(21 de octubre del 2022. El Venezolano).- Fue un acuerdo que juntó a oligarcas de algunos de los principales adversarios de Estados Unidos.
“La clave es el dinero en efectivo”, escribió el intermediario petrolero en un mensaje de texto, ofreciendo un gran descuento en los envíos de crudo venezolano a un socio que decía ser testaferro del propietario de la mayor empresa de aluminio de Rusia. “Tan pronto como tengan listo el efectivo, podemos trabajar”.
Los mensajes estaban incluidos en una acusación de 49 páginas desvelada este miércoles en una corte federal de Nueva York, en la que se acusa a siete personas de supuesta conspiración parar comprar tecnología militar estadounidense sensible, contrabandear con petróleo y lavar decenas de millones de dólares en nombre de empresarios rusos ricos.
La franca conversación entre los acusados parece una guía sobre cómo esquivar las sanciones de Washington, que incluye empresas ficticias en Hong Kong, grandes entregas de efectivo, petroleros fantasma y el uso de criptomonedas para esconder transacciones ilícitas en el país.
El caso arroja luz además sobre cómo las personas que manejan información privilegiada en Rusia y en su aliada Venezuela, ambas excluidas del sistema financiero occidental, hacen causa común para proteger sus enormes fortunas, reportó Infobae.
En el centro de la supuesta conspiración están dos rusos: Yury Orekhov, quien trabajaba para una empresa de aluminio que cotiza en bolsa y sancionada por Estados Unidos, y Artem Uss, el hijo de un rico gobernador aliado del Kremlin.
Complejo refinero de PDVSA de Amuay en Punto Fijo, Venezuela
Los dos son socios de una empresa de venta de equipos industriales y materias primas con sede en Hamburgo, Alemania. Según la fiscalía, la compañía era un medio para eludir las sanciones estadounidenses impuestas contra las élites rusas luego de la invasión de la península de Crimea en 2014. Los dos fueron arrestados en Alemania e Italia, respectivamente, por los cargos presentados en Estados Unidos, que incluyen conspiración para violar sanciones, lavado de dinero y fraude bancario.
En el otro extremo del acuerdo estaba Juan Fernando Serrano, el director general de una startup de comercio de materias primas llamada Treseus, con oficinas en Dubái, Italia y en su España natal. Se desconoce su paradero.
En sus comunicaciones electrónicas del año pasado, todas las partes presumieron de tener conexiones con personas poderosas.
“Esta es una nuestra empresa matriz”, escribió Orehkov a Serrano, añadiendo el enlace de la web de la firma de aluminio y otro de la página de Wikipedia de su propietario. “También está sancionada. Es por eso que actuamos desde esta compañía”.
Para no quedarse atrás, Serrano respondió que su socio también estaba afectado por las sanciones.
“Es una de las personas influyentes en Venezuela. Súper cercano al vicepresidente”, indicó agregando un enlace que mostraba los resultados de búsqueda de un abogado y empresario venezolano reclamado por Estados Unidos por cargos de presunto lavado de dinero y sobornos.
Ninguno de los supuestos socios estaba acusado en este proceso ni fue identificado por su nombre en el documento judicial. Además, no estaba claro el tipo de relación, si es que existía alguna, entre Serrano y el asesor venezolano que citó.
Pero la descripción del multimillonario ruso concuerda con la de Oleg Deripaska, quien el mes pasado fue acusado en otro caso de sanciones en Nueva York. Algunos de los ingresos que supuestamente desvió a Estados Unidos fueron para una atleta olímpica uzbeka que dio a luz allí.
El venezolano es el magnate de los medios de comunicación Raúl Gorrín, según una persona próxima a las fuerzas de seguridad estadounidenses que habló bajo condición de anonimato debido a que la investigación continúa abierta. Gorrín sigue en Venezuela y está en la lista de personas más buscadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) por urdir, presuntamente, un plan para desviar 1.200 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana, PDVSA.
Un abogado estadounidense de Deripaska no respondió de inmediato a una petición de comentarios. Por su parte, Gorrín no quiso realizar declaraciones, pero ha rechazado otros cargos penales en su contra por considerar que tienen motivaciones políticas.
Raúl Gorrín, señalado como testaferro de Nicolás Maduro y Cilia Flores
Aunque las sanciones de Washington al petróleo venezolano se aplican únicamente a estadounidenses, muchos extranjeros y personas con negocios en el país se alejan de las transacciones con la nación de la OPEP por temor a ser castigados.
Esa es la razón por la que el petróleo venezolano se vende con un gran descuento — de casi el 40% sobre el precio de mercado — según la acusación. Pero estos términos requieren algunas maniobras poco ortodoxas.
Por ejemplo, en lugar de transferir los fondos al momento a través de bancos occidentales, los pagos siguen una ruta más tortuosa.
En una de las transacciones realizadas este año citadas en la acusación — la compra de un petrolero lleno de crudo venezolano por 33 millones de dólares — los supuestos conspiradores hablaron de canalizar los pagos desde una empresa pantalla en Dubái, llamada Melissa Trade, a cuentas ficticias en Hong Kong, Australia e Inglaterra. Para ocultar la operación, se habrían falsificado supuestamente los documentos que describían la carga como “guisantes verdes enteros” y “arroz con cáscara”.
Pero como suele ocurrir en las transacciones clandestinas, el dinero en efectivo parece ser la principal opción.
“Su gente puede ir directamente a PDVSA con uno de mis empleados y pagarles directamente a ellos. Hay 550.000 barriles (…) para cargar el lunes”, escribió Serrano a Orekhov en un mensaje en noviembre de 2021.
El logo de PDVSA en Caracas
También se discutió el ingreso de millones en efectivo en un banco en Moscú, Evrofinance Mosnarbank, que es propiedad de PDVSA. Fue un importante conducto para el comercio con Rusia hasta que fue sancionado por Washington en 2019. Los dos acusados contemplaron también una posible transacción espejo por la que el efectivo depositado en un banco en Panamá sería abonado más tarde ese día en una sucursal de la entidad financiera en la capital venezolana, Caracas.
Pero el método de pago preferido de Orekhov parecía ser Tether, una criptomoneda que pretende estar vinculada a divisas más estables como el dólar estadounidense.
“Es más rápido que una transferencia telegrática”, dijo Orekhov de cara a la posible compra de 500.000 barriles de petróleo valorados en 17 millones. “Por esto todo el mundo lo hace ahora. Es cómodo y rápido”.
Pero no solo las transacciones financieras suponen un desafío. La entrega del crudo también conlleva riesgos porque la mayoría de las mercantes y aseguradores no quieren hacer negocios con Venezuela ni con otras entidades sancionadas. En los últimos años, el gobierno estadounidense ha incautado varios petroleros que se suponía que llevaban petroleó desde Irán a la nación sudamericana.
Para enmascarar el origen del petróleo, Orekhov y Serrano hablaron de ordenar al petrolero vietnamita que usaban que apagase el sistema de seguimiento obligatorio para evitar ser detectado mientras cargaba en “Disneyland”, una referencia en clave a Venezuela.
Pese a que el barco no se identifica por su nombre en la acusación, documentos de envío internos de PDVSA vistos por The Associated Press muestran que se trataba del Melogy, un buque cisterna con dos décadas de antigüedad operado por una empresa de Hanói, Thank Long Gas Co.
Los datos de seguimiento del petrolero recopilados por Marine Traffic muestran que el Melogy se “apagó” el 31 de diciembre de 2021 mientras pasaba, vacío y a la deriva, frente venezolana, cerca de Trinidad y Tobago. Casi cuatro meses después, el 18 de abril, reanudó las transmisiones ya completamente cargado y rumbo a Asia.
El 9 de junio, el buque transfirió su carga en el mar a un buque de almacenamiento, el Harmony Star, ante la costa de Malasia, según imágenes satelitales. Ese mismo barco fue identificado como parte de una red más amplia contrabando de petróleo para ayudar a Irán, según una investigación de United Against Nuclear Iran, un grupo con sede en Nueva York que sigue de cerca los envíos de crudo de países sancionados.
