(25 de agosto del 2023. El Venezolano).- Bajo responsabilidad y competencia directas del presidente o presidenta de la República, el Poder Público Nacional de la RBV, según art 236- CRBV, el control del poder de manera efectiva, solo es posible en un Estado democrático. El autoritarismo venezolano, fundamentado en un supuesto “apoyo popular”, tal y como fueron los de las décadas finales del siglo XX venezolano, productos de un clásico golpe de Estado militar. Ciertamente, uno ni otro modelo autoritario por muy democrático, podría considerarse como un Estado de derecho. Pues, carecerían de los componentes esenciales de la democracia, que son muchísimo más que la sola elección de los gobernantes.
Y, es justo, el modelo autoritario que lamentablemente, se viene arraigando en Venezuela desde cuando la ANC, electa en 1999, sin que existiese previsión alguna en la entonces Constitución vigente de 1961, se propiciara un golpe de Estado contra la misma.
Desde 2017 año de exaltamiento por la conflictividad social venezolana debido a los desaciertos sociopolíticos de un régimen atrapado en su maraña socialista retardatoria, cuando respondió a las protestas de la sociedad civil mediante acciones represivas de orden público desproporcionadas sobremanera, con saldos considerables de víctimas y lesionados, a lo que ya estaba añadido la injerencia del Poder Ejecutivo en los otros poderes públicos, como por ejemplo, la actuación del Poder Judicial durante 2016-2017 y el agravamiento de la crisis relacionado estrechamente, con decisiones que adopta el TSJ y representaron injerencias en la AN, afectando el principio de la separación de poderes. Asimismo, la actitud de ambos poderes, Ejecutivo y Judicial, contra el Legislativo, de mayoría opositora, estuvo acompañada por la falta de autonomía del CNE, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Razones todas por las que la Cidh viene exhortando al Estado venezolano a adoptar medidas inmediatas a fin de que restituya el orden constitucional, garantice la separación de poderes y el ejercicio adecuado de la AN. De igual manera, reversión de las medidas de la ANC que afectan a la separación de poderes y la democracia representativa.
Este organismo internacional deplora aparte de la crítica situación democrática y de los derechos políticos, la persecución al disenso en Venezuela y la crisis socioeconómica en la que se halla sumido el país, que implica inflación, escasez de alimentos, desabastecimiento de medicinas, insumos y materiales médicos, así como la precariedad de los servicios básicos, todo lo cual dificulta a los venezolanos de satisfacer sus necesidades de alimentación, vivienda, salud y educación. La Cidh ha reiterado su disposición de visita al país y colaborar con las recomendaciones del informe para el fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos humanos en Venezuela.
Y, es así cómo, soez e irreverentemente, la sibilina cancillería venezolana, muy apartada de los cánones diplomáticos ha rechazado, de nuevo, las objeciones de tan seria y honorable institución.
