(13 de agosto del 2021. El Venezolano).- La Cancillería del gobierno de Nicolás Maduro afirmó este lunes que carece de fundamento la actualización del informe sobre Venezuela, presentada este lunes por Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Resulta lamentable que reproduzca las fallas metodológicas presentes en documentos previos de la Oficina e incorpore afirmaciones sin fundamento alguno, que no han sido debidamente contrastadas con las autoridades del Estado”, señala un comunicado difundido por Félix Plasencia, ministro de Relaciones Exteriores.
“Venezuela rechaza las falsas aseveraciones del informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio o la defensa de los derechos humanos, por cuanto se inscriben en el guion político de quienes instrumentalizan esta materia para agredir a Venezuela”, agregó.
La alta comisionada afirmó que su oficina en Caracas documentó detenciones y arrestos ilegales o arbitrarios de al menos 45 personas que participaron en protestas para exigir, principalmente, el acceso a servicios básicos adecuados, derechos laborales, vivienda, combustible, servicios de salud adecuados y alimentos.
“Venezuela ratifica que continuará cooperando con la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con base en el respeto a la verdad y a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo como un mecanismo que permita elevar la verdad de Venezuela ante esta instancia”, manifestó.
El chavismo, sin embargo, sí apoyó la solicitud de que se levanten las sanciones sectoriales aplicadas a Venezuela. Bachelet aseguró que la situación humanitaria y económica se vio agravada tanto por la pandemia como por las restricciones, limitando aún más el acceso a los servicios básicos.
“Reafirma los efectos devastadores de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por Estados Unidos contra el país a partir del año 2014, incluyendo la disminución de 99% del ingreso nacional, así como la existencia de elementos para considerar que las medidas implican la comisión de crímenes de lesa humanidad”, aseguró la Cancillería.
