(14 de septiembre del 2022. El Venezolano).- En mi peregrinaje por Venezuela, abriéndole camino a la esperanza y a la ciudadanización, visité la semana anterior una porción significativa de los asentamientos humanos ubicados al sur del lago de Maracaibo. Desde Agua Viva, en el estado Trujillo, hasta La Fría, en mi natal estado Táchira, pude apreciar nuevamente las formidables planicies que desde el pie de monte andino se extienden hasta las mismas orillas de lo que fue el principal reservorio de agua dulce de nuestro país y del continente.
Por Cesar Pérez Vivas
Tenía más de tres años sin recorrer la carretera Panamericana, obra fundamental en la tarea de la integración nacional. Ya en años anteriores me resultaba difícil transitar esta vía por el crecimiento de los pueblos y caseríos forjados a lo largo del camino, muchos de los cuales son ya hoy pujantes ciudades, y por el conjunto de obstáculos levantados en su recorrido.
Pero en esta oportunidad mi irritación, mi indignación llegó a límites muy duros. Y es que ya no hay carretera panamericana. Mucho menos una avenida intercomunal. Hoy tenemos, lo que los productores de la zona llamarían “un camellón”. Es decir una vía sin capa de rodamiento, con huecos y hundimientos de alta densidad.
En el pasado quedó la gran carretera que la dictadura de a Pérez Jiménez ordenó construir en los mediados del siglo XX. Era yo un adolescente cuando de forma expedita podíamos viajar hasta Caracas, inclusive, por una carretera en perfecto estado, bien señalizada e iluminada en los cruces de ciudad.
Con motivo del proceso de descentralización, iniciado en 1989, se transfirió a los estados la competencia de conservación de las carreteras y autopistas troncales del país. Los diversos gobiernos regionales eran evaluados de conformidad con el mantenimiento que le daban a esas importantes vías de comunicación. Hasta que en el año 2009, con ocasión de la elección de gobernadores de estado de signo político distinto al del gobierno central, se decidió, violando la Constitución, confiscar a los estados la competencia de administración y mantenimiento de las carreteras. La competencia fue asumida por el poder nacional.
El resultado está a la vista en todo los rincones del país. El gobierno nacional ni cumple con la obligación asumida, ni les permite a los gobiernos regionales intervenir para ejecutar obras de mantenimiento y restauración de la vialidad. Por el contrario les impide, con el uso de la fuerza militar y policial, ejecutar trabajos en dichas troncales.
Lo afirmo con conocimiento de causa. Siendo yo gobernador del Táchira, en el año 2011, ordené la construcción de una alcantarilla y la restauración de la calzada en la carretera de Los Llanos (T-5). Cuando la empresa responsable inició los trabajos, fue impedida de continuar por una comisión de funcionarios de la Guardia Nacional. El jefe de la comisión militar comunicó, entonces, que esa no era una competencia de los estados, sino del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Tamaño desafuero afectó por años al sur del Táchira.
Una década después de esa arbitraria e inconstitucional decisión la vialidad de todo el país es un caos. Carreteras como la que va a la Gran Sabana han desaparecido. El centralismo militarista y la quiebra de las finanzas públicas han retrocedido al país más de medio siglo. La carretera que cruza al sur del lago igualmente ya no es tal.
Pero la tragedia más impactante del Sur del Lago es, sin lugar a dudas, la ambiental. Esa región del país vive una catástrofe ecológica que agrava la calidad de vida de sus habitantes.
Todos los asentamientos humanos establecidos en las proximidades del lago de Maracaibo, regados por una de las cuencas hidrográficas más importantes de nuestro país, carecen de agua potable regular. Cuando logran acceder al vital líquido lo reciben contaminado, oscuro y en poca cantidad.
La causa de la tragedia ambiental está en la deforestación masiva de la cordillera andina, en la destrucción de sus cuencas hidrográficas. Este dañó ambiental está generando una severa disminución de los caudales de agua de sus múltiples ríos, así como un proceso erosivo en buena parte de sus montañas.
A la deforestación se suma la incorporación, a los reducidos cursos de sus ríos y quebradas, de las aguas servidas de las ciudades, pueblos, caseríos y aldeas de la cordillera. Las aguas contaminadas y el arrastre de los sedimentos de los suelos destapados, traen como consecuencia una falta severa de agua para el consumo humano. Se recurre al expediente de las aguas subterráneas, también afectadas por la contaminación, lo cual eleva los costos de extracción y tratamiento.
La deforestación por otra parte está afectando severamente la actividad agropecuaria de la región. La desnudez del suelo favorece la erosión y el desplazamiento, con ocasión de las lluvias, de grandes cantidades de sedimentos que inutilizan grandes espacios, en la cordillera y en el la planicie, para la actividad productiva.
Esos sedimentos además llenan los cauces de los ríos hasta el punto de producir graves inundaciones, con las consiguientes pérdidas de cultivos y animales, y la inutilidad de grandes extensiones de territorio para la actividad productiva. La sedimentación de los cauces también destruyen las carreteras, sus puentes y plataformas colapsan como consecuencia del desbordamiento de los ríos. El daño ecológico es entonces monumental.
El problema se ha agravado en las últimas dos décadas por la absoluta indiferencia de la camarilla roja en el gobierno. Desde el mismo momento de la instalación del gobierno del socialismo del siglo XXI, se canceló un programa que el país tuvo con el Banco Mundial para la conservación de las cuencas hidrográficas y para el saneamiento del lago de Maracaibo. El absurdo discurso de Hugo Chávez contra los organismos financieros internacionales, y su enfermiza soberbia, lo llevó a la eliminación de esos convenios, sin haber previsto los mecanismos para adelantar los mismos con recursos propios en los años sucesivos.
Simplemente no se ocuparon más nunca de la política ambiental y hoy los pueblos del sur del lago sufren las consecuencias de tamaña irresponsabilidad. Al constatar en mi visita a Arapuey, Caja Seca, Bobures, Nueva Bolivia, Tucani y Santa Elena de Arenales la magnitud de la tragedia, no puedo menos que afirmar mi convicción de la urgencia del cambio político para expulsar del poder a la camarilla destructora, pero también el compromiso de reconstruir institucional, espiritual y materialmente a nuestra amada Venezuela.
