(09 de enero del 2023. El Venezolano).- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este lunes que se han dictado órdenes de captura contra las personas que usurpan las funciones de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, en una supuesta junta ‘ad hoc’ que pretende administrar los recursos del Estado en el exterior.
Las órdenes de captura han sido emitidas contra Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, exdiputadas de oposición que dejaron de formar parte del Legislativo en el año 2020, pero que se ‘juramentaron’ de manera virtual en una «sesión» sin validez jurídica para autoproclamarse como administradoras de los bienes de Venezuela en el exterior.
Además de las órdenes de aprehensión, la Fiscalía pidió la emisión de una alerta roja de Interpol contra las imputadas, ya que una de ellas vive en EE.UU. y las otras dos en España. «Vamos a ver qué hacen los gobiernos de esos países con nuestras solicitudes», apuntó el fiscal.
La conformación de esa comisión ‘ad hoc’ se realizó por parte de la oposición radical, tras declarar el «fin» del supuesto interinato de Juan Guaidó. Los delitos que se les imputan a las tres exdiputadas son usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Por otra parte, la Fiscalía solicitó medidas de incautación y aseguramiento de los bienes, bloqueos e inmovilización de cuentas, y prohibición de enajenar y gravar, mientras continúan las investigaciones. Las órdenes de captura también alcanzan al falso Secretario de asamblea ilegítima, José Figueredo Márquez, y a Luis Alberto Bustos, quien ha sido nombrado ilegalmente como subsecretario de esa entidad.
Para Saab, este grupo forma parte de una «megabanda de delincuencia organizada«, que se ha apropiado de los recursos del país en el exterior haciendo uso del llamado «gobierno interino».
De hecho, el funcionario citó cifras que aseguran que el Departamento de Estado de EE.UU. habría facilitado a la oposición venezolana unos 2.700 millones de dólares, provenientes de la confiscación de activos y la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra Caracas, reportó RT.
«No se trata de dinero donado, se trata de dinero de todos los venezolanos que ha sido robado por este grupo de delincuentes (…) ¿Dónde están esos recursos? ¿Cómo se han usado?«, se preguntó Saab.
Según el titular del Ministerio Público, las casi mil sanciones unilaterales de EE.UU. contra Venezuela le han ocasionado al país suramericano un daño patrimonial de 44.000 millones de dólares anuales, desde 2015.
Más de una veintena de causas
El titular del Ministerio Público destacó que en la actualidad hay 27 causas abiertas en contra de la dirigencia opositora, no solo por la presunta apropiación ilegal de los recursos de Venezuela en el exterior –como Citgo, Pequiven y Monómeros–, sino por acciones destinadas a subvertir el orden constitucional.
En detalle, precisó que varios de los políticos del ‘interinato’ están bajo investigación judicial por haber suscrito «acuerdos con otros agentes internacionales, en clara desventaja para los intereses del Estado venezolano, creando además fideicomisos para manejar los activos pertenecientes a las referidas empresas».
Otra de las estrategias que habrían utilizado los imputados para lesionar el patrimonio del país, bajo la figura de un gobierno paralelo, fue mediante la designación de supuestos «embajadores» y de una falsa junta directiva del Banco Central, que se usó para la «realización de actos fraudulentos en representación de la nación venezolana», indicó el fiscal.
Según la fiscalía, los imputados también habrían adquirido bienes «a nombre de terceras personas» para legitimar los capitales adquiridos de manera irregular, por lo que el propósito del Ministerio Público es «identificar esos activos y rescatarlos».
«Con respecto a los actos ficticios de gobierno –aseveró Saab–, hay 65 personas con orden de aprehensión, 12 personas con solicitud de extradición, tres personas detenidas que ya fueron acusadas, además de que se han realizado 59 allanamientos y 55 incautaciones».
