(04 de octubre del 2020. El Venezolano).- Si un hecho ha conmovido a la opinión pública internacional en relación a la crisis venezolana en los tiempos recientes, ha sido la presentación del Informe de la Misión Independiente de determinación de los hechos encargado por la ONU. Son más de 400 páginas que relatan lo que algunos veníamos diciendo desde hace años: En Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, que han causado mucho dolor y tragedia al pueblo venezolano.
Pero más allá del contenido del Informe y de sus resultados y conclusiones, creo que es importante señalar algunas de las reacciones de muchos venezolanos que se han sensibilizado con lo conocido y que han emitido sus opiniones, en su gran mayoría acertadas y válidas. Estas son las que nos abrirán el camino hacia lo que se debe hacer a partir de ahora.
Veamos entonces la parte positiva y negativa, que también la ha habido, como en todo en la vida.
Lo positivo:
1.- El Informe revela al mundo y a los que no lo sabían, una realidad criminal bastante grave, que tiene su centro en nuestro país, y cuyos protagonistas son aquellos que integran la organización criminal que viene dirigiendo los destinos de la patria de Bolívar.
2.-La investigación de estos crímenes de lesa humanidad coloca la resolución de nuestro conflicto en una escala en donde la justicia tendrá que jugar un importante papel. Ya será muy difícil para algunos escapar de la acción de tribunales internacionales, especialmente porque nos encontramos ante crímenes imprescriptibles, que tarde o temprano tendrán que ser investigados y sus culpables sancionados.
3.- La cantidad de profesionales del derecho y de otras disciplinas que han opinado positivamente sobre el tema y que se han interesado ahora por profundizar en lo ocurrido, constituyen un paso cualitativo y cuantitativo, pues hasta hoy el análisis de estos hechos estaba reducido a unos pocos que desde hace tiempo se preocupaban por este asunto. Para poder llevar adelante los procesos judiciales en el futuro, será necesario contar con muchos profesionales que conozcan los hechos, dominen el Derecho Penal Internacional y que se conviertan en auténticos valores de la justicia, que permitan sentar a los culpables ante el banquillo para exigir que respondan por sus crímenes.
4.- También lo revelado nos llena de esperanza, porque es evidente que los políticos, que tienen el compromiso de definir la estrategia que conduzca a la libertad de nuestro pueblo, no podrán eludir poner en practica las tácticas que conduzcan al castigo de los crímenes cometidos.
5.- La Comunidad Internacional le ofreció a Juan Guaidó la oportunidad de solicitar ante delegados de la Asamblea General de la ONU la aplicación de la Responsabilidad de Proteger (R2P). También esperamos que se presente con el Informe en La Haya, apoyado por los estados parte que lo respaldan, para denunciar a Nicolás Maduro y sus cómplices, como se lo ha solicitado CICIVEN.
Lo negativo:
Que la Misión Independiente de la determinación de los Hechos se haya circunscrito a los años 2014-2020. Existen muchas víctimas de crímenes de lesa humanidad entre el lapso 2002-2014 y cuando se inicie la investigación, esta se tendrá que ampliar temporalmente a esos hechos, pues esos crímenes no prescriben.
Fueron también ataques sistemáticos y planificados por razones políticas, contra una parte de la población venezolana, obedeciendo a una política de estado que Hugo Chávez puso en marcha, con pleno conocimiento de los hechos y de sus consecuencias. Con una cadena de mando también identificada y con autores intelectuales y materiales que los llevaron a cabo.
Sólo citaré algunas de ellas, pero hay muchas más:
-Las víctimas de los asesinados el año 2002 y sus familiares, tanto en la Masacre de El Silencio, como en el ataque de Joao Goveia en la Plaza Altamira, del 06 de diciembre del mismo año. Estos delitos los denunciamos como crímenes de lesa humanidad ante la Audiencia Nacional española, por haber muerto en ellos un español, José Antonio Gamallo, y un francés, Jaime Giraud, y considerar que estábamos ante el inicio de un crimen continuado, siendo el Magistrado Fernando Andreu Merelles quien ordenó su remisión a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya.
El tiempo, desgraciadamente, nos ha dado la razón, eran crímenes de lesa humanidad, que se continuaron produciendo durante casi 20 años, gozando de un manto de impunidad que el Fiscal argentino Luis Moreno Ocampo logró brindar a los culpables, garantizando su permanencia en el poder, hasta llegar a los crímenes que describe el Informe de la ONU.
-El primer desplazamiento forzoso de venezolanos se produjo en el campo petrolero de Los Semerucos, del que fueron víctimas cientos de trabajadores de PDVSA y sus familias, entre ellos niños, mayores y mujeres, muchos de ellos perseguidos por el régimen. Hoy son 5 millones de venezolanos que han sido desplazados del país, muchos de ellos de manera forzosa.
– José Vilas, asesinado de un tiro por la espalda en Los Castores; Maritza Ron de Torregrosa, muerta por pistoleros de los Círculos Bolivarianos en la Plaza Altamira, el 16 de agosto de 2004 por protestar el resultado del Referéndum Revocatorio; o la familia del abogado Antonio López Castillo, hijo de Haydé López Acosta, masacrado por los cuerpos de seguridad del estado. La Fiscal que conoció de esta investigación fue Haiffa El Aissami, hermana del narcoterrorista Tarek, actual embajadora de Nicolás Maduro en La Haya, donde ha logrado poner a la Fiscal gambiana Fatou Bensouda al servicio de sus intereses.
– Los miembros de PDVSA y Gente del Petróleo, perseguidos, desterrados algunos y encarcelados otros, entre los que se encuentran Juan Fernández, Horacio Medina, Edgar Quijano, Gonzalo Feijoó, y muchos más.
– Los cientos de periodistas y reporteros que fueron agredidos, perseguidos, detenidos y hasta torturados, cuando para salir a cubrir las noticias tenían que llevar cascos y chalecos anti balas. O los dueños de medios de comunicación que tuvieron que salir huyendo, despojados algunos de sus grupos editoriales, por ejercer su derecho de informar a la sociedad y rechazar las presiones gubernamentales.
– Los militares que pagaron con exilio y la cárcel el haberse pronunciado en contra del Régimen en la Plaza Altamira, como el Coronel Julio Rodríguez, el Teniente José Antonio Colina, o el Almirante Carlos Molina Tamayo, y muchos más.
– Los que custodiaron a Hugo Chávez en su retención en La Orchila, como los Capitanes Carlos Blondel, Leonardo Carrero Araujo, que tuvieron que huir con sus familias al exilio; y Otto Gerbauer, quien fue condenado a 12 años de prisión.
– Los familiares de los infantes de marina asesinados en Cararabo, a orillas del río Meta, por la guerrilla de la FARC, cuando ya contaba con la aquiescencia y complicidad de Chávez. A esos soldados los destriparon y les hicieron “la corbata”, sacando su lengua por el cuello.
– El Presidente de la CTV, Carlos Ortega, quien pagó años de cárcel, condenado a 16 años de prisión, de los que se libró al escapar al exilio con los Coroneles Darío y Jesús Farías y el Capitán Rafael Ángel Farías.
-La juez María Lourdes Affiuni, quien sufrió un auténtico calvario de injusticias y crímenes que no pueden quedar impunes, en un proceso con el que Chávez que envió un mensaje de terror a todo el poder judicial. La ex fiscal Luisa Ortega Díaz, quien había oportunamente declarado que Affiuni había actuado “de manera ilegal y en desconocimiento de la ley”, el año 2015 presentó un documento supuestamente firmado por Affiuni ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, para negar que la juez hubiera sido violada y torturada.
– Franklin Brito, a quien dejaron morir de hambre, ante la absoluta inacción de jueces y fiscales, quienes hicieron caso omiso a sus reclamos de justicia. También de este caso conoció la ex fiscal Luisa Ortega Díaz, quien consideró a Brito “inhabilitado desde el punto de vista médico”, y tras su fallecimiento por inanición solicitó una investigación contra sus familiares por supuesta inducción al suicidio.
– Las víctimas de invasiones y expropiaciones, que conllevaron casos de asesinatos y violaciones, como las ocurridas en Yaracuy, Barinas y Apure, entre ellos muchos ciudadanos con doble nacionalidad hispano/venezolana, que jamás recibieron indemnización alguna.
– Diego Arria, nuestro Embajador ante el Consejo de Seguridad de la ONU, a quien expropiaron su finca y otras propiedades, y persiguieron con especial inquina.
– Colegas abogados de brillante trayectoria, como el Dr. Allan Brewer Carías, acusado de “conspiración para cambiar violentamente la Constitución”, por lo que que fue perseguido y desterrado.
Así como estas víctimas, podríamos citar cientos de casos de ciudadanos venezolanos que fueron objeto de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, torturas, desplazamientos forzosos, tratos crueles e inhumanos, persecución, que también reclaman que se haga justicia, y a quienes no podemos excluir, por razones de temporalidad, de las investigaciones que se lleven a cabo.
Estos fueron los primeros venezolanos que dieron su vida, su libertad y sus bienes por oponerse al régimen chavista, es que no tienen derecho a la justicia?
Es que acaso esta parte de la historia no existió? o es que ya nuestra frágil memoria ha preferido olvidarla.
