(12 de febrero del 2023. El Venezolano).- Más de 400 asociaciones independientes y miembros de la sociedad civil manifestaron, en un comunicado difundidopor la organización Espacio Público, su “alarma y rechazo” al proyecto de ley para fiscalizar la actuación y financiación de las ONG en Venezuela, cuya creación fue aprobada recientemente por el Parlamento.
“Hacemos llegar a la comunidad nacional e internacional nuestra alarma y rechazo al Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines en un contexto de ataques y hostigamiento contra la sociedad democrática del país”, dijo el conglomerado en un comunicado.
Para el grupo, con la aprobación definitiva de este instrumento “se despojaría a la sociedad venezolana de sus capacidades y libertades para asistirse, organizarse, expresarse, defender sus derechos, participar en asuntos públicos y acudir a la solidaridad, protección y cooperación internacional”.
Los firmantes, ONG venezolanas e internacionales, criticaron que el contenido de este proyecto legal no tuvo “ninguna discusión” y “es conocido solo de manera informal”.
El Carabobeño reseñó que el proyecto, prosigue el escrito, “suprime el derecho humano a la libertad de asociación y cierra el espacio cívico” y admitiría las “represalias contra toda forma asociativa autónoma de la sociedad venezolana”.
Además, el grupo aseguró que entre las disposiciones de este proyecto legal se plantean sanciones “excesivas”, también la “desproporción en materia de requisitos” para el registro de ONG y un “régimen diferenciado discriminatorio” entre las organizaciones sociales y las no gubernamentales.
El proyecto inicial de ley que fiscaliza las ONG, compartido por algunos legisladores, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear y que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.
El pasado 28 de enero, en su declaración final tras una visita oficial a Venezuela, el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh), Volker Türk, pidió al Gobierno que establezca un “amplio proceso consultivo” sobre este proyecto.
