(4 de octubre de 2019. El Venezolano).- El Banco estatal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Banfanb) de Venezuela informó que logró emitir sus propias tarjetas de crédito ante el “bloqueo” de Mastercard, que el mes pasado suspendió su licencia a la entidad financiera.
“A un mes del bloqueo hacia nuestras tarjetas de crédito por parte de la empresa estadounidense Mastercard, seguimos adelante trabajando y comprometidos con nuestros clientes y nuestro país”, publicó el banco en sus redes sociales, donde también difundió la imagen de la tarjeta
La entidad bancaria acotó que restauró “al 100 % la conexión interbancaria” de sus tarjetas sin el BIN (código) de Mastercard.
“La defensa de nuestros medios de pago es un acto de soberanía y no descansaremos para ejercerla y defenderla”, aseguró el presidente del Banfanb, Darío Baute.
El Gobierno “imperialista” de Estados Unidos, aseguró Baute, “quedó desenmascarado al presionar a Mastercard con sanciones malinterpretadas” del Departamento del Tesoro estadounidense, en los que Banfanb “no aparecía de manera taxativa”.
“Esto dejó claro que son unos criminales que ajustan las leyes a placer”, dijo.
En septiembre, el Banfanb y el Banco Agrícola de Venezuela (BAV) recibieron una carta de la vicepresidenta de Franquicias e Integridad Legal de Mastercard, Vivian Baker, en donde se les comunicó que la suspensión de sus tarjetas obedecía a las medidas tomadas por el Departamento del Tesoro por el embargo a las propiedades estatales venezolanas en Estados Unidos.
La comunicación original estaba dirigida al Consorcio Credicard, una entidad que presta en Venezuela el servicio de medios de pago a varios bancos públicos y privados, entre los cuales están las dos instituciones afectadas.
Mastercard precisó que había suspendido y “no así terminado” las licencias de operación con el Banfanb y el BAV, por lo que dejaba abierta la posibilidad de revertir la medida en el caso de ocurrir “un cambio en las circunstancias”.
El sistema bancario venezolano está conformado por 30 instituciones, de las que 23 tienen capital privado y el resto pertenecen al Estado.
