(30 de diciembre del 2022. El Venezolano).- Un tribunal del Perú ratificó este jueves la orden de un juez de que el destituido presidente Pedro Castillo permanezca en prisión preventiva 18 meses mientras la Fiscalía lo investiga por presunta rebelión y conspiración luego de haber intentado disolver el Congreso.
Castillo había apelado y pedido anular la decisión del juez Juan Checkley, que el pasado 15 de diciembre ordenó, en primera instancia judicial, que tenga 18 meses de prisión preventiva, medida que se impone cuando se considera que hay riesgo de que una persona investigada por la Fiscalía, si permanece libre, fugue o logre sabotear la indagación.
En segunda instancia judicial, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, ratificó la orden de prisión preventiva de 18 meses, este jueves, al declarar infundada la apelación del exgobernante. En la víspera, la sala hizo una audiencia en que la Fiscalía, la defensa de Castillo y él mismo expusieron sus argumentos.
AP reseñó que en la audiencia del miércoles 28, el exgobernante negó haber cometido rebelión porque no se alzó en armas y culpó a Boluarte de las muertes ocurridas en las protestas devenidas tras la destitución. También adujo que el Congreso conspiró para sacarlo del Ejecutivo.
“Pido que se reflexione y se vea cómo esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar a nuestro país”, achacó Castillo en audiencia virtual desde un reclusorio especial para expresidentes en Lima, donde también está preso Alberto Fujimori cumpliendo condena.
“Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política”, añadió como argumento para pedir su libertad “por ser un justo derecho”.
El destituido gobernante es investigado por presunta rebelión y conspiración luego de que intentó disolver el Congreso el pasado 7 de diciembre, poco antes de una votación prevista para removerlo del cargo. Fue detenido en una avenida de Lima cuando se movilizaba con su comitiva. Según la Fiscalía, se dirigía a la embajada de México en busca de asilo político.
