(16 de noviembre del 2022. El Venezolano).- El daño más severo causado por “la revolución bolivariana” a la vida política de nuestra sociedad ha sido la conversión de una actividad noble y esencial de la vida social en una tarea clientelar y mercenaria.
Por Cesar Pérez Vivas
En efecto, la bonanza petrolera, la vocación hegemónica y arbitraria de la cúpula roja los llevó a una política clientelar que ha derivado ahora, en tiempos de vacas flacas, en una actividad mercenaria.
La destrucción de la economía y la ruina del salario ha permitido someter la voluntad de segmentos de nuestra sociedad haciéndoles dependientes de las sobras del festín en que convirtieron las finanzas públicas y las empresas del Estado.
En efecto, mientras una parte representativa de la cúpula política y militar del chavo madurismo saqueó el tesoro público, enriqueciéndose de forma grosera, haciendo además ostentación impúdica de lo robado; otra parte se ha dedicado a instaurar un sistema clientelar, aprovechándose de la pobreza creada para continuar el saqueo y para producir una dependencia enfermiza, que viola de forma flagrante la dignidad de la persona humana.
El discurso vacío de la pobreza ha sido la excusa para que la camarilla roja monte uno de los esquemas clientelares más corrompidos, me refiero al CLAP, vale decir la entrega de bolsas de comida a los sectores pobres que se ven forzados a doblegarse a la voluntad política del madurismo.
Con esta herramienta han instaurado un esquema de organización y activismo político cuasi militar, donde la persona que no se someta a las directrices políticas del PSUV es de inmediato excluida del beneficio, por cierto cada día más escaso.
Ese esquema clientelar es reforzado con bonos de miseria, que en bolívares devaluados se le ofrecen a la población.
Estamos frente a una política tarifada. Donde las personas no asumen una postura, ni adelantan un activismo sociopolítico movido por valores y conceptos filosóficos, sino que su adhesión y su acción están motivados por la búsqueda de un lucro.
En los últimos tiempos el aparato del Estado en sus diversas ramas y niveles, ante la grave situación de pobreza del funcionariado y con el visto bueno de la cúpula, ha terminado convirtiéndose en una especie de “mafia” que cobra por todos los servicios o funciones de su competencia. Prácticamente no hay dependencia pública donde no se cobre para atender las gestiones de los ciudadanos. Hay áreas donde los cobros son escandalosos. Un ejemplo son los tribunales, donde un oficio para notificar el cumplimiento de una pena, una sentencia de diversa naturaleza o cualquier otra gestión, se vienen cobrando escandalosas sumas en dólares.
Este modelo clientelar y corrompido ha contaminado a toda la sociedad que debe adecuarse al sistema para sobrevivir.
Son ya muy pocos los sectores de nuestra sociedad donde el pago indebido no se ha convertido en una institución permanente.
Nuestra gente tiene internalizada la idea de que se va a la función no pública para “resolverse”. No se trata de la natural aspiración a un trabajo o cargo público y a recibir la justa remuneración. Me refiero al afán de muchas personas por obtener de forma inmoral ingresos financieros y materiales de forma indebida.
La situación ha penetrado tan profundamente a la sociedad que no solo es un mal presente en los espacios cubiertos por el PSUV, sino que también ha entrado en sectores dirigentes de la oposición política.
La política tarifada también se hizo presente, igualmente, en esos sectores, con características y efectos lamentables.
Por una parte el régimen encontró actores políticos a quienes de forma abierta compró y los colocó a su servicio. Agentes que se prestaron para dividir y confundir desde la legítima Asamblea Nacional de 2015, como desde los partidos políticos.
Otros que no han llegado a ofrecer sus servicios de forma directa al régimen, no obstante, han impulsado prácticas nocivas para la ética y la moral pública.
Se ha llegado a confundir la solidaridad y la necesidad de ayudar a dirigentes y activistas políticos con el establecimiento de prácticas clientelares y extorsivas hasta el punto de que se aplican los métodos del CLAP a esos cuadros.
Si no se alinean acríticamente a las instrucciones de quienes deciden el auxilio se les retira el mismo. Ya entonces se deja de estar en una organización o de librar una lucha en función de las convicciones ciudadanas. Se hace alguna tarea, si es que se hace, para retribuir el pago recibido.
Atrás quedaron los tiempos en los cuales las personas asumían una militancia y una lucha por convicción. Atrás quedaron los tiempos en los cuales ofrecían su tiempo y sus recursos a la lucha por mística. Estamos llegando a un momento en el cual priva el interés monetario sobre el interés de la sociedad. Ese flagelo hace más difícil la tarea de rescatar la democracia.
Si bien es cierto que la corrupción es un flagelo que nos viene desde tiempos inmemoriales, tampoco es menos cierto que durante la revolución bolivariana el mismo se ha enseñoreado en toda la sociedad.
La impunidad y él relativismo moral han contribuido a expandir el mal de forma aguda.
Ese cáncer necesita ser combatido con una cruzada nacional por la moral pública. Es necesario elevar el tono moral de nuestra sociedad.
Hay allí todo un desafío para el liderazgo en todas sus formas y niveles. El fortalecimiento de los valores éticos debe venir desde el seno de la familia, para que diversas instituciones de la sociedad lo complemente. Ahí debe jugar un rol fundamental la escuela, los medios de comunicación, las Iglesias y las ONG.
Pero el requerimiento más urgente es el de un sistema de justicia que castigue esos delitos. Si no hay castigo el mal seguirá haciendo estragos en el seno de nuestra nación.
La política tarifada, la corrupción en la sociedad debe ser castigada a través de una justicia eficiente. Ya lo dijo en su tiempo el Libertador: “La clemencia con el delincuente es un ataque a la virtud”, y además también expresó: “La justicia es la reina de las virtudes republicanas….”
Los que tomaron el poder en nombre del pensamiento y el espíritu de Bolívar, lanzaron al cesto de la basura su pensamiento y sus enseñanzas, y antes que construir una República han montado una corporación para el delito.
Es hora de volver a nuestra esencia de República y a los valores éticos para reconstruir a Venezuela. En esa tarea estamos consumiendo nuestra vida ciudadana.
