(27 de mayo del 2020. El Venezolano).- Cuando Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela el año pasado, no solo detonó una férrea disputa con el líder socialista Nicolás Maduro, también desencadenó una avalancha de demandas.
La más reciente se presentó el martes, cuando el consejo directivo que designó Guaidó al frente de Citgo, la subsidiaria de la paraestatal petrolera de Venezuela en Estados Unidos, interpuso una demanda ante una corte federal de Houston en contra de un excontratista a fin de recuperar millones de dólares por daños y perjuicios.
La denuncia acusa a José Manuel González y a su empresa Petroleum Logistics Service Corp, con sede en Miami, de otorgar regalos, incluyendo dinero en efectivo, joyas, obras de arte, vuelos privados, e incluso un apartamento en Houston, a altos ejecutivos de Citgo. A cambio, los directivos le pagaron a González 20 millones de dólares entre 2014 y 2018 para proveer de bienes y servicios a precios inflados a la matriz de Citgo, PDVSA.
“Como resultado, Citgo perdió millones de dólares“, asegura la demanda.
La disputa se presenta después de una denuncia similar interpuesta por Citgo hace dos semanas en contra del exlegislador de Miami David Rivera, al que acusa de violar un contrato de consultoría con PDVSA por 50 millones de dólares. La empresa también solicitó ante un tribunal federal una orden para impedir que los tenedores de bonos cobren la garantía con la refinería y para invalidar una deuda de 1.700 millones de dólares.
Ambas demandas ponen de relieve la relación cada vez más estrecha entre Guaidó y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. A medida que los abogados del nuevo consejo directivo de Citgo, bajo citación, examinan los registros internos con el objetivo de comprender las vulnerabilidades legales de la compañía, han encontrado una causa en común con los fiscales que intentan combatir la corrupción en la industria petrolera de Venezuela, actualmente en bancarrota.
A la fecha, 28 individuos han sido acusados como resultado de una pesquisa que llevan a cabo fiscales en Houston, Miami y Washington.
Entre los muchos que se han declarado culpables se encuentra González, quien fue arrestado a su llegada al aeropuerto internacional de Miami en 2018 por cargos de pagar sobornos por 629.000 dólares al exdirector general de Bariven, la subsidiaria de suministros de PDVSA. Al declararse culpable de un cargo de asociación delictuosa para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, González también admitió haber canalizado sobornos a funcionarios de PDVSA y Citgo.
La más reciente demanda, que refleja la evidencia que se presentó en la denuncia penal contra González, no hace mención de los cinco funcionarios de Citgo que supuestamente aceptaron los sobornos. Pero todos ellos pertenecían a un departamento especial responsable del suministro de bienes y servicios a nombre de PDVSA.
José Pereira, el más beneficiado
El Funcionario E, quien de acuerdo al acta de acusación fue un alto ejecutivo desde 2013 hasta noviembre de 2017 y cuyas labores incluían “supervisar todas las operaciones de Citgo”, aparentemente fue el más beneficiado, al recibir de González obras de arte, un vuelo en un avión privado y un apartamento seleccionado por él mismo en el área de Houston después de expresar su descontento con su alojamiento corporativo.
El Funcionario E es José Pereira, el expresidente interino de Citgo, según dos personas con conocimiento de la investigación federal que hablaron bajo condición de anonimato a fin de revelar los procesos abiertos.
Pereira es uno de los llamados “Seis de Citgo” que han permanecido detenidos por el gobierno de Maduro después de viajar juntos a Caracas en noviembre de 2017 para una junta convocada por el predecesor de Pereira, el entonces ministro del Petróleo Nelson Martínez, y que resultó ser una trampa. Desde entonces, han sido acusados en Venezuela de corrupción derivada de un plan que nunca se llevó a cabo para refinanciar alrededor de 4.000 millones de dólares en bonos de Citgo al ofrecer como garantía una participación del 50% de la compañía.
Los seis eran ciudadanos estadounidenses con excepción de Pereira, quien es residente permanente. No hay indicios de que ninguno de los otros detenidos estuviera involucrado en los supuestos actos de corrupción descritos en la demanda o en la acusación contra González. Martínez, quien también fue encarcelado, murió bajo custodia del gobierno en 2018.
Citgo ha sido propiedad de Venezuela desde la década de 1980. Cuenta con tres refinerías: en Luisiana, Texas e Illinois, además de una red de oleoductos que atraviesan 23 estados y que provee de cerca del 5% de toda la gasolina en Estados Unidos.
Guaidó y sus aliados asumieron control del consejo de administración de Citgo poco después de que el gobierno del presidente Donald Trump lo reconoció como el presidente legítimo de Venezuela en enero de 2019 e incrementó las sanciones contra PDVSA y Maduro, prohibiéndoles tener negocios con entidades de Estados Unidos.
La toma de la quinta mayor refinería de Estados Unidos fue proclamada como un enorme impulso al plan de la oposición para derrocar a Maduro. Pero también la convirtió en posible responsable de pagar la creciente deuda de la compañía, y de Venezuela.
Este mes, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una apelación presentada por los abogados de Guaidó para impedir que la refinería sea tomada por una minera de oro canadiense Crystallex International Corp, que intenta cobrar los 1.400 millones de dólares que le fueron otorgados en un arbitraje derivado de la nacionalización de bienes ordenada por Hugo Chávez una década antes.
Con información de AP.
