(28 de noviembre del 2024. El Venezolano).- El Gobierno de Venezuela rechazó «en los términos más enérgicos» la inclusión de 21 funcionarios (entre ellos cuatro ministros, miembros del alto mando militar y de la Asamblea Nacional) en una lista de personas sancionadas por el «Gobierno saliente de EE.UU.», según refiere un comunicado publicado por el canciller Yván Gil en Telegram.
En criterio de Caracas, el ataque está dirigido «contra un grupo de patriotas que desde sus funciones se han dedicado a salvaguardar la paz, la estabilidad, la recuperación económica y la unidad nacional ante la violencia fascista diseñada, financiada y promovida desde Washington, contra la voluntad democrática del pueblo venezolano».
Asimismo, en el texto se afirma que las medidas coercitivas anunciadas «son un acto desesperado de un Gobierno decadente y errático, que busca ocultar su rotundo fracaso electoral y la grave crisis social en la que deja al país, con una nueva agresión contra el noble pueblo venezolano».
De manera semejante, se sostiene que «estas medidas no promueven la democracia en Venezuela, sino que buscan dar un último aliento a un grupo fascista disperso y desprestigiado que no tiene arraigo en la población venezolana, para prolongar así su fracasada política de cambio de régimen» y se advierte que, a pesar de «las impunes agresiones constantes», la nación bolivariana no será doblegada y avanzará «hacia la consolidación de la paz y la estabilidad política».
«Si no fuera tan serio, diría que es risible»
De su lado, el presidente Nicolás Maduro reiteró el repudio de su Administración a la decisión del Gobierno saliente de EE.UU., al tiempo que anunció que condecoraría a las personas que fueron objeto de medidas coercitivas, a las que caracterizó como «profesionales, escritores, literatos», así como «líderes policiales y militares» y «dirigentes políticos» con excelente desempeño.
«He dado la orden para la creación en los próximos días de la alta condecoración de la República que llevará el nombre de ‘Victoria de Ayacucho’ […] y le voy a colocar la condecoración que estoy creando […] a cada uno de estos hombres, de estos seres que han sido hoy agredidos», prometió.
A esto sumó: «Si no fuera tan serio el tema de las agresiones a través de las llamadas sanciones, yo diría que es risible, que es ridículo. Me atrevería a decir que son unos ridículos y que nos reímos de sus sanciones, pero no lo voy a hacer».
Puniciones sin fundamento
La lista de sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense incluye a los ministros Freddy Ñáñez (Comunicación e Información), Ricardo Menéndez (Planificación), Julio García Zerpa (Asuntos Penitenciarios) y del Despacho de la Presidencia (Aníbal Coronado Millán), además de contemplar el bloqueo de «todos los bienes e intereses en bienes» que pudieran tener en territorio estadounidense.
Como justificación para las puniciones, se alegó que los 21 funcionarios apoyaron y ejecutaron «órdenes de Maduro de reprimir a la sociedad civil» y de desconocer «la voluntad de la abrumadora mayoría de los votantes venezolanos que eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente».
De acuerdo con la Fiscalía venezolana, en los días 29, 30 y 31 de julio, 28 personas fueron asesinadas por grupos violentos financiados y organizados por el sector de la oposición al que pertenece González Urrutia, quien, de su lado, nunca presentó pruebas del triunfo que se adjudica ante ninguna instancia competente. Por contra, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la victoria de Maduro con el 51,2 % de los sufragios tras haber realizado un peritaje técnico.