(15 de marzo del 2024. El Venezolano).- Un estudio ha concluido que muchas de las muertes de los 7.291 personas mayores residentes en geriátricos de la Comunidad de Madrid, durante los dos primeros meses de la pandemia de coronavirus, se podrían haber evitado.
Las conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid apuntan como responsable a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, y a las decisiones, «discriminatorias» que tomó su Gobierno en aquellas fechas.
Como punta del iceberg se apunta al conocido como ‘protocolo de la vergüenza’, que impedía la derivación hospitalaria de los residentes que no tuvieran seguro privado, padecieran deterioro cognitivo o presentaran algún tipo de discapacidad.
En esta región, la mortalidad fue el doble que en el resto de España y que en otros países del entorno. En los dos primeros meses de la crisis sanitaria fallecieron 9.468 residentes, uno de cada cinco, más de 7.000 sin atención sanitaria.
El informe, presentado la mañana de este viernes en el Ateneo de Madrid, recoge, entre otras fuentes, más de 25 testimonios de trabajadores del sector, supervivientes, familiares de fallecidos y responsables políticos, entre los que estaba Alberto Reyero, quien para entonces se desempeñaba como consejero de Políticas Sociales.
Reyero dimitió en octubre de 2020, precisamente por su desacuerdo con la gestión de la pandemia en las residencias.
Los impulsores de la comisión llevaron a cabo esta iniciativa ante la falta de interés de las autoridades públicas, tanto políticas como judiciales, en investigar e informar lo que ocurrió entonces.
Las conclusiones son demoledoras. Se destaca que los recursos sociales y sanitarios ya eran del todo insuficientes cuando estalló la pandemia, y que la respuesta del Gobierno madrileño fue insuficiente y equivocada.
No se activó la vigilancia epidemiológica, no se medicalizaron las residencias, no se derivó a pacientes a hospitales ni públicos ni privados –estos últimos con camas libres–, no se aumentaron los medios humanos, no se facilitó información a los familiares, ni se utilizaron medios alternativos para ofrecer atención sanitaria a estos pacientes.
Entre esos medios existentes se destaca el hospital provisional de campaña en IFEMA, que estuvo operativo entre el 22 de marzo y el 23 de abril. De sus 5.000 camas anunciadas, solo se llegaron a ocupar 1.300 y allí apenas se derivaron 23 pacientes leves de residencias.
La comisión también denuncia la vulneración del derecho a la verdad y critica a la Fiscalía por no tener «interés en investigar lo ocurrido», archivando la mayoría de las denuncias sin realizar la más mínima actuación.
Es esos dos meses de la pandemia, las residencias se cerraron a familiares y a cualquier otra persona del exterior. Por eso, todo los mayores que enfermaron y no fueron derivados a médicos, murieron solos, agonizando, sin atención sanitaria ni contacto humano.
