(16 de agosto del 2020. El Venezolano).- El bufete Ilocad, dirigido por el ex juez Baltasar Garzón, ha acusado a las autoridades de Cabo Verde de atentar contra el derecho de defensa del empresario colombiano Álex Saab, detenido en el país bajo la acusación de ser testaferro de Nicolás Maduro, al deportar en dos ocasiones a uno de sus abogados.
En un comunicado, el bufete afirma haber sido objeto de dos deportaciones irregulares en las últimas 72 horas, los días 13 y 14 de agosto, cuando un integrante de la defensa trató sin éxito de ingresar al país desde el aeropuerto internacional Nelson Mandela, en la capital del país, Praia.
El despacho legal afirma que un mismo responsable de vigilancia adujo en el aeropuerto motivos burocráticos que califica de arbitrarios y sorpresivos para justificar la negativa a que el abogado pasara los controles de seguridad.
A juicio de Garzón, se trata de un atropello «intolerable» de las autoridades caboverdianas «dirigido a perjudicar gravemente el ejercicio de la defensa del señor Saab» que evidencia la «persecución política de la que está siendo objeto a través de un proceso de extradición injusto e instrumental por parte de USA en su confrontación con el gobierno venezolano».
El bufete dirigido por Garzón defiende a Saab en el caso de extradición que se cursa en Cabo Verde a petición de EEUU, que acusa al detenido de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El equipo legal del empresario ha demandado a su vez a Estados Unidos y Cabo Verde ante organismos judiciales internacionales y de ese país insular de África occidental, con el argumento de que se ha violado la inmunidad jurisdiccional de Saab en su condición de «enviado especial de Venezuela».
Saab fue arrestado el 12 de junio en este país africano en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.
La Procuraduría General de la República (PGR) de Cabo Verde recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EEUU, y tiene un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.
Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se encontraba «en tránsito» en Cabo Verde para volver al país.
Tras mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
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