(03 de marzo del 2024. El Venezolano).- Un acontecimiento que ha sacudido las bases del sector aeronáutico y legal en Florida ocurrió en el aeropuerto de Miami-Opa Locka. Abogados pertenecientes a Gray Robinson, P.A., una firma con gran renombre en el estado, se han visto implicados en un grave desacato al juez Antonio Arzola, del Tribunal de Circuito 11 de Florida en Miami-Dade. En el año 2018, este grupo de abogados desoyó una orden judicial expresa que prohibía la subasta de aeronaves, llevando a cabo la venta de estos bienes sin seguir los protocolos legales establecidos.
La controversia reside en que las aeronaves subastadas se encontraban bajo custodia, pero no eran propiedad de Signature Aviation. Tanto el director ejecutivo de la empresa, Tony Lefebvre, como la jefa de su departamento legal, estaban al tanto de la prohibición legal de vender aeronaves ubicadas en aeródromos públicos sin el consentimiento de sus dueños o sin una declaración de abandono por parte de Lester Sola, director ejecutivo del Departamento de Aviación de Miami-Dade. A pesar de ello, los ejecutivos de Signature Aviation, desestimando las consecuencias legales, decidieron proceder con la subasta para saldar deudas pendientes, amparados por el asesoramiento de abogados de Gray Robinson, P.A.
Engaño a la justicia y posible sanción
La trama se complica cuando se revela que, en el marco de un litigio que impedía la venta de otras aeronaves, Signature Aviation ocultó al juez la subasta de dos aviones. Esta información fue expuesta en una carta dirigida al Colegio de Abogados de Florida por un empresario afectado, quien expresó su indignación y su compromiso de hacer pública la situación, denunciando el engaño a la justicia y la deslealtad hacia el tribunal y el juez Arzola.
Actualmente, se desconoce si el juez Arzola ha citado a los abogados para esclarecer su conducta y si Gray Robinson, P.A. o los fondos de capital propietarios de Signature Aviation, han tomado medidas disciplinarias internas. Este incidente no solo pone en riesgo los derechos e intereses de los clientes y terceros involucrados, sino que también podría resultar en sanciones que incluyen multas o incluso tiempo de cárcel para los abogados responsables, reseñó Reporte de la Economía.
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