación era una obvia contradicción con su declaración anterior afirmando que él no era responsable de frenar el covid-19 sino los propios estados. Al ser interrogado sobre las bases de su afirmación, Trump mencionó «numerosos preceptos legales» sin citar uno. La Constitución dispone que los estados, no el gobierno federal, tienen la autoridad para responder a una crisis de salud y decidir cuándo terminar las restricciones.
El gobernador de New York Andrew Cuomo tildó de ilegal la declaración de Trump porque violaba la X enmienda constitucional y señaló que, por tanto, resistiría una orden presidencial de reabrir el estado. Seguidamente, diez gobernadores (nueve de ellos demócratas) que habían establecido medidas restrictivas acordaron decidir cuándo y cómo ellos (no el presidente) levantarían las restricciones. Irritado frente a la resistencia, Trump la tachó de «motín».
Ante esta fuerte oposición y careciendo de apoyo legal, Trump dio marcha atrás el 16 de abril, concediendo que los estados decidirían cuándo y cómo hacer la reapertura; solo dio unas guías vagas y no obligatorias sobre los pasos a tomar. Pero los gobernadores han reclamado que es necesario hacer test masivos antes de reabrir sus estados para lo cual requieren la ayuda federal. No solo Trump ha rehusado hacer esto, sino que ha exhortado a sus fanáticos seguidores a que hagan demostraciones demandando la apertura, propiciando así el contagio y ahondado aún más la división en el país. Ya han ocurrido agresiones, perpetradas por los que protestan, de personas que usan máscaras o de policías que piden a los descubiertos que se las pongan. Todos esto a pesar de que las encuestas muestran que entre 70% y 90% del país apoya las restricciones, incluso si estas requieren suspender temporalmente ciertas libertades y causan daño económico.
El 4 de mayo, 27 estados reabrieron sus economías siguiendo la exhortación pública de Trump de «¡liberad los estados!». Varios gobernadores republicanos han obedecido al presidente a pesar de que las circunstancias de sus estados son adversas. En el segundo estado más populoso, Texas, con 30 millones, el teniente gobernador Dan Patrick exhortó a los ancianos a arriesgar su salud en favor de la economía: «regresemos al trabajo […] aquellos con 70 o más años nos cuidaremos, pero no sacrifiquemos al país». El gobernador de Georgia Brian Kemp, decidió reabrir, aunque las infecciones y muertes por el virus están en ascenso. El gobernador de Florida está abriendo la parte norte del estado a pesar de que sólo 2% de la población se ha sometido a exámenes de diagnóstico; estadísticas de los examinadores mostraron que las muertes por el virus son más numeras de lo que indican los datos oficiales y el gobernador las prohibió. Además, los visitantes de los estados norteños que residen temporalmente en Florida durante el invierno y mueren del covid-19 son reportados como fallecidos en sus estados de origen.
Una proyección en parte basada en data del Centro de Control de Enfermedades y Prevención indicó que, al final de mayo, de los 30.000 casos diarios actuales, la apertura provocaría un aumento a 200.000 mientras que las muertes ascenderían de un total de 60.000 a 134.000, pero los expertos dicen que estas cifras son muy optimistas porque no cuentan todos los casos y muertes reales, por lo que se multiplicarán diez veces. El miembro más prominente del equipo nacional para luchar contra el covid-19, Anthony Fauci, ha declarado que antes de reabrir, los estados deben mostrar un declive de los casos confirmados durante dos semanas, hacer exámenes masivos de diagnóstico, poseer suficientes ventiladores y unidades hospitalarias de cuidados intensivos, y poder trazar los contactos de los que se te contagian. Pero, de los 27 estados que han reabierto, solo 19 cumplen esos criterios y el resto todavía sufren un ascenso en las infecciones diarias; solo el estado de Nueva York experimenta una disminución de los casos y el gobernador está siendo muy cauteloso en la reapertura.
Para fines de mayo, Estados Unidos se acercaba a los dos millones de casos confirmados, el mayor número del mundo, mientras que el número de muertos ya supera a todos los fallecidos en las guerras de Vietnam, el Golfo Pérsico, Afganistán e Iraq. En medio del agravamiento de la crisis sanitaria, el presidente cambió abruptamente de opinión. Primero declaró la victoria contra la pandemia y dijo que iba a cambiar el equipo técnico de lucha contra el covid-19. Al día siguiente, debido a la reacción negativa a dicho anuncio, adujo que había descubierto lo popular que era su equipo, así que decidió mantenerlo, pero alterando su objetivo: ya no se centraría en la pandemia sino en la reapertura económica. Lo que no cambió fue su designio de priorizar la reelección sobre las muertes masivas. Para no dejar dudas, el referido equipo había desarrollado un plan detallado de las precauciones que era conveniente tomar en el proceso de reapertura y la Casa Blanca lo rechazó alegando que era demasiado restrictivo y podría causar daño a la economía.
4) La lucha por un paquete de rescate equitativo. El Congreso aprobó un paquete de rescate económico por un valor de 2,3 billones de dólares (casi tres veces el monto del paquete de 2009 para enfrentar a la Gran Recesión); inicialmente priorizaba a las grandes corporaciones y fueron los demócratas en ambas cámaras los que consiguieron fondos para los desempleados, las pequeñas empresas, los hospitales, los trabajadores de la salud, la asistencia alimentaria y el ingreso de emergencia que cobrarán millones de estadounidenses. También reclamaron que hubiese una supervisión en la distribución de los fondos a fin de evitar que se usen para aumentar la paga a los ejecutivos o la recompra de acciones como ocurrió con el paquete de 2009. La senadora Demócrata Elizabeth Warren clamó: «No estamos aquí para crear un fondo que ayude a Donald Trump y su familia o al Departamento del Tesoro para darle dinero a sus amigos». El Republicano Líder del Senado Mitch McConnell, acusó a la oposición de entrar en juegos políticos y Trump alentó el rechazo a las propuestas demócratas y tomar una decisión rápida. El pago de 600 dólares por semana a los desempleados, adicional a los beneficios financiados por los estados, fue rechazado por republicanos como el multimillonario senador de Florida Rick Scott, quien alegó que eso sería un desincentivo para regresar al trabajo. Pero la urgencia de aprobar el paquete y una retirada temporal de las negociaciones de los demócratas consiguió concesiones aunque eso no evitó que la mayor ayuda se otorgue a las grandes corporaciones. Los más necesitados no han recibido ayuda ya sea porque no se dirige a ellos o no saben que existe o cómo llenar las solicitudes; en la eventual recuperación económica ellos serán los últimos que se beneficiarán.
